“Me gustaría un ingreso universal, pero no es posible desde el punto de vista fiscal”
Miércoles 09 de
Septiembre 2020
Con el objetivo de discutir las estrategias para asegurar un piso de protección social en la Argentina en el contexto de la pandemia, CIPPEC, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, organizó un diálogo moderado por Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social, que contó con la participación de Daniel Arroyo, ministro Nacional de Desarrollo Social; Nora Lustig, Directora del Instituto Commitment for Equity y Fernando Filgueira, Investigador Principal del Programa de Protección Social de CIPPEC.
Durante su presentación, Arroyo dijo que el deterioro social producto de la pandemia es “importante” y que pese a los esfuerzos “del Estado y de la sociedad civil, la pobreza está aumentando”.
El ministro destacó las políticas desplegadas por el Gobierno, como el IFE, que lo reciben 9 millones de personas; la asistencia alimentaria, que la reciben 11 millones; el apoyo económico al sector formal, que beneficia a 2,5 millones de trabajadores, y otras políticas sociales que ya venían siendo implementadas antes de la pandemia, como la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales, que suman casi 5 millones de personas más beneficiadas. “Identificamos una parte de la población, entre 3 y 4 millones de personas, con problemas serios de ingresos o porque se quedaron sin trabajo o porque han tenido una baja muy significativa de ingresos”, señaló Arroyo.
“A mí me gustaría un ingreso universal, pero no es posible en Argentina desde el punto de vista fiscal”, explicitó el ministro. “Argentina tiene un conjunto de transferencias de fondos importante, estamos mejor que otros países de América Latina para enfrentar la demanda social derivada de la pandemia, y que nosotros articulamos en tres ejes: el programa Potenciar Trabajo, que busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; el aseguramiento de un ingreso de base, asociado con el trabajo y el derecho al hábitat, urbanizando los barrios sin acceso a servicios básicos”, dijo.
Díaz Langou cerró el encuentro mencionando que “las transferencias no resuelven todo, pero son una buena base para comenzar” y destacó que “la pobreza requiere una estrategia que sea integral, de largo plazo, que haga frente a las distintas privaciones que implica encontrarse en situación de pobreza”.
El diálogo formó parte del ciclo de encuentros impulsado por CIPPEC denominado METAS para la pospandemia con el objetivo de reunir actores de distintos sectores para dialogar e intentar encontrar puntos de encuentro para delinear la salida de la crisis actual.
El ministro destacó las políticas desplegadas por el Gobierno, como el IFE, que lo reciben 9 millones de personas; la asistencia alimentaria, que la reciben 11 millones; el apoyo económico al sector formal, que beneficia a 2,5 millones de trabajadores, y otras políticas sociales que ya venían siendo implementadas antes de la pandemia, como la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales, que suman casi 5 millones de personas más beneficiadas. “Identificamos una parte de la población, entre 3 y 4 millones de personas, con problemas serios de ingresos o porque se quedaron sin trabajo o porque han tenido una baja muy significativa de ingresos”, señaló Arroyo.
“A mí me gustaría un ingreso universal, pero no es posible en Argentina desde el punto de vista fiscal”, explicitó el ministro. “Argentina tiene un conjunto de transferencias de fondos importante, estamos mejor que otros países de América Latina para enfrentar la demanda social derivada de la pandemia, y que nosotros articulamos en tres ejes: el programa Potenciar Trabajo, que busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; el aseguramiento de un ingreso de base, asociado con el trabajo y el derecho al hábitat, urbanizando los barrios sin acceso a servicios básicos”, dijo.
Díaz Langou cerró el encuentro mencionando que “las transferencias no resuelven todo, pero son una buena base para comenzar” y destacó que “la pobreza requiere una estrategia que sea integral, de largo plazo, que haga frente a las distintas privaciones que implica encontrarse en situación de pobreza”.
El diálogo formó parte del ciclo de encuentros impulsado por CIPPEC denominado METAS para la pospandemia con el objetivo de reunir actores de distintos sectores para dialogar e intentar encontrar puntos de encuentro para delinear la salida de la crisis actual.
Con información de
El Economista
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