El Gobierno extendió hasta el 30 de noviembre la prohibición de los despidos y las suspensiones
Jueves 24 de
Septiembre 2020
Mediante la publicación en el Boletín Oficial, se oficializó la medida que impide a las empresas finalizar la relación laboral sin justa causa, por motivos de fuerza mayor o por disminución en la demanda de trabajo
El Gobierno extendió la prohibición para que las empresas despidan o suspendan al personal por otros 60 días, por lo que la medida, que se oficializó mediante la publicación del Decreto 761/2020 en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.
Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1° de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.
De esta forma, el artículo 2 del Decreto estableció “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”. Asimismo, el artículo 3 determinó “la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”.
Además, la normativa publicada en el Boletín Oficial de este jueves aclaró que “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo” y que la medida “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”.
Con esta decisión, el Gobierno intenta sostener los puestos de trabajo en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. Sin embargo, la caída del empleo es significativa. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.
A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700 despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.
A pesar de estos indicadores, el artículo 4 de la normativa insistió en que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
Entre los considerandos del Decreto se fundamentó “que a pesar de los distintos estatus sanitarios existentes en las regiones geográficas del país, la pandemia de COVID-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos”. A su vez, se destacó que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”.
La oposición empresarial
Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.
“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de “digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.
Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1° de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.
De esta forma, el artículo 2 del Decreto estableció “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”. Asimismo, el artículo 3 determinó “la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”.
Además, la normativa publicada en el Boletín Oficial de este jueves aclaró que “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo” y que la medida “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”.
Con esta decisión, el Gobierno intenta sostener los puestos de trabajo en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. Sin embargo, la caída del empleo es significativa. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.
A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700 despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.
A pesar de estos indicadores, el artículo 4 de la normativa insistió en que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
Entre los considerandos del Decreto se fundamentó “que a pesar de los distintos estatus sanitarios existentes en las regiones geográficas del país, la pandemia de COVID-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos”. A su vez, se destacó que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”.
La oposición empresarial
Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.
“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de “digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.
Con información de
Infobae
