Gobierno confía en llegar al 4-A con más del 50% de aceptación
Por:
Carlos Burgueño
Lunes 27 de
Julio 2020
Cuenta regresiva para cerrar un acuerdo. Sólo entonces deberá decidir si extiende plazos. Fondos apuestan a consolidar alianza. El jueves vence plazo de gracia por u$s566 M del Discount.
El Gobierno de Alberto Fernández y los bonistas encararán desde hoy la última semana de negociaciones para llegar a un acuerdo; aún con un panorama incierto sobre el fin de la larga batalla que vienen manteniendo desde marzo, pero con algo de buena voluntad y buena fe en las conversaciones. Al menos ese es el mensaje que el viernes recibió el banco Lazard que cumple el difícil rol de intermediario entre las partes. Sin embargo, las diferencias existen y el tiempo se agota; lo que lleva a la situación inevitable de necesitar que alguna de las dos partes, o las dos, cedan levemente sus pretensiones para llegar a un acuerdo. O aventurarse a un inédito y peligroso período de default total, eventualidad que todos reconocen no conviene a ninguna de las partes.
Desde el Ministerio de Economía se confía en que para la fecha tope del 4 de agosto, pueda contabilizar aceptaciones de más del 50%, para decidir con cierta comodidad se extiende el plazo de aceptación, con o sin los “anabólicos” propuestos para los que entren antes de la fecha límite. Los bonistas, por su parte, saben que consolidaron la alianza firme y estructurada entre los tres grupos que representan a los acreedores; y que sin el aval conjunto, difícilmente Martín Guzmán pueda dar por cerrado el proceso. Más allá de alcanzarse o no ese porcentaje mínimo, esta semana se vivirá una situación estresante para la historia de las finanzas argentinas. El país entrará en default en uno de los bonos más importantes y significativos del muy amplio mosaico de deuda emitida por la Argentina. Este jueves 30 vencerá el plazo de gracia para que el país cumpla con los aproximadamente u$s566 millones del Discount emitido en 2005 y 2010 para salir del default del 2001; con lo que Argentina entrará definitivamente en default en todos los tipos de bonos.
El panorama con que se encarará la negociación en este rush final negociador es el siguiente:
El Valor Presente Neto ofrecido por Argentina en su propuesta del 3 de julio pasado, llegó a los u$s53,4 por cada lámina de 100; y, según ratificó Alberto Fernández el viernes y el propio Guzmán en un comunicado publicado el sábado por el Palacio de Hacienda, es inamovible. Por su parte, los acreedores reclamaron formalmente un VPN de u$s 56,5; con lo que la diferencia es la más exigua que existió en toda la negociación. En total, Argentina reclama una quita de u$s33.400 millones, contra una aceptación eventual de u$s31.500 millones de parte de los bonistas. Ese dinero se distribuiría en unos u$s200 millones por año entre el 2020 y el 2030 y 60 millones más por año a liquidar alternativamente entre el 2020 y el 2040, según lo que piden los tres grupos de acreedores.
El principal conflicto se concentra en el diseño del principal “anabólico” ofrecido por Argentina: el cupón 2030 para los que acepten la oferta argentina antes del fin del proceso que culmina el 4 de agosto. El premio de liquidar los intereses no devengados hasta septiembre de este año terminó siendo avalado por los tres grupos de bonistas; que, sin embargo, pidieron que sea liquidado con una tasa de interés de 4,9% en lugar del 1% propuesto por Guzmán. Según los privados, esa es la tasa que le cobra al país el FMI. Para Argentina, siendo un bono a modo de premio, pagar el 1% ya es demasiado.
En términos legales, las partes estarían más cerca que en el capítulo financiero. La concesión más importante que está dispuesta a dar Argentina a los fondos de inversión es el reconocimiento de que se trata de “acreedores privilegiados” y, en consecuencia, no serían pasibles de aplicación de las “cláusulas de reasignación”. Estas quedarían relegadas a los inversores particulares o pequeños fondos (medido según la cantidad de deuda que detenten y según una fórmula hasta hoy indeterminada). Si Argentina llegara a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Managment, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus, entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda, serán acreedores privilegiados. Argentina supone que con esta aceptación, se flexibilizaría el cierre del aval de los acreedores a las cláusulas de reasignación, y así avanzar en la formación de mayorías imprescindibles en los principales bonos presentados en la oferta de Guzmán.
Donde más diferencias existen, es la manera en que el país podría aplicar las “cláusulas antibuitre”.
Desde el Ministerio de Economía se confía en que para la fecha tope del 4 de agosto, pueda contabilizar aceptaciones de más del 50%, para decidir con cierta comodidad se extiende el plazo de aceptación, con o sin los “anabólicos” propuestos para los que entren antes de la fecha límite. Los bonistas, por su parte, saben que consolidaron la alianza firme y estructurada entre los tres grupos que representan a los acreedores; y que sin el aval conjunto, difícilmente Martín Guzmán pueda dar por cerrado el proceso. Más allá de alcanzarse o no ese porcentaje mínimo, esta semana se vivirá una situación estresante para la historia de las finanzas argentinas. El país entrará en default en uno de los bonos más importantes y significativos del muy amplio mosaico de deuda emitida por la Argentina. Este jueves 30 vencerá el plazo de gracia para que el país cumpla con los aproximadamente u$s566 millones del Discount emitido en 2005 y 2010 para salir del default del 2001; con lo que Argentina entrará definitivamente en default en todos los tipos de bonos.
El panorama con que se encarará la negociación en este rush final negociador es el siguiente:
El Valor Presente Neto ofrecido por Argentina en su propuesta del 3 de julio pasado, llegó a los u$s53,4 por cada lámina de 100; y, según ratificó Alberto Fernández el viernes y el propio Guzmán en un comunicado publicado el sábado por el Palacio de Hacienda, es inamovible. Por su parte, los acreedores reclamaron formalmente un VPN de u$s 56,5; con lo que la diferencia es la más exigua que existió en toda la negociación. En total, Argentina reclama una quita de u$s33.400 millones, contra una aceptación eventual de u$s31.500 millones de parte de los bonistas. Ese dinero se distribuiría en unos u$s200 millones por año entre el 2020 y el 2030 y 60 millones más por año a liquidar alternativamente entre el 2020 y el 2040, según lo que piden los tres grupos de acreedores.
El principal conflicto se concentra en el diseño del principal “anabólico” ofrecido por Argentina: el cupón 2030 para los que acepten la oferta argentina antes del fin del proceso que culmina el 4 de agosto. El premio de liquidar los intereses no devengados hasta septiembre de este año terminó siendo avalado por los tres grupos de bonistas; que, sin embargo, pidieron que sea liquidado con una tasa de interés de 4,9% en lugar del 1% propuesto por Guzmán. Según los privados, esa es la tasa que le cobra al país el FMI. Para Argentina, siendo un bono a modo de premio, pagar el 1% ya es demasiado.
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Con información de
Ámbito
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