Ahora, a poco más de un mes para el inicio de clases -comienzan el 26 de febrero-, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió una resolución en la que reclama al gobierno que "garantice el derecho a la educación" de los cerca de 17.000 niños y adolescentes que no consiguieron escuela, a la vez que solicita que se les inicie un sumario administrativo a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema on line sin los recaudos necesarios.
 
El texto señala que la aplicación del método informático se hizo "con impericia y falta de seriedad", por lo que solicita que se instruya  "un sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
 
"Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución- se le otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes" que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado", dijo a Télam el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría del a Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris.
 
Para Lesbegueris, "haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias que se registraron".
 
La resolución se basa en el incumplimiento de lo previsto en las las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales, entre otras normas.
 
Lesbegueris explicó que "hasta el año pasado los problemas para conseguir vacantes eran en el nivel inicial. Con la inscripción on line, lo que se logró fue complicar la gestión de vacantes en lo otros dos niveles".
 
La resolución se basó en un estudio de los más de 400 reclamos que recibió la Defensoría de parte de los padres y que "muestran además de impericia, falta de seriedad y responsablidad en el uso de los datos".
 
"Nosotros advertimos semanas antes, que el sistema que tuvo un costo de más de 15 millones de pesos ponía en riesgo el derecho a la Educación. Se hizo una prueba piloto de la que no se conoció el resultado y no se hicieron campañas informativas en las escuelas antes de lanzarlo", entre otras deficiencias, dijo el defensor.
 
Según informó el gobierno porteño, recibió 69.000 solicitudes de inscripción on line de las cuales dio respuesta a 52.000, por lo que quedarían 17.000 alumnos sin vacantes garantizadas. A pesar del elevado número de alumnos que quedaron sin escuela, recibió solo 4.800 reclamos de padres, de los cuales, se informó oficialmente, el Gobierno dio una respuesta favorable a 4.100 casos. Sucede que, ante la proximidad del inicio de clases, muchas familias optaron por inscribir a sus hijos en escuelas privadas para evitar correr el riesgo de que pierdan un año de escolaridad.