Rodríguez Larreta se presentó en la Corte para pedir la “nulidad e inconstitucionalidad” del recorte de coparticipación
Por:
Federico Mayol
Viernes 18 de
Septiembre 2020
Según el recurso, el decreto de Alberto Fernández significó en los primeros días una quita de más de $862 millones. La ciudad defiende el 2,1% que Mauricio Macri le aumentó a la administración porteña en el 2016. La mención a Cristina Kirchner
Una semana después de adelantarlo en su respuesta oficial al Gobierno, y tras el encuentro a solas de ayer con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recurrió esta mañana formalmente a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se reestablezca en forma “inmediata el derecho de la Ciudad" de percibir 3.50% de coparticipación, que se declare la “nulidad e inconstitucionalidad” del decreto del Poder Ejecutivo que avaló la quita de esos fondos en 1.18%, que consideró “ilegal y arbitrario en modo manifiesto”, y para que se recompongan los recursos que ya empezaron a descontarse a partir del jueves pasado.
“Esta ostensible disminución de ingresos, que sólo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $862.140.379, afecta los cometidos constitucionales básicos y la gestión y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la CABA, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social”, resaltó la administración porteña en el recurso de 97 fojas que lleva la firma de la doctora María Cristina Cuello, representante de la Ciudad, y el patrocinio del procurtador Gabriel Astarloa.
Rodríguez Larreta había anticipado en la conferencia de prensa de hace dos jueves, 24 horas después del anuncio de Alberto Fernández de recorte de los impuestos coparticipables que la administración porteña recibe del Estado nacional, para la creación de un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires, que acudiría al máximo tribunal con una cautelar y un planteo de inconstitucionalidad.
“La aplicación del Decreto 735-PEN-20 genera un déficit diario promedio de $177.638.040 según surge del mismo Informe. La Ciudad se encuentra frente a un concreto y real impedimento para financiar necesidades públicas de significación social”, escribieron los patrocinantes de la Ciudad en la presentación, que entró a las 10.25 por la mesa de entradas de la Corte.
El extenso texto, que hace un repaso de las leyes vigentes en torno al régimen de coparticipación federal y detalle el convenio de traspaso de “las facultades y funciones de seguridad” que Mauricio Macri y Rodríguez celebraron por decreto a principios del 2016, detalle el gasto del Gobierno porteño para el funcionamiento de la Policía, que la Casa Rosada objetó de forma insistente esta semana y que llevó a que Fernández impulsara un proyecto de ley para discutir esos recursos en el Congreso, y que ya entró por el Senado.
Para el oficialismo, el gasto por la seguridad en la Ciudad corresponde a un adicional de 0,92% de la coparticipación, equivalentes a unos $24.500 millones, y no un 2,1%, como se incrementó con la sanción del Pacto Fiscal del 2017. El Ejecutivo porteño resalta incluso que ese 2,1% no alcanza.
“De acuerdo a la sanción del presupuesto 2020 de CABA, el monto previsto de la coparticipación federal de impuestos con destino al gasto en Seguridad no alcanza a cubrir la totalidad del gasto, que asciende a $75.819.974.263. Sin embargo, de acuerdo a la modificación impuesta por el Decreto N° 735-PEN-20, los recursos recibidos del Estado Nacional sólo alcanzarían a cubrir el 44% del gasto destinado a la Función Seguridad Interior. De esta manera, sólo lograría cubrir el 65% del gasto de personal (Inciso 1), quedando un 35% del gasto de seguridad interior sin financiamiento presupuestario asociado, siendo este gasto por su naturaleza totalmente inelástico. Si los recursos se destinan al resto de los incisos estimados para el gasto de toda la Función Seguridad Interior, entonces sólo podría destinarse un 17% de los mismos a los gastos que se realizan para el pago de salarios. Concretamente, en los primeros cinco días hábiles desde que se aplicó el Decreto 735-PEN-20, la Ciudad ha visto disminuido sus ingresos para hacer frente a los gastos de Seguridad Interior por $ 862.140.379, proyectando una pérdida mensual de más de $ 3.000.000.000 de acuerdo a la recaudación real del periodo Mayo-Agosto”, abundaron los letrados de Rodríguez Larreta.
