Video | Imputan a empresarios textiles por trabajo esclavo
Lunes 24 de
Febrero 2014
El empresario Daniel Awada, cuñado de Mauricio Macri, junto a otros cinco propietarios textiles, están acusados por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular". Las marcas involucradas son Cheeky, Portsaid, Como quieres que te quiera y Kosiuko, entre otras.
CHEEKY, la descarada esclavitud
El empresario Daniel Awada, junto a otros cinco propietario textiles, fue imputado por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular".
El empresario Daniel Awada, cuñado del jefe de Gobierno Mauricio Macri, fue imputado junto con otros cinco propietarios textiles, por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular", en la causa que instruye la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, titular del Juzgado de Instrucción Nº 45.
La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal de primera instancia Andrés Madrea, que "realizó la investigación tras derivarse la causa desde el fuero federal donde habían radicado la denuncia en 2007, el gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo porteña en conjunto con Fundación La Alameda, actualmente presidida por el docente y actual legislador porteño de la coalición Unen, Gustavo Vera.
Según La Alameda los imputados son "Daniel Awada (presidente), cuñado de Macri, y Patricia Norma Fraccione (vicepresidente) de la sociedad Cheek SA cuyas marcas de fantasía son Como Quieras que te Quiera y Cheeky y/o Cheeky Child SRL; Aníbal Marcelo Terra (presidente), e Ingrid Georgina Kern Dornfeld (vicepresidente) de la sociedad Kowsef SA cuya marca es Kosiuko; y Sergio Jaime Said (presidente) y Victoria Papu de Said (vicepresidente) de la sociedad Mazalosa SA cuya marca es Portsaid".
Para los querellantes, estas empresas se proveían de "dos talleres clandestinos" sin habilitación del gobierno porteño, "que estaban conectados entre sí mediante un boquete en la pared simulado por un placard".
Las instalaciones, "donde encerraban bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad", funcionaban en las calles Eugenio Garzón 5611 y el otro en Pola 1995/1997.
Cuando la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal fue al lugar, descubrió "siete costureros en condiciones irregulares y ocho regulares" que "vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario. Ellos cobraban por prendas. Y trabajaban menores de edad".
Entre las pruebas recolectadas por la Federal y Gendarmería Nacional "otra de las pruebas que conecta a Cheeky con el taller esclavista, es la computadora", donde fue detectado "un documento con un molde de confección de una prenda de vestir" de esa marca.
El empresario Daniel Awada, cuñado del jefe de Gobierno Mauricio Macri, fue imputado junto con otros cinco propietarios textiles, por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular", en la causa que instruye la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, titular del Juzgado de Instrucción Nº 45.
La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal de primera instancia Andrés Madrea, que "realizó la investigación tras derivarse la causa desde el fuero federal donde habían radicado la denuncia en 2007, el gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo porteña en conjunto con Fundación La Alameda, actualmente presidida por el docente y actual legislador porteño de la coalición Unen, Gustavo Vera.
Según La Alameda los imputados son "Daniel Awada (presidente), cuñado de Macri, y Patricia Norma Fraccione (vicepresidente) de la sociedad Cheek SA cuyas marcas de fantasía son Como Quieras que te Quiera y Cheeky y/o Cheeky Child SRL; Aníbal Marcelo Terra (presidente), e Ingrid Georgina Kern Dornfeld (vicepresidente) de la sociedad Kowsef SA cuya marca es Kosiuko; y Sergio Jaime Said (presidente) y Victoria Papu de Said (vicepresidente) de la sociedad Mazalosa SA cuya marca es Portsaid".
Para los querellantes, estas empresas se proveían de "dos talleres clandestinos" sin habilitación del gobierno porteño, "que estaban conectados entre sí mediante un boquete en la pared simulado por un placard".
Las instalaciones, "donde encerraban bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad", funcionaban en las calles Eugenio Garzón 5611 y el otro en Pola 1995/1997.
Cuando la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal fue al lugar, descubrió "siete costureros en condiciones irregulares y ocho regulares" que "vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario. Ellos cobraban por prendas. Y trabajaban menores de edad".
Entre las pruebas recolectadas por la Federal y Gendarmería Nacional "otra de las pruebas que conecta a Cheeky con el taller esclavista, es la computadora", donde fue detectado "un documento con un molde de confección de una prenda de vestir" de esa marca.
Con información de
unoentrerios
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