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Alberto Fernández y Cristina Kirchner deben acordar qué modelo de país quieren
Martes 28 de
Julio 2020
Por:
María Herminia Grande
Sin la concertación entre el Presidente y la vice la Argentina no podrá encarar la post pandemia
Podríamos decir que la concertación debe comenzar por casa. Esta cronista cree desde hace muchos años que los actores con responsabilidad social, política y empresarial de Argentina deberían coincidir en un núcleo básico de ideas –sólo un puñado- que puedan transformarse en políticas de Estado, en un país que hace muchos años viene generando solo políticas de subsistencia. Sin embargo –y a la luz de los acontecimientos-, hoy creo en la necesidad prioritaria de la concertación entre el Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Acordado entre ambos el modelo de país, puede encararse la post pandemia, uniendo el liberalismo progresista de Alberdi, Sarmiento e incluso el de Henry Ford, como señaló el Presidente en su entrevista al Financial Times, con la vertebración de justicia social y desarrollo industrial. Logrado el acuerdo prioritario, el Gobierno deberá avanzar en un programa de desarrollo industrial y productivo que incluya un plan económico realista y audaz, y así terminar con la economía de subsistencia; es decir: años de fracaso, fuga de capitales de todo argentino con capacidad de ahorro. Se habla de relanzar un Gobierno, pero la idea debería ser más abarcativa: relanzar un país. La oposición cree que existe una fórmula de recuperación de Argentina a la que definen como capitalismo de riesgo con consenso social.
De lo conversado con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, se infiere que el anuncio del presidente Fernández de las sesenta medidas para la post pandemia comenzaría por el relanzamiento del plan Procrear con líneas nuevas, unido al “Plan Suelo”, que permite morigerar el acceso a la tierra. Se sabe que la construcción es clave a la hora de la reconstrucción; es multiplicadora de empleo y consumo, reactivando la economía. Las medidas vendrán vía decreto, algunas vía leyes. Según trascendió desde el Ministerio de la Producción, volvería a utilizarse lo previsto en el decreto 814/01; el ministro Kulfas ha dicho que “se trabaja sobre esa idea”. Sería compensar a las pymes con crédito de IVA, computando a cuenta el pago de las contribuciones patronales. Esta compensación sería directamente proporcional a la lejanía geográfica de las pymes. También se anunciaría un esquema de rebajas a las cargas patronales para quien contrate personal.
Hace aproximadamente un mes el gastronómico Barrionuevo llamó a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Antonio Caló y Armando Cavalieri y les dijo: “Dejémonos de joder, este es el momento de actuar. La CGT debe ser la convocante, está en juego la vida de los nuestros”. Los teléfonos comenzaron a “calentarse”. La idea fue trabajar sobre las bases de aquella concertación del 2001, la de Duhalde, donde todos los actores convocados dijeron presente. De ahí siguieron reuniones de la CGT con mesa ampliada, y se acordó una agenda. Ignoro si los convocantes imaginaron que serían artífices de un hecho histórico. La semana pasada, 21 de julio, vía Zoom, los titulares de empresas de Argentina nucleados en AEA (Rocca, Magneto, Pagani, Galperin, Bagó, Pérez Companc, entre otros) se reunieron con la cúpula de la CGT, donde luego de establecer prioridades quedaron en compartir equipos técnicos para elaborar conjuntamente un plan desde la mirada de estos sectores. Sindicalistas y empresarios coincidieron en destacar el valor de la empresa privada, y como contrapartida comprometerse a reducir el trabajo en negro. Ambos sectores coincidieron en la necesidad de reducir la presión tributaria y potenciar las exportaciones. Sobre el final, apoyaron enfáticamente la necesidad de llegar a un acuerdo con los bonistas. La agenda marca para esta semana un encuentro con las pymes y hacia el fin de semana con la UIA. Queda de esta manera evidenciado -el Gobierno deberá tomar nota- que los actores de la producción y el trabajo desean la activación del Consejo Económico y Social. Hasta dirigentes absolutamente críticos con el gobierno de Fernández le dijeron a esta cronista: “El producto de esto se lo vamos a entregar el Presidente, es él quien debe gobernar los tres años y medio que restan”.
En paralelo, la cadena agroindustrial se propone aumentar las exportaciones a USD 100 mil millones y elevar los puestos de trabajo en 700 mil. Este objetivo lo viene presentando a distintos actores. Lo hizo con el canciller Solá, esta semana lo hará con el ministro de Transporte Mario Meoni, y hacia el fin de semana, con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para en un tiempo próximo hacer lo propio con el presidente Fernández. El proyecto consiste en estimular las exportaciones con valor agregado. En esto trabajan junto a la Mesa de Enlace, a excepción de la Sociedad Rural que se autoexcluyó. Tienen previsto reunirse, además, con el Foro de Intendentes del Cordón Industrial del Gran Rosario, que coordina Amaro González, para explicar los efectos reactivadores de lo propuesto. En Timbúes, el puente sobre el río Carcarañá permitiría duplicar la carga, y alcanzar las 22 mil toneladas diarias.
