Argentina se garantizó que no habrá otro "juicio del siglo" con buitres
Por:
Carlos Burgueño
Martes 01 de
Septiembre 2020
Si hay alguna instancia judicial, quedará concentrada en unos pocos tenedores de deuda, especialmente de bonos Par.
El canje de deuda emitida bajo legislación internacional ingresa hoy en su última y definitiva etapa: cerrar todos los resquicios legales para que los pocos holdouts que no aceptaron la propuesta, puedan hacer algún tipo de presentación judicial ante los tribunales de Manhattan. Pero algo quedó claro ayer con los números finales: la Argentina no volverá a vivir un nuevo “juicio del siglo” contra fondos buitre. Y si hay una instancia judicial, esta quedará concentrada en unos pocos tenedores de deuda, fundamentalmente de bonos emitidos durante los canjes de 2005 y 2010 que buscarán cobrar por la vía legal. Si bien el cálculo final se conocerá durante al semana, oficialmente se estima que serían entre u$s1.000 y u$s2.000 millones, concentrados en su mayoría en tenedores de bonos Par en dólares y euros. A estos se sumarán un puñado de bonistas con títulos Discount, en ambos casos, ya en default.
El porcentaje de aceptación presentado ayer fue realmente alto (94,5%); con cláusulas de protección de los contratos de los nuevos títulos públicos bastante sólidas y aceptadas por las partes. Sin embargo, no hay jurisprudencia definitiva por juicios contra reestructuraciones de deuda soberana según las normas dictadas por los mercados (no los tribunales) desde 2014 en adelante, con lo que la Argentina (y eventualmente Ecuador), podrían convertirse en los primeros casos en los que la Justicia de los Estados Unidos dictará sentencia histórica e inapelable hacia delante. Sin embargo, cualquiera sea la posición de los jueces norteamericanos, el país no volverá a vivir un evento histórico como el perdidoso “juicio del siglo” contra los fondos buitre, que costó unos u$s9.300 millones finales liquidados en abril de 2016.
La situación legal de la deuda reestructurada desde hoy es la siguiente. Según las cláusulas impuestas por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro los bonistas tendrían ya cerrado por contrato la posibilidad de litigar contra el país, porque el canje logró superar los tres porcentajes importantes a tener en cuenta: el 75% promedio general, el 85% de los tenedores de deuda emitida en los canjes 2005 y 2010 y el 65% de los bonistas con papeles lanzados desde 2016 en adelante. Además, los que no aceptaron la oferta y los bonistas que la aceptaron pero con títulos públicos que no consiguieron las mayorías necesarias, fueros reasignados a otros bonos con lo cual ingresaron compulsivamente al llamado.
En teoría, y siguiendo las normas generales del derecho norteamericano, se firmó un contrato y, en consecuencia, todos los que aceptaron la propuesta argentina tendrán la puerta judicial cerrada. Según la visión de Sebastián Maril, experto de FinGuru, la estructura legal de la operación indica que “el contrato de reestructuración, no habla de juicios sino sólo cómo se llega al canje de deuda y se emiten los nuevos bonos”. Sin embargo reconoce que los que no aceptaron la oferta y quedaron fuera, o no la avalaron pero fueron reasignados compulsivamente, podrían avanzar en causas judiciales. Y, según Maril, en este caso, “los bonos no reestructurados tienen las cláusulas judiciales originales, no las actuales”, con lo que, “los emitidos en 2005 y 2010 tienen más chances que los de 2016”. La ventaja teórica de los bonistas que aceptaron los canjes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es que Argentina no está protegida por las cláusulas antibuitre aplicadas en el mundo financiero desde 2014 y que están incluidas en todos los contratos de emisión de deuda local lanzada desde 2016 en adelante. Los tenedores de estos últimos bonos sólo podrían avanzar en juicios al final de la vida útil de cada bono original y siempre que se consiga una mayoría de un 35% de los tenedores, algo que según los datos de ayer está cerrado. En síntesis, sería realmente sorprendente que la Justicia de EE.UU. le dé la razón a alguno de los tenedores de esta deuda en sus reclamos. En el caso de los bonistas con deuda emitida en los canjes 2005 y 2010 es diferente. Son títulos públicos sin protección antibuitre, con lo que cualquier inversor en Discount o Par bajo legislación internacional que no haya ingresado al canje podría reclamar ante los tribunales de Loretta Preska con alguna posibilidad de éxito.