La decisión de la Casa Rosada dejó al vínculo entre Fernández y el jefe de Gobierno -ayer volvieron a encontrarse por primera vez desde el anuncio- herido de muerte. El martes, Rodríguez Larreta había apurado a sus asesores legales -además de Astarloa, trabajaron en el escrito Marcelo D’Alessandro y Jorge Djivaris, del Ministerio de Seguridad y Justicia- para presentar el recurso ante la Corte lo antes posible. El alcalde quería despegar la cautelar y el reclamo de inconstitucionalidad de los anuncios por la cuarentena.
En la Ciudad están convencidos de que el rol de Cristina Kirchner fue clave para la decisión oficial de poda de los recursos que reciben por parte del Estado nacional. Los abogados apovecharon entonces las casi 100 fojas para incluir declaraciones de la ex Presidenta durante la convención constituyente de 1994.
“La señora convencional por Santa Cruz Dra. Fernández de Kirchner señaló: “(…) Cuando la Nación tenía a su cargo los servicios de salud y educación recibía aproximadamente un 46 por ciento en la distribución primaria de la masa coparticipable, y luego de la transferencia de los mencionados servicios a las provincias ha quedado con el 54 por ciento. Es decir que se ha invertido la participación en el ingreso tributario y las provincias han quedado con apenas el 46 por ciento; tienen más funciones vinculadas con la calidad de vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos?”, resaltaron Cuello y Astarloa.
Ahora, será la Corte la que deba expedirse sobre la inconstitucionalidad del reclamo planteado por la Ciudad y sobre la cautelar, con la que Rodríguez Larreta pretende cortar y recuperar los fondos que empezaron a descontarse desde el pasado jueves. Durante el verano, el alcalde ya había avalado la opción de recurrir al máximo tribunal si la Casa Rosada al final avanzaba con el recorte de fondos. Y había empezado, a la par, a vincularse con algunos popes del mundillo judicial.
“En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente en la coparticipación de los Estados locales. Ninguna. Esta decisión inconsulta y precipitada requiere una inmediata decisión de V.E. para lo cual solo la vía rápida del amparo resulta viable”, subrayaron los abogados patrocinantes.
“Tal como surge a lo largo de toda esta presentación, el porcentaje de asignación de recursos de coparticipación que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires llegó al 3,50% producto del consenso entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad. Cualquier disminución que se proponga por parte de la Nación a ese porcentaje de atribución que legítimamente corresponde a la Ciudad deberá ser consensuada en el marco de este acuerdo de voluntades que propone el federalismo de concertación”, agregaron.
“Esta ostensible disminución de ingresos, que sólo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $862.140.379, afecta los cometidos constitucionales básicos y la gestión y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la CABA, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social”, resaltó la administración porteña en el recurso de 97 fojas que lleva la firma de la doctora María Cristina Cuello, representante de la Ciudad, y el patrocinio del procurtador Gabriel Astarloa.
Rodríguez Larreta había anticipado en la conferencia de prensa de hace dos jueves, 24 horas después del anuncio de Alberto Fernández de recorte de los impuestos coparticipables que la administración porteña recibe del Estado nacional, para la creación de un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires, que acudiría al máximo tribunal con una cautelar y un planteo de inconstitucionalidad.
“La aplicación del Decreto 735-PEN-20 genera un déficit diario promedio de $177.638.040 según surge del mismo Informe. La Ciudad se encuentra frente a un concreto y real impedimento para financiar necesidades públicas de significación social”, escribieron los patrocinantes de la Ciudad en la presentación, que entró a las 10.25 por la mesa de entradas de la Corte.
El extenso texto, que hace un repaso de las leyes vigentes en torno al régimen de coparticipación federal y detalle el convenio de traspaso de “las facultades y funciones de seguridad” que Mauricio Macri y Rodríguez celebraron por decreto a principios del 2016, detalle el gasto del Gobierno porteño para el funcionamiento de la Policía, que la Casa Rosada objetó de forma insistente esta semana y que llevó a que Fernández impulsara un proyecto de ley para discutir esos recursos en el Congreso, y que ya entró por el Senado.
