Vicentin: tras primera conciliación, fiscal pide seguir ruta del dinero
Jueves 16 de
Julio 2020
Santa Fe insistió en intervención para evitar quiebra y en desplazamiento de administradores ante el juez Lorenzini. A la par, Pollicita solicitó investigar patrimonios de implicados y destino de los fondos.
Ayer se celebró la primera audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y el directorio de Vicentin en el juzgado civil y comercial a cargo de Fabián Lorenzini. Allí, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de esa provincia, a cargo de María Victoria Stratta, insistió con el pedido de intervención de la firma agroexportadora para “evitar la quiebra” y remarcó que los actuales administradores -designados por los accionistas- “no están en condiciones” de continuar su tarea porque “son los que han llevado a esta situación” a la firma.
En paralelo, en la causa penal a cargo de Julián Ercolini donde se investigan los préstamos otorgados por el Banco Nación y el posible vaciamiento de la firma a través de un complejo entramado empresario, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas, según pudo saber Ámbito. A partir de la inhibición general de bienes que solicitó respecto al directorio, accionistas y exfuncionarios, requirió iniciar una investigación patrimonial respecto de cada uno de los involucrados.
Por eso, involucró a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) para que detecte, identifique y decomise bienes y fondos supuestamente provenientes de delitos, en colaboración con los investigadores para toda la nómina de inhibidos. Y puntualizó que, además, deberá apuntar a “la localización y recupero de los fondos provenientes del fraude al BNA, tanto de aquellos derivados del presunto otorgamiento irregular de préstamos, como de los provenientes de la extracción ilegítima de los fondos existentes en las cuentas de garantía” tanto de Vicentin como de Algodonera Avellaneda que poseían en la entidad bancaria. En síntesis que busquen el rastro del dinero que se presume fue extraído de las arcas de Vicentin antes de que la firma se declare primero en “stress financiero” y que luego se presente a la justicia a solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores.
La primera audiencia de conciliación convocada por Lorenzini en el juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación tenía por objetivo “convocar a los principales protagonistas de la búsqueda conjunta de una solución restaurativa de la presente litis”. La familia dueña del paquete accionario pretende seguir al frente de la compañía y buscar una solución dentro del marco del concurso que les permita seguir controlándola, a la par de que se buscan alternativas para el pago de los acreedores y la normalización de su actividad comercial. Previo a eso, pretenden que el proceso de concurso lleve a la determinación del pasivo para lograr presentar un plan de negocios que saque a la cerealera de la situación de crisis económica y financiera en la que está inmersa.
Por el lado del Gobierno de Santa Fe, Stratta aclaró: “Nosotros pedimos la intervención de la administración, que no es ir por la propiedad”. En rigor, existe una estrategia consensuada con las autoridades nacionales, que no descartan ningún camino, e insisten en que la marcha atrás con la expropiación de la firma se apoya en una alternativa viable para la continuidad de las actividades de Vicentin. Por eso, evalúa otros planes que circulan en despachos oficiales como un plan de capitalización de la deuda en favor de los acreedores, donde el interés radica en las acreencias de los bancos extranjeros que podrían convertirla en acciones.
Sin embargo, todo el recorrido está atravesado por la causa penal que tramita en Comodoro Py. La hipótesis que se investiga en Retiro es que los empresarios de Vicentin “en connivencia” con funcionarios públicos (del Banco Nación), “solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del Banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiese hacerlo”.
En paralelo, en la causa penal a cargo de Julián Ercolini donde se investigan los préstamos otorgados por el Banco Nación y el posible vaciamiento de la firma a través de un complejo entramado empresario, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas, según pudo saber Ámbito. A partir de la inhibición general de bienes que solicitó respecto al directorio, accionistas y exfuncionarios, requirió iniciar una investigación patrimonial respecto de cada uno de los involucrados.
Por eso, involucró a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) para que detecte, identifique y decomise bienes y fondos supuestamente provenientes de delitos, en colaboración con los investigadores para toda la nómina de inhibidos. Y puntualizó que, además, deberá apuntar a “la localización y recupero de los fondos provenientes del fraude al BNA, tanto de aquellos derivados del presunto otorgamiento irregular de préstamos, como de los provenientes de la extracción ilegítima de los fondos existentes en las cuentas de garantía” tanto de Vicentin como de Algodonera Avellaneda que poseían en la entidad bancaria. En síntesis que busquen el rastro del dinero que se presume fue extraído de las arcas de Vicentin antes de que la firma se declare primero en “stress financiero” y que luego se presente a la justicia a solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores.
La primera audiencia de conciliación convocada por Lorenzini en el juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación tenía por objetivo “convocar a los principales protagonistas de la búsqueda conjunta de una solución restaurativa de la presente litis”. La familia dueña del paquete accionario pretende seguir al frente de la compañía y buscar una solución dentro del marco del concurso que les permita seguir controlándola, a la par de que se buscan alternativas para el pago de los acreedores y la normalización de su actividad comercial. Previo a eso, pretenden que el proceso de concurso lleve a la determinación del pasivo para lograr presentar un plan de negocios que saque a la cerealera de la situación de crisis económica y financiera en la que está inmersa.
Por el lado del Gobierno de Santa Fe, Stratta aclaró: “Nosotros pedimos la intervención de la administración, que no es ir por la propiedad”. En rigor, existe una estrategia consensuada con las autoridades nacionales, que no descartan ningún camino, e insisten en que la marcha atrás con la expropiación de la firma se apoya en una alternativa viable para la continuidad de las actividades de Vicentin. Por eso, evalúa otros planes que circulan en despachos oficiales como un plan de capitalización de la deuda en favor de los acreedores, donde el interés radica en las acreencias de los bancos extranjeros que podrían convertirla en acciones.
Sin embargo, todo el recorrido está atravesado por la causa penal que tramita en Comodoro Py. La hipótesis que se investiga en Retiro es que los empresarios de Vicentin “en connivencia” con funcionarios públicos (del Banco Nación), “solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del Banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiese hacerlo”.
Con información de
Ámbito
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