El Gobierno ofrecerá "lotes con servicios" para desalentar la toma de tierras en todo el país
Por:
Jaime Rosemberg
Lunes 05 de
Octubre 2020
Con las tomas de tierras convertidas en un conflicto persistente para gobernadores e intendentes, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Alberto Fernández y los movimientos sociales decidieron acelerar la respuesta del Estado a través de la urbanización de 4000 barrios populares de todo el país.
El cambio de estrategia para las "soluciones habitacionales", que incluyó la semana pasada un sonoro cambio de timón en el gabinete nacional, incluirá la oferta de "loteos con servicios", es decir, la entrega de terrenos fiscales en las que es posible sumar servicios como luz y agua.
Esta será la prenda que ofrecerá el Gobierno en la negociación para desalentar las tomas de tierras como las de Guernica, en Presidente Perón, y las que se desarrollaron en el Gran La Plata, donde el intendente Julio Garro (Pro) denunció "negocios inmobiliarios" detrás de la demanda de un techo y pidió penas de prisión para quienes las impulsen y las concreten.
La semana pasada, el Gobierno oficializó el traspaso al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), hasta la semana pasada en la órbita de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
El registro, aprobado por ley del Congreso y acordado en 2018 por los movimientos sociales con la entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley (Cambiemos) acumuló una caja de $8800 millones para obras en barrios vulnerables.
Las organizaciones sociales se quejan de que las partidas fueron "subejecutadas". Desde Desarrollo Social hablan de una ejecución de "solo el 14 por ciento" del presupuesto para villas durante la gestión de Bielsa, a quien de todos modos reconocen su "honestidad" y "buenas intenciones". "Daniel tiene otra impronta, va a poner en agenda el tema", asegura un funcionario, contento por el traspaso.
"Sabíamos que era un Ministerio nuevo, con falta de estructura. Vimos con buenos ojos el cambio para seguir articulando la integración de los barrios con los intendentes de todo el país", afirmó a LA NACIÓN Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana a cargo del Renabap y dirigente de la CTEP, que tiene como referente a Juan Grabois.
"La urbanización de las villas va a ser central para nuestro ministerio en la pospandemia. Vamos a trabajar muy fuerte con los movimientos sociales", agregó a LA NACION Arroyo, empeñado en dar "un horizonte de racionalidad" a la entrega de tierras mediante el loteo con servicios de terrenos lindantes a los barrios populares, a acordar con intendentes y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
"El ministro quiere un trabajo a diez años, con 400 barrios urbanizados cada uno. Nos parece bien y vamos a trabajar en ese sentido", agrega Miño, dando por terminadas las duras críticas de Grabois a Arroyo por la entrega de tarjetas alimentarias y el escándalo de sobreprecios en la compra de fideos, a principios de año.
Mientras atraviesa sus últimos días de aislamiento por coronavirus, Arroyo prefiere no entrar en polémicas ni con Grabois ni con Bielsa, y explica que "hay lugares en donde es imposible brindar servicios como agua, luz y menos cloacas".
Por eso, ya se estudia junto a más de cien intendentes la habilitación de terrenos lindantes con barrios populares para convencer a los ocupantes de tierras ilegales de trasladarse allí. "Los problemas estructurales requieren soluciones de mediano plazo, que la gente vea que hay un camino, una perspectiva para salir de la exclusión. Estamos dando respuesta a esto", agregó a LA NACIÓN Daniel Menéndez, subsecretario de Integración y miembro de Barrios de Pie, otra de las organizaciones sociales con poder en el ministerio que encabeza Arroyo (también La Cámpora y el Movimiento Evita ocupan lugares en el organigrama ministerial).
Nadie lo dirá en público, pero funcionarios nacionales reconocen que el modelo de urbanización de villas como la 31, Rodrigo Bueno o Villa Fraga, motorizadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, son tomadas en cuenta a la hora de los nuevos planes.
El crecimiento de la pobreza
En la semana en la que el índice de pobreza trepó al 40, 9 por ciento, el ministro de Desarrollo Social cree que "a los nuevos pobres que trajo la pandemia se suman a los pobres estructurales y una situación especialmente grave en los chicos de 1 a 14 años". Por eso, a las soluciones habitacionales pretende sumarles la construcción de 800 jardines maternales y de infantes comunitarios, en base a un préstamo del BID, un proceso que, asegura, "ya comenzó".
Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof sigue intentando encontrar una solución a la toma de tierras en Guernica, los intendentes opositores bonaerenses critican el "enfoque" con el que el Gobierno pretende resolver la cuestión. "Más allá de las necesidades reales de mucha gente, las tomas de terrenos son un negocio inmobiliario totalmente informal. Muchas veces las personas son empujadas por abogados, por escribanos o por bandas", afirmó a distintos medios el intendente de La Plata.
En discusión mediática con la diputada kirchnerista Florencia Saintout, Garro criticó su propuesta de "salida conjunta" y calificó de "acto ilegal" las usurpaciones, mientras alertaba sobre el "peligro de inundaciones" en terrenos tomados en la zona de Los Hornos.
Garro es uno de los intendentes bonaerenses que ya recibió pedidos del gobierno de Kicillof para que reciba a familias que ocuparon las tierras de Guernica, punta de un iceberg de reclamos que parece extenderse en distintos puntos del país.
Esta será la prenda que ofrecerá el Gobierno en la negociación para desalentar las tomas de tierras como las de Guernica, en Presidente Perón, y las que se desarrollaron en el Gran La Plata, donde el intendente Julio Garro (Pro) denunció "negocios inmobiliarios" detrás de la demanda de un techo y pidió penas de prisión para quienes las impulsen y las concreten.
La semana pasada, el Gobierno oficializó el traspaso al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), hasta la semana pasada en la órbita de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
El registro, aprobado por ley del Congreso y acordado en 2018 por los movimientos sociales con la entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley (Cambiemos) acumuló una caja de $8800 millones para obras en barrios vulnerables.
Las organizaciones sociales se quejan de que las partidas fueron "subejecutadas". Desde Desarrollo Social hablan de una ejecución de "solo el 14 por ciento" del presupuesto para villas durante la gestión de Bielsa, a quien de todos modos reconocen su "honestidad" y "buenas intenciