El Gobierno avanza en otra reforma tributaria: aseguran que no impactará ni en la clase media ni en las empresas que invierten
Por:
Natalia Donato, Martín Kanenguiser
Viernes 28 de
Agosto 2020
El Gobierno trabaja en una reforma tributaria que no avanzaría ni sobre la clase media ni en las empresas que reinviertan sus utilidades, pero que solo dejaría dos impuestos importantes en pie: IVA y Ganancias.
“La reforma bajo análisis busca ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntará a que paguen más los que más tienen”. De inmediato, desestimaron un incremento en la carga tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Otra calificada fuente indicó que la reforma sobre la que trabajan el Ministerio de Economía y la AFIP gira en torno a dejar solamente un esquema con IVA y Ganancias, eliminando lo poco que queda del impuesto a la renta financiera y eventualmente Bienes Personales y al cheque.
“Cada peso que se recauda es un peso que vuelve a la sociedad en políticas públicas y productivas como el Programa ATP o el IFE. Los cambios en estudio apuntan a lograr un sistema tributario que privilegie la producción, la equidad, la igualdad y que sea sostenible”, aclararon las fuentes.
Por lo tanto, afirmaron que “no está en análisis aumentar la presión impositiva sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir”. Además, “no se eliminará el incentivo a la reinversión (Ganancias aplicadas a la distribución de dividendos)”. El Gobierno sí detuvo la baja de Ganancias para estas empresas prevista en la reforma tributaria del 2017, que preveía una alícuota del 25% para este año y se dejó en el 30 por ciento.
A la vez, las fuentes oficiales indicaron que “no se estudia modificar la escala de cuarta categoría”, ni “se estudia modificar el monotributo”.
En particular, la idea de subir la alícuota máxima de Ganancias del 35 al 41 por ciento, que se exploró en varias oportunidades, suena difícil en términos jurídicos y políticos, porque sería un golpe a sectores asalariados que incluyen a los afiliados de los gremios mejor remunerados y aliados al Gobierno, que este año ya se han resignado a una importante pérdida salarial.
En cambio, pese al hermetismo que rodea a este cambio que llevan a cabo los equipos del ministro Martín Guzmán y de Mercedes Marcó del Pont, afirmaron que la intención oficial sería simplificar el sistema con la posibilidad de dejar los impuestos más tradicionales y que más recaudación aportan a las arcas públicas: IVA y Ganancias. De este modo, se podrían dejar de lado alguno de los otros, como lo que queda del impuesto a la renta financiera (cabe recordar que el Gobierno ya recortó buena parte del alcance de este tributo a principios de año) y habrá que ver qué decide sobre bienes personales -que hasta el año pasado no pesaba tanto en la recaudación total, pero cuyas alícuotas subieron- y sobre uno de los más polémicos pero de importante peso, como es el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, creado de “emergencia” en 2001.
Si ese fuera el caso, es decir, si se optara por un esquema “a la antigua”, con dos pilares, habrá que esperar si, para compensar la recaudación perdida con la eliminación parcial o total de otros no se buscan recortar las exenciones impositivas vigentes, algo que cada Gobierno que arranca quiere hacer y luego se queda a mitad de camino.
En cuanto a a la posibilidad de imponer un “impuesto a la salida” que también trascendió en algunas versiones, para desalentar la emigración de inversiones a Uruguay, una de las fuentes aclaró que el tratado sobre el que se rige el Mercosur impediría aplicarlo entre los socios del bloque en forma generalizada. En Europa, hay excepciones como España que lo aplican para las empresas, no para las personas físicas.
Esta semana, en un seminario virtual, Marcó del Pont, brindó algunos lineamientos sobre la potencial reforma, al expresar que no bajará impuestos -en una crítica obvia a la reforma sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri- y que, por el contrario, buscará aumentar la carga sobre los sectores con mayor patrimonio. Marcó del Pont aseguró que la reducción de impuestos aplicada tiempo atrás no sirvió ni para fomentar el crecimiento económico en general, ni para aumentar el empleo registrado o las inversiones en particular.
En el organismo fiscal confirmaron que se trabaja con Economía en una discusión del sistema tributario a partir de una visión más conceptual. “Mirando la experiencia local e internacional, creemos que en las últimas décadas se dio a nivel global una escalera descendente en baja de impuestos, en flexibilización laboral, que cuando uno lo mira en perspectiva no redundaron en una mejora del trabajo, ni de la inversión ni de en mejora productiva. Entre otros elementos la intención es que aquellos sectores de mayor capacidad contributiva sean quienes más paguen. No se trata de subir impuestos sino que es imprescindible ampliar la base de los impuestos progresivos en la Argentina”, afirmaron fuentes oficiales.
En cuanto a la carga para los sectores de mayor patrimonio, la Casa de Gobierno le habría dado luz verde, luego de intensas discusiones, al denominado “impuesto a la riqueza”, que consistiría en un aporte único para las personas físicas con un patrimonio más alto.
Por su parte, la Coalición Cívica ARI y Elisa Carrió afirmaron hoy que “es una locura que el gobierno esté pensando en aumentar impuestos en este escenario de crisis económica. Es un robo escandaloso”. “No les alcanzó con suspender en diciembre la baja gradual de impuestos votada por el Congreso en 2017, sino que ahora intentan avanzar con un impuestazo que imposibilitará cualquier posibilidad de recuperación y crecimiento económico”, añadieron.
Otra calificada fuente indicó que la reforma sobre la que trabajan el Ministerio de Economía y la AFIP gira en torno a dejar solamente un esquema con IVA y Ganancias, eliminando lo poco que queda del impuesto a la renta financiera y eventualmente Bienes Personales y al cheque.
“Cada peso que se recauda es un peso que vuelve a la sociedad en políticas públicas y productivas como el Programa ATP o el IFE. Los cambios en estudio apuntan a lograr un sistema tributario que privilegie la producción, la equidad, la igualdad y que sea sostenible”, aclararon las fuentes.
Por lo tanto, afirmaron que “no está en análisis aumentar la presión impositiva sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir”. Además, “no se eliminará el incentivo a la reinversión (Ganancias aplicadas a la distribución de dividendos)”. El Gobierno sí detuvo la baja de Ganancias para estas empresas prevista en la reforma tributaria del 2017, que preveía una alícuota del 25% para este año y se dejó en el 30 por ciento.
A la vez, las fuentes oficiales indicaron que “no se estudia modificar la escala de cuarta categoría”, ni “se estudia modificar el monotributo”.
En particular, la idea de subir la alícuota máxima de Ganancias del 35 al 41 por ciento, que se exploró en varias oportunidades, suena difícil en términos jurídicos y políticos, porque sería un golpe a sectores asalariados que incluyen a los afiliados de los gremios mejor remunerados y aliados al Gobierno, que este año ya se han resignado a una importante pérdida salarial.
En cambio, pese al hermetismo que rodea a este cambio que llevan a cabo los equipos del ministro Martín Guzmán y de Mercedes Marcó del Pont, afirmaron que la intención oficial sería simplificar el sistema con la posibilidad de dejar los impuestos más tradicionales y que más recaudación aportan a las arcas públicas: IVA y Ganancias. De este modo, se podrían dejar de lado alguno de los otros, como lo que queda del impuesto a la renta financiera (cabe recordar que el Gobierno ya recortó buena parte del alcance de este tributo a principios de año) y habrá que ver qué decide sobre bienes personales -que hasta el año pasado no pesaba tanto en la recaudación total, pero cuyas alícuotas subieron- y sobre uno de los más polémicos pero de importante peso, como es el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, creado de “emergencia” en 2001.
Si ese fuera el caso, es decir, si se optara por un esquema “a la antigua”, con dos pilares, habrá que esperar si, para compensar la recaudación perdida con la eliminación parcial o total de otros no se buscan recortar las exenciones impositivas vigentes, algo que cada Gobierno que arranca quiere hacer y luego se queda a mitad de camino.
En cuanto a a la posibilidad de imponer un “impuesto a la salida” que también trascendió en algunas versiones, para desalentar la emigración de inversiones a Uruguay, una de las fuentes aclaró que el tratado sobre el que se rige el Mercosur impediría aplicarlo entre los socios del bloque en forma generalizada. En Europa, hay excepciones como España que lo aplican para las empresas, no para las personas físicas.
Esta semana, en un seminario virtual, Marcó del Pont, brindó algunos lineamientos sobre la potencial reforma, al expresar que no bajará impuestos -en una crítica obvia a la reforma sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri- y que, por el contrario, buscará aumentar la carga sobre los sectores con mayor patrimonio. Marcó del Pont aseguró que la reducción de impuestos aplicada tiempo atrás no sirvió ni para fomentar el crecimiento económico en general, ni para aumentar el empleo registrado o las inversiones en particular.
En el organismo fiscal confirmaron que se trabaja con Economía en una discusión del sistema tributario a partir de una visión más conceptual. “Mirando la experiencia local e internacional, creemos que en las últimas décadas se dio a nivel global una escalera descendente en baja de impuestos, en flexibilización laboral, que cuando uno lo mira en perspectiva no redundaron en una mejora del trabajo, ni de la inversión ni de en mejora productiva. Entre otros elementos la intención es que aquellos sectores de mayor capacidad contributiva sean quienes más paguen. No se trata de subir impuestos sino que es imprescindible ampliar la base de los impuestos progresivos en la Argentina”, afirmaron fuentes oficiales.
En cuanto a la carga para los sectores de mayor patrimonio, la Casa de Gobierno le habría dado luz verde, luego de intensas discusiones, al denominado “impuesto a la riqueza”, que consistiría en un aporte único para las personas físicas con un patrimonio más alto.
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Con información de
Infobae
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