Juntos por el Cambio le pidió formalmente a Alberto Fernández que retire el proyecto de reforma judicial del Congreso
Martes 18 de
Agosto 2020
Juntos por el Cambio le escribió este martes una carta al presidente Alberto Fernández para solicitarle que retire el proyecto de reforma judicial que recientemente envió al Senado de la Nación.
En la misiva, la coalición opositora planteó que ante la gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus y ante las consecuencias económicas y sociales de la cuarentena, sería mejor “concentrar todos los esfuerzos y recursos” en mitigar estos daños “para que el país pueda volver a producir y desarrollarse en paz”.
El texto, que lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff por el radicalismo; de Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo por el PRO; de Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López por la Coalición Cívica; y del ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, también señala que los eventuales cambios en el funcionamiento de las instituciones, especialmente si se trata de la Justicia, “requieren de un amplio consenso entre los partidos políticos, los sectores directamente interesados, las organizaciones sociales y los medios académicos”.
En ese sentido, argumentaron que serán los acuerdos con los diferentes sectores los que dotarán a las reformas de la legitimidad necesaria para perdurar en el tiempo y permitirán alejar “suspicacias y sospechas de torvos intereses”.
El proyecto de reforma judicial contempla la creación de un nuevo fuero Federal Penal que unificará los 12 juzgados federales en lo Criminal y Correccional con los 11 en lo Penal Económico, que deberán elegir quedarse con una de las dos secretarías de cada juzgado. Las 23 secretarías restantes deberían pasar a los nuevos 23 juzgados federales a crearse. La iniciativa, además, propone la creación de 5 nuevos tribunales orales federales (TOF) de tres integrantes cada uno, lo que demandará otros 15 magistrados, más 94 jueces con competencia federal en el interior del país.
Así, el gobierno busca licuar el poder concentrado actualmente en Comodoro Py. Desde que trascendieron los detalles del proyecto, la oposición denunció que se trata de un intento de controlar la Justicia por medio de la designación de jueces afines y de garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas investigados por corrupción.
Según los líderes de Juntos por el Cambio, la imposibilidad de sesionar en forma presencial condiciona y restringe los debates en el Congreso. Al mismo tiempo, denunciaron que el oficialismo pretende aprobar la reforma con una “inexplicable premura”.
“Asimismo, la opinión de prácticamente todos los expertos hasta ahora consultados ha dado cuenta de una serie de defectos técnicos en la iniciativa que deberían analizarse y corregirse sin la presión de los tiempos legislativos”, continuaron.
El rechazo a la reforma judicial fue uno de los reclamos más repetidos en la masiva movilización de este lunes, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández soslayó el impacto político de la movilización y ratificó su decisión de limitar el poder de Comodoro Py, empujar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y desplazar a camaristas federales que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en casos de corrupción pública.
“Hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población”, concluye el comunicado.
No obstante, hoy comenzó a deliberar la Comisión de Expertos que recomendará posibles modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, las tres instituciones clave del Poder Judicial. La comisión está liderada de hecho por Alberto Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, amigo personal de Alberto Fernández, y un experto conocedor del derecho penal.
El texto, que lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff por el radicalismo; de Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo por el PRO; de Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López por la Coalición Cívica; y del ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, también señala que los eventuales cambios en el funcionamiento de las instituciones, especialmente si se trata de la Justicia, “requieren de un amplio consenso entre los partidos políticos, los sectores directamente interesados, las organizaciones sociales y los medios académicos”.
En ese sentido, argumentaron que serán los acuerdos con los diferentes sectores los que dotarán a las reformas de la legitimidad necesaria para perdurar en el tiempo y permitirán alejar “suspicacias y sospechas de torvos intereses”.
El proyecto de reforma judicial contempla la creación de un nuevo fuero Federal Penal que unificará los 12 juzgados federales en lo Criminal y Correccional con los 11 en lo Penal Económico, que deberán elegir quedarse con una de las dos secretarías de cada juzgado. Las 23 secretarías restantes deberían pasar a los nuevos 23 juzgados federales a crearse. La iniciativa, además, propone la creación de 5 nuevos tribunales orales federales (TOF) de tres integrantes cada uno, lo que demandará otros 15 magistrados, más 94 jueces con competencia federal en el interior del país.
Así, el gobierno busca licuar el poder concentrado actualmente en Comodoro Py. Desde que trascendieron los detalles del proyecto, la oposición denunció que se trata de un intento de controlar la Justicia por medio de la designación de jueces afines y de garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas investigados por corrupción.
Según los líderes de Juntos por el Cambio, la imposibilidad de sesionar en forma presencial condiciona y restringe los debates en el Congreso. Al mismo tiempo, denunciaron que el oficialismo pretende aprobar la reforma con una “inexplicable premura”.
“Asimismo, la opinión de prácticamente todos los expertos hasta ahora consultados ha dado cuenta de una serie de defectos técnicos en la iniciativa que deberían analizarse y corregirse sin la presión de los tiempos legislativos”, continuaron.
El rechazo a la reforma judicial fue uno de los reclamos más repetidos en la masiva movilización de este lunes, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández soslayó el impacto político de la movilización y ratificó su decisión de limitar el poder de Comodoro Py, empujar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y desplazar a camaristas federales que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en casos de corrupción pública.
“Hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población”, concluye el comunicado.
No obstante, hoy comenzó a deliberar la Comisión de Expertos que recomendará posibles modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, las tres instituciones clave del Poder Judicial. La comisión está liderada de hecho por Alberto Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, amigo personal de Alberto Fernández, y un experto conocedor del derecho penal.
Con información de
Télam
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