Nota22.com
Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Qué dice el polémico proyecto "K" que limita investigaciones periodísticas por corrupción
Martes 18 de
Febrero 2020
Lo presentaron senadoras del bloque más leal a Cristina Fernández en la Cámara Alta. Se conoció el texto, que establece una serie de parámetros en los que se deben anular las prisiones preventivas dictadas.
Luego de que se conociera que cinco senadoras kirchneristas impulsaban un proyecto que podría favorecer a los acusados en causas por corrupción y fijar límites a investigaciones periodísticas, El Cronista tuvo acceso al texto original que presentaron las legisladoras María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara.
El tema tomó peso después de que Clarín publicara el intento de un sector del kirchnerismo por anular las prisiones preventivas si los medios publicaron previamente información que pudiera "afectar la percepción pública" sobre los funcionarios investigados.
El proyecto, presentado formalmente el mes pasado, detalla entre sus puntos centrales del artículo 2.
1- Será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la existencia de algunos de los siguientes supuestos:
a) en la citada decisión o resolución no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos respecto del artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
b) publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.
c) incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso.
d) abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva.
e) deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido.
f) deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones y/o direccionamiento en los sorteos de jueces.
g) intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la “2019 - Año de la Exportación” independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
h) intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
i) inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política.
El tema tomó peso después de que Clarín publicara el intento de un sector del kirchnerismo por anular las prisiones preventivas si los medios publicaron previamente información que pudiera "afectar la percepción pública" sobre los funcionarios investigados.
El proyecto, presentado formalmente el mes pasado, detalla entre sus puntos centrales del artículo 2.
1- Será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la existencia de algunos de los siguientes supuestos:
a) en la citada decisión o resolución no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos respecto del artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
b) publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.
c) incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso.
d) abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva.
e) deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido.
f) deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones y/o direccionamiento en los sorteos de jueces.
g) intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la “2019 - Año de la Exportación” independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
h) intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
i) inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política.
Con información de
CRONISTA
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Santa Fe: el salario docente pierde frente a la inflación. Fuerte crítica y profunda preocupación del presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario por la reforma procesal penal que impulsa el Gobierno de Pullaro. Habla José Nanni. También participa el Dr. Adrián Ruiz, integrante del Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía de Rosario.
LO MÁS VISTO
Tanto lío interno, que divulgan encuestas "favorables" a Pullaro para intentar alambrar un candidato único
La "estudiantina" que rodea al Gobernador edificó, con notable perseverancia, una estrategia bastante vintage: instalar la "inevitabilidad" de una candidatura pese al peso de las divisiones internas, apoyándose en encuestas de diseño. Sondeos que, tal vez algún día tengan la gentileza de ver la luz, asegurarían que parte con un 26% de intención social de acompañar la reelección.
El proyecto penal impulsado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo endurece el sistema: desplaza al juez, debilita la defensa y deja decisiones graves libradas a fórmulas ambiguas.
El cálculo del SAC depende del ingreso más alto cobrado durante el semestre.
En medio del brote de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia, el Gobierno desoye el pedido de la Organización Mundial de la Salud y busca el modo de desvincularse del organismo.
