Despidos low cost
Por:
Matías Werner
Lunes 14 de
Septiembre 2020
La Corte Suprema de Justicia declaró la validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo mediante escritura pública. Dejó sin efecto una sentencia que anuló el convenio porque no se homologó ni participó un abogado del trabajador. La interpretación del artículo 241 de la LCT.
En un fallo que tiene implicancias importantes en materia de laboral, la Corte Suprema de Justicia convalidó la legalidad de la extinción de un contrato de trabajo de mutuo acuerdo ante escribano y sin intervención de las autoridades administrativas o judiciales
De esa forma, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara del Trabajo que había ordenado que se indemnice a un trabajador que demando a la empresa luego de haber alcanzado un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del art. 241 de la LCT. El empleado había suscripto el acuerdo sin abogado.
El pronunciamiento, dividido, se dictó en el marco del expediente “Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido”, donde triunfó la postura mayoritaria de los supremos Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y las disidencias de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes propiciaron que se rechace la queja de la demandada
La causa arribó al Máximo Tribunal luego de que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmara el fallo que hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por "mutuo acuerdo" en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
La Corte consideró que no constituye derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma
La Alzada entendió que, más allá de que no se había probado la existencia de los vicios de la voluntad denunciados por el actor, debía de todos modos restarse valor al aludido acuerdo porque no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la "justa composición de los derechos e intereses de las partes" que exige el artículo 15 de la LCT.
La empresa demandada había argumentado que en el caso se supeditó la validez de lo pactado a la homologación por parte de la autoridad administrativa o judicial, “cuando tal requisito no está establecido en el artículo 241 de la LCT, norma que expresamente prevé la posibilidad de que la extinción contractual se produzca ‘mediante escritura pública’". El fundamento de esa postura era que la homologación solo es requerida por el artículo 15 de la LCT para los "acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios"
La mayoría apoyó esa tesitura luego de analizar la letra del artículo 241, que establece que "Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente".
“En el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal, y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma”, destacó la mayoría de la Corte, que ordenó el dictado de un nuevo fallo
De esa forma, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara del Trabajo que había ordenado que se indemnice a un trabajador que demando a la empresa luego de haber alcanzado un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del art. 241 de la LCT. El empleado había suscripto el acuerdo sin abogado.
El pronunciamiento, dividido, se dictó en el marco del expediente “Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido”, donde triunfó la postura mayoritaria de los supremos Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y las disidencias de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes propiciaron que se rechace la queja de la demandada
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La Corte consideró que no constituye derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma
La Alzada entendió que, más allá de que no se había probado la existencia de los vicios de la voluntad denunciados por el actor, debía de todos modos restarse valor al aludido acuerdo porque no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la "justa composición de los derechos e intereses de las partes" que exige el artículo 15 de la LCT.
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Con información de
DJU
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