La reestructuración afecta a aseguradoras
Viernes 14 de
Febrero 2020
La creciente incertidumbre respecto a la reestructuración de la deuda soberana y si el Gobierno pagará a los tenedores de bonos está provocando un deterioro significativo en la adecuación de capital y en la liquidez de las aseguradoras, aseguró un informe de Moody´ s.
En promedio, sostiene, los títulos soberanos argentinos comprenden el 37% de las inversiones de las aseguradoras. En este escenario, “la reciente y pronunciada baja en el valor de mercado de dichos activos generó una caída en el nivel de capital de las compañías y en el valor de sus activos líquidos, lo cual es negativo para su perfil crediticio”.
Además, “una parte importante del resto de la inversiones de las aseguradoras se encuentra directa o indirectamente expuesta al riesgo soberano, principalmente fondos comunes de inversión (27% del portafolio de inversiones a septiembre 2019), bonos corporativos (14%) y depósitos a plazo fijo en bancos locales (11%)”.
Para la agencia, la presión sobre la deuda soberana argentina comenzó a mediados de 2018 y empeoró luego del resultado de las primarias de agosto, “cuando la creciente incertidumbre redujo el apetito de los inversores por activos locales” y eso “generó una caída importante en el valor de mercado de los títulos públicos”.
La preocupación respecto “a la habilidad del Gobierno para pagar a los tenedores de bonos” se confirmó luego del anuncio de una suspensión de pagos de deuda de corto plazo por US$ 8.000 millones el 28 de agosto.
Mas recientemente se hizo otro anuncio respecto a la postergación del pago de amortización de capital hasta septiembre por deuda con vencimiento el 12 de febrero equivalente a $ 95.000 millones. Además, el Gobierno anunció hacia fines de 2019 que buscaría reestructurar parte de su deuda de mediano y largo plazos, proceso aún pendiente.
Según la agencia, “una parte significativa de dichos títulos fueron valuados a costo amortizado en los estados financieros de las aseguradoras a septiembre de 2019. El regulador permitió esta práctica con el objetivo de reducir la presión sobre los balances reportados, facilitando el cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital y liquidez”.
El resultado de esta práctica contable, afirmó, fue “una sobreestimación de las métricas de solvencia y liquidez de las compañías, dado que las valuaciones de las inversiones reportadas no representan una estimación precisa de los activos líquidos y capital”.
Así, “de las 25 compañías seleccionadas, 22 hicieron uso de la opción provista por el regulador y valuaron sus inversiones de renta fija a costo amortizado. Basados en los estados contables reportados, solamente una compañía presentó déficit de capital mínimo, y ninguna de ellas incumplió con los requerimientos de liquidez”. “Al ajustar el valor de las inversiones a su valor de mercado, 9 del total de 25 compañías hubieran presentado déficit con respecto a los requerimientos mínimos de capital y 4 de ellas hubieran incumplido los requerimientos mínimos de liquidez”, concluyó.
Además, “una parte importante del resto de la inversiones de las aseguradoras se encuentra directa o indirectamente expuesta al riesgo soberano, principalmente fondos comunes de inversión (27% del portafolio de inversiones a septiembre 2019), bonos corporativos (14%) y depósitos a plazo fijo en bancos locales (11%)”.
Para la agencia, la presión sobre la deuda soberana argentina comenzó a mediados de 2018 y empeoró luego del resultado de las primarias de agosto, “cuando la creciente incertidumbre redujo el apetito de los inversores por activos locales” y eso “generó una caída importante en el valor de mercado de los títulos públicos”.
La preocupación respecto “a la habilidad del Gobierno para pagar a los tenedores de bonos” se confirmó luego del anuncio de una suspensión de pagos de deuda de corto plazo por US$ 8.000 millones el 28 de agosto.
Mas recientemente se hizo otro anuncio respecto a la postergación del pago de amortización de capital hasta septiembre por deuda con vencimiento el 12 de febrero equivalente a $ 95.000 millones. Además, el Gobierno anunció hacia fines de 2019 que buscaría reestructurar parte de su deuda de mediano y largo plazos, proceso aún pendiente.
Según la agencia, “una parte significativa de dichos títulos fueron valuados a costo amortizado en los estados financieros de las aseguradoras a septiembre de 2019. El regulador permitió esta práctica con el objetivo de reducir la presión sobre los balances reportados, facilitando el cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital y liquidez”.
El resultado de esta práctica contable, afirmó, fue “una sobreestimación de las métricas de solvencia y liquidez de las compañías, dado que las valuaciones de las inversiones reportadas no representan una estimación precisa de los activos líquidos y capital”.
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Con información de
El Economista
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