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La Corte Suprema de Estados Unidos limitó la capacidad de los jueces federales para pausar órdenes ejecutivas de Trump: da vía libre a fin a la ciudadanía por nacimiento
Sábado 28 de
Junio 2025
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria este viernes al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".
El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. Pero la medida, por el momento, da vía libre para que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras continúan los desafíos legales sobre la constitucionalidad de la medida en otras regiones.
"Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
Añadió, en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal, que "cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades".
Las tres juezas liberales, por su parte, discreparon el fallo que tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Mientras los jueces frenan a Trump con órdenes a nivel nacional, aumenta la presión sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos mientras que Trump le pide a ese órgano judicial que intervenga en su intento de frenar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".
El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. Pero la medida, por el momento, da vía libre para que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras continúan los desafíos legales sobre la constitucionalidad de la medida en otras regiones.
"Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
Añadió, en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal, que "cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades".
Las tres juezas liberales, por su parte, discreparon el fallo que tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Mientras los jueces frenan a Trump con órdenes a nivel nacional, aumenta la presión sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos mientras que Trump le pide a ese órgano judicial que intervenga en su intento de frenar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
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