Para el oficialismo, el gasto por la seguridad en la Ciudad corresponde a un adicional de 0,92% de la coparticipación, equivalentes a unos $24.500 millones, y no un 2,1%, como se incrementó con la sanción del Pacto Fiscal del 2017. El Ejecutivo porteño resalta incluso que ese 2,1% no alcanza.
“De acuerdo a la sanción del presupuesto 2020 de CABA, el monto previsto de la coparticipación federal de impuestos con destino al gasto en Seguridad no alcanza a cubrir la totalidad del gasto, que asciende a $75.819.974.263. Sin embargo, de acuerdo a la modificación impuesta por el Decreto N° 735-PEN-20, los recursos recibidos del Estado Nacional sólo alcanzarían a cubrir el 44% del gasto destinado a la Función Seguridad Interior. De esta manera, sólo lograría cubrir el 65% del gasto de personal (Inciso 1), quedando un 35% del gasto de seguridad interior sin financiamiento presupuestario asociado, siendo este gasto por su naturaleza totalmente inelástico. Si los recursos se destinan al resto de los incisos estimados para el gasto de toda la Función Seguridad Interior, entonces sólo podría destinarse un 17% de los mismos a los gastos que se realizan para el pago de salarios. Concretamente, en los primeros cinco días hábiles desde que se aplicó el Decreto 735-PEN-20, la Ciudad ha visto disminuido sus ingresos para hacer frente a los gastos de Seguridad Interior por $ 862.140.379, proyectando una pérdida mensual de más de $ 3.000.000.000 de acuerdo a la recaudación real del periodo Mayo-Agosto”, abundaron los letrados de Rodríguez Larreta.
La decisión de la Casa Rosada dejó al vínculo entre Fernández y el jefe de Gobierno -ayer volvieron a encontrarse por primera vez desde el anuncio- herido de muerte. El martes, Rodríguez Larreta había apurado a sus asesores legales -además de Astarloa, trabajaron en el escrito Marcelo D’Alessandro y Jorge Djivaris, del Ministerio de Seguridad y Justicia- para presentar el recurso ante la Corte lo antes posible. El alcalde quería despegar la cautelar y el reclamo de inconstitucionalidad de los anuncios por la cuarentena.
En la Ciudad están convencidos de que el rol de Cristina Kirchner fue clave para la decisión oficial de poda de los recursos que reciben por parte del Estado nacional. Los abogados apovecharon entonces las casi 100 fojas para incluir declaraciones de la ex Presidenta durante la convención constituyente de 1994.
“La señora convencional por Santa Cruz Dra. Fernández de Kirchner señaló: “(…) Cuando la Nación tenía a su cargo los servicios de salud y educación recibía aproximadamente un 46 por ciento en la distribución primaria de la masa coparticipable, y luego de la transferencia de los mencionados servicios a las provincias ha quedado con el 54 por ciento. Es decir que se ha invertido la participación en el ingreso tributario y las provincias han quedado con apenas el 46 por ciento; tienen más funciones vinculadas con la calidad de vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos?”, resaltaron Cuello y Astarloa.
Ahora, será la Corte la que deba expedirse sobre la inconstitucionalidad del reclamo planteado por la Ciudad y sobre la cautelar, con la que Rodríguez Larreta pretende cortar y recuperar los fondos que empezaron a descontarse desde el pasado jueves. Durante el verano, el alcalde ya había avalado la opción de recurrir al máximo tribunal si la Casa Rosada al final avanzaba con el recorte de fondos. Y había empezado, a la par, a vincularse con algunos popes del mundillo judicial.
“En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente en la coparticipación de los Estados locales. Ninguna. Esta decisión inconsulta y precipitada requiere una inmediata decisión de V.E. para lo cual solo la vía rápida del amparo resulta viable”, subrayaron los abogados patrocinantes.
“Tal como surge a lo largo de toda esta presentación, el porcentaje de asignación de recursos de coparticipación que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires llegó al 3,50% producto del consenso entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad. Cualquier disminución que se proponga por parte de la Nación a ese porcentaje de atribución que legítimamente corresponde a la Ciudad deberá ser consensuada en el marco de este acuerdo de voluntades que propone el federalismo de concertación”, agregaron.
Con información de
Infobae