El porcentaje de aceptación presentado ayer fue realmente alto (94,5%); con cláusulas de protección de los contratos de los nuevos títulos públicos bastante sólidas y aceptadas por las partes. Sin embargo, no hay jurisprudencia definitiva por juicios contra reestructuraciones de deuda soberana según las normas dictadas por los mercados (no los tribunales) desde 2014 en adelante, con lo que la Argentina (y eventualmente Ecuador), podrían convertirse en los primeros casos en los que la Justicia de los Estados Unidos dictará sentencia histórica e inapelable hacia delante. Sin embargo, cualquiera sea la posición de los jueces norteamericanos, el país no volverá a vivir un evento histórico como el perdidoso “juicio del siglo” contra los fondos buitre, que costó unos u$s9.300 millones finales liquidados en abril de 2016.
La situación legal de la deuda reestructurada desde hoy es la siguiente. Según las cláusulas impuestas por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro los bonistas tendrían ya cerrado por contrato la posibilidad de litigar contra el país, porque el canje logró superar los tres porcentajes importantes a tener en cuenta: el 75% promedio general, el 85% de los tenedores de deuda emitida en los canjes 2005 y 2010 y el 65% de los bonistas con papeles lanzados desde 2016 en adelante. Además, los que no aceptaron la oferta y los bonistas que la aceptaron pero con títulos públicos que no consiguieron las mayorías necesarias, fueros reasignados a otros bonos con lo cual ingresaron compulsivamente al llamado.
En teoría, y siguiendo las normas generales del derecho norteamericano, se firmó un contrato y, en consecuencia, todos los que aceptaron la propuesta argentina tendrán la puerta judicial cerrada. Según la visión de Sebastián Maril, experto de FinGuru, la estructura legal de la operación indica que “el contrato de reestructuración, no habla de juicios sino sólo cómo se llega al canje de deuda y se emiten los nuevos bonos”. Sin embargo reconoce que los que no aceptaron la oferta y quedaron fuera, o no la avalaron pero fueron reasignados compulsivamente, podrían avanzar en causas judiciales. Y, según Maril, en este caso, “los bonos no reestructurados tienen las cláusulas judiciales originales, no las actuales”, con lo que, “los emitidos en 2005 y 2010 tienen más chances que los de 2016”. La ventaja teórica de los bonistas que aceptaron los canjes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es que Argentina no está protegida por las cláusulas antibuitre aplicadas en el mundo financiero desde 2014 y que están incluidas en todos los contratos de emisión de deuda local lanzada desde 2016 en adelante. Los tenedores de estos últimos bonos sólo podrían avanzar en juicios al final de la vida útil de cada bono original y siempre que se consiga una mayoría de un 35% de los tenedores, algo que según los datos de ayer está cerrado. En síntesis, sería realmente sorprendente que la Justicia de EE.UU. le dé la razón a alguno de los tenedores de esta deuda en sus reclamos. En el caso de los bonistas con deuda emitida en los canjes 2005 y 2010 es diferente. Son títulos públicos sin protección antibuitre, con lo que cualquier inversor en Discount o Par bajo legislación internacional que no haya ingresado al canje podría reclamar ante los tribunales de Loretta Preska con alguna posibilidad de éxito.
Con información de
Ámbito
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
LO MÁS VISTO
El principal problema de incorporar una penalidad sobre discurso de odio en la legislación
En primer lugar, debemos definir que es un discurso.
La imparcialidad del juez es uno de los principios rectores y fundamentales del sistema de justicia. Se define como la ausencia absoluta de prejuicios, intereses, favoritismos o animadversión por parte del juez hacia cualquiera de las partes involucradas en un litigio o hacia el objeto del proceso.
Bancos, consultoras y empresas apuntan a la necesidad de invertir en los cimientos que permitirán desarrollar los proyectos en la formación de hidrocarburos no convencionales.
El presidente provisional Felipe Michlig encabezó una reunión con senadores y autoridades del Ministerio de Educación para coordinar el traslado de estudiantes que participarán del programa durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