Está todo dado para que el Gobierno aproveche la predisposición de los actores, los escuche y planifique sobre las propuestas que le alcancen las políticas necesarias para generar producción y consumo. Único reaseguro para mirar de frente y con seriedad el 50% de pobreza que se avecina.
Vicentin
Este jueves es un día clave en el tema Vicentin. La provincia de Santa Fe, a través del secretario de Justicia Gabriel Somaglia, y el gobierno nacional, mediante Juan Manuel Olmos, tienen todo dispuesto para constituir un fondo fiduciario con inyección de aportes privados. Según trascendió, el Estado podría tener una minoría calificada. La idea no es estatizar la deuda sino conseguir aportes privados
El plan tiene dos etapas: primero los acreedores que lo deseen pueden capitalizar sus créditos con participación en el paquete accionario, y luego, con acciones en mano, salir a buscar inversiones.
Los acreedores que decidan no capitalizar sus créditos seguirán en el concurso y se les hará una propuesta.
De lo conversado con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, se infiere que el anuncio del presidente Fernández de las sesenta medidas para la post pandemia comenzaría por el relanzamiento del plan Procrear con líneas nuevas, unido al “Plan Suelo”, que permite morigerar el acceso a la tierra. Se sabe que la construcción es clave a la hora de la reconstrucción; es multiplicadora de empleo y consumo, reactivando la economía. Las medidas vendrán vía decreto, algunas vía leyes. Según trascendió desde el Ministerio de la Producción, volvería a utilizarse lo previsto en el decreto 814/01; el ministro Kulfas ha dicho que “se trabaja sobre esa idea”. Sería compensar a las pymes con crédito de IVA, computando a cuenta el pago de las contribuciones patronales. Esta compensación sería directamente proporcional a la lejanía geográfica de las pymes. También se anunciaría un esquema de rebajas a las cargas patronales para quien contrate personal.
Hace aproximadamente un mes el gastronómico Barrionuevo llamó a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Antonio Caló y Armando Cavalieri y les dijo: “Dejémonos de joder, este es el momento de actuar. La CGT debe ser la convocante, está en juego la vida de los nuestros”. Los teléfonos comenzaron a “calentarse”. La idea fue trabajar sobre las bases de aquella concertación del 2001, la de Duhalde, donde todos los actores convocados dijeron presente. De ahí siguieron reuniones de la CGT con mesa ampliada, y se acordó una agenda. Ignoro si los convocantes imaginaron que serían artífices de un hecho histórico. La semana pasada, 21 de julio, vía Zoom, los titulares de empresas de Argentina nucleados en AEA (Rocca, Magneto, Pagani, Galperin, Bagó, Pérez Companc, entre otros) se reunieron con la cúpula de la CGT, donde luego de establecer prioridades quedaron en compartir equipos técnicos para elaborar conjuntamente un plan desde la mirada de estos sectores. Sindicalistas y empresarios coincidieron en destacar el valor de la empresa privada, y como contrapartida comprometerse a reducir el trabajo en negro. Ambos sectores coincidieron en la necesidad de reducir la presión tributaria y potenciar las exportaciones. Sobre el final, apoyaron enfáticamente la necesidad de llegar a un acuerdo con los bonistas. La agenda marca para esta semana un encuentro con las pymes y hacia el fin de semana con la UIA. Queda de esta manera evidenciado -el Gobierno deberá tomar nota- que los actores de la producción y el trabajo desean la activación del Consejo Económico y Social. Hasta dirigentes absolutamente críticos con el gobierno de Fernández le dijeron a esta cronista: “El producto de esto se lo vamos a entregar el Presidente, es él quien debe gobernar los tres años y medio que restan”.
En paralelo, la cadena agroindustrial se propone aumentar las exportaciones a USD 100 mil millones y elevar los puestos de trabajo en 700 mil. Este objetivo lo viene presentando a distintos actores. Lo hizo con el canciller Solá, esta semana lo hará con el ministro de Transporte Mario Meoni, y hacia el fin de semana, con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para en un tiempo próximo hacer lo propio con el presidente Fernández. El proyecto consiste en estimular las exportaciones con valor agregado. En esto trabajan junto a la Mesa de Enlace, a excepción de la Sociedad Rural que se autoexcluyó. Tienen previsto reunirse, además, con el Foro de Intendentes del Cordón Industrial del Gran Rosario, que coordina Amaro González, para explicar los efectos reactivadores de lo propuesto. En Timbúes, el puente sobre el río Carcarañá permitiría duplicar la carga, y alcanzar las 22 mil toneladas diarias.
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Vicentin
Este jueves es un día clave en el tema Vicentin. La provincia de Santa Fe, a través del secretario de Justicia Gabriel Somaglia, y el gobierno nacional, mediante Juan Manuel Olmos, tienen todo dispuesto para constituir un fondo fiduciario con inyección de aportes privados. Según trascendió, el Estado podría tener una minoría calificada. La idea no es estatizar la deuda sino conseguir aportes privados
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Infobae
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