Los docentes recibieron con satisfacción la puesta en marcha del plan Progresar para incluir en el sistema educativo a los jóvenes de 18 años que no estudian ni trabajan. A pesar de que recién se están dando los primeros pasos para su implementación, los dirigentes de los principales sindicatos del sector están convencidos de que la iniciativa será un éxito y destacan la decisión del gobierno nacional de atender “las necesidades educativas de los jóvenes de sectores más vulnerables”.
 
“Creemos que es una buena iniciativa que además de estar destinada a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, apunta a una mayor generación de empleos formales. Tiene que estar acompañado de medidas de creación de empleo para los jóvenes y de una mejora de las condiciones para acceder al empleo”, analizó la secretaria general de Ctera, Stella Maldonado, en diálogo con Página/12.
 
En otros gremios docentes evalúan en similares términos el plan que anunció Cristina Fernández de Kirchner para que los jóvenes marginados del sistema educativo que no trabajan, o tienen empleos informales o cobran menos del salario mínimo puedan completar sus estudios. Los beneficiarios del plan recibirán 600 pesos por mes; el 80 por ciento lo cobrarán mensualmente y el 20 restante luego de presentar los correspondientes certificados de escolaridad y sanidad. En las 24 horas posteriores al lanzamiento del programa, se inscribieron más de 15 mil jóvenes. El universo potencial de beneficiarios supera el millón y medio.
 
El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Mario Almirón, señaló a este diario que es “central atacar la problemática de nuestros jóvenes que no están en el sistema educativo”. El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, también celebró el lanzamiento del plan Progresar: “Es una medida positiva porque tiende a atender a una franja de jóvenes que está necesitando de la participación del Estado para poder insertarse”.
 
Inclusión es la palabra que surge al hablar con los dirigentes de los gremios docentes acerca del plan Progresar. “Creemos que continúa con las políticas de gobierno de inclusión y piensa a la educación como un instrumento de inclusión para una sociedad más justa”, dijo Almirón y añadió: “Así como una vez la Ley 1420 se planteó educar a todos los inmigrantes de los países que vinieron a la Argentina e integrarlos al país, me parece que la gran tarea de las últimas décadas fue y sigue siendo integrar a nuestros compatriotas que están en situaciones de pobreza, de marginalidad o fuera del sistema educativo”. Romero remarcó que “cuando hablamos de inclusión, hablamos de estas medidas, como la escolarización. La inclusión es esto”.
 
La inserción de los jóvenes en el sistema educativo implicará un aumento en la matrícula. Tanto Maldonado, como Romero y Almirón, confían en que el Estado garantizará que los chicos y los docentes se desenvuelvan en un ámbito educativo favorable. “La infraestructura se encuentra preparada para la esta nueva cantidad de jóvenes. El Gobierno ha venido desarrollando en estos años todo un plan de infraestructura educativa, edilicia y de la mano de este plan seguramente se ha pensado que están las condiciones para que haya accesibilidad”, opinó el titular de Sadop.
 
La secretaria general de Ctera consideró que el Progresar llevará aparejada una “mayor inversión y recursos, para los subsidios y para la educación”. También evaluó que llevará a la “ampliación de plantas para los docentes, esto significa mayores cantidades de horas cátedra e incorporación a nuevos docentes”.
 
Por su parte, Almirón subrayó “no estamos de acuerdo con aquellos que dicen que este plan conspira contra la calidad educativa”. En la misma línea Romero no dudó en destacar la importancia de que “el Estado redoble el esfuerzo para incorporar a los jóvenes al sistema educativo. El desafío estatal todos estos años ha sido incorporar e incluir a los sectores más desfavorecidos”.
 
“Todos debemos custodiar que se ejecute bien”, subrayó Almirón y definió la contraprestación como algo fundamental. “El hecho de que los jóvenes tengan que demostrar que están cursando para recibir el beneficio es fundamental”. “Hay que valorar que las políticas del gobierno nacional están encaminadas a que haya una sociedad más justa, no desde el lado de la represión, sino con políticas activas de inclusión. Eso me parece una decisión de enorme trascendencia”, concluyó Almirón.