El Gobierno ofrecerá tierras públicas a inversionistas privados para que financien proyectos estratégicos
Miércoles 19 de
Agosto 2020
La AABE firmó un acuerdo con la CNV para lanzar fideicomisos con los que explotar tierras fiscales con fines productivos, comerciales o inmobiliarios. Apuntan a impulsar parques industriales en urbanizaciones ligadas al Plan Procrear.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, rubricaron un convenio con las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) que permitirá lanzar fideicomisos financieros u otros instrumentos de inversión colectiva con los que captar fondos públicos y privados con los que sustentar proyectos productivos, comerciales o inmobiliarios.
En estos fideicomisos financieros, el Gobierno dispondrá a través de la AABE la cesión de terrenos fiscales donde las provincias, municipios o bien actores privados contribuyan aportando el capital que hace falta para proyectos que se consideran "con alto impacto social".
El convenio marco suscripto entre las dependencias estatales y al cual accedió El Cronista supone que el Gobierno podría ceder tierras publicas para la construcción de universidades, escuelas, hospitales o espacios públicos, bajo responsabilidad de gobiernos provinciales o municipales.
Corrientes deberá devolver al Estado nacional cerca de 10 hectáreas que se entregaron en las últimas semanas de la pasada gestión. También avanza con la revisión de 31 inmuebles que se entregaron a la ciudad de Buenos Aires.
Además, bajo la figura de un fideicomiso financiero solidario, AABE podría ceder terrenos para que provincias o municipios construyan parques industriales, captando "flujos de dinero del sector privado", según detalla el documento.
AABE, CNV, el ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete también acordaron conformar una mesa interinstitucional para analizar "productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario". El objetivo de fondo es incluir a breve plazo en la regulación de los Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC) y de los Fideicomisos Financieros (FF) incentivos claros para la construcción privada.
Algo de esto fue ya comentado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en encuentros con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de acuerdo al programa de trabajo sellado este martes entre Cafiero, Guzmán y los titulares de AABE y CNV, Martín Cosentino y Adrián Cosentino, respectivamente, el plan comporta el diseño, desarrollo, construcción o revalorización de inmuebles con destino residencial, comercial, productivo o de usos mixtos para su posterior comercialización.
Una cuarta variante implicaría la afectación de activos de la AABE para infraestructura o proyectos productivos con desarrollo local, donde se involucraría directamente al menos gobierno subnacional, y que viene a responder a reclamos de varios gobernadores e intendentes que tienen en sus jurisdicciones tierras ociosas del Gobierno central.
Fuentes oficiales confiaron a este diario el convenio forma parte de una serie de acciones que se iniciaron desde la CNV para que puedan movilizarse recursos desde el mercado de capitales hacia diversos sectores de la economía, en algunos casos coincidiendo con las necesidades colaterales que se vislumbran del relanzado Plan Procrear.
La intención, en este caso particular, es constituir unidades productivas en cercanías de barrios o urbanizaciones proyectadas a través del Procrear o bien del Plan Argentina Construye, por el cual el Gobierno pretende volcar $ 29.000 millones entre 2020 y 2021 en transferencias, créditos o subsidios destinados a refaccionar, ampliar o mejorar núcleos habitacionales.
En estos fideicomisos financieros, el Gobierno dispondrá a través de la AABE la cesión de terrenos fiscales donde las provincias, municipios o bien actores privados contribuyan aportando el capital que hace falta para proyectos que se consideran "con alto impacto social".
El convenio marco suscripto entre las dependencias estatales y al cual accedió El Cronista supone que el Gobierno podría ceder tierras publicas para la construcción de universidades, escuelas, hospitales o espacios públicos, bajo responsabilidad de gobiernos provinciales o municipales.
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Con información de
Cronista
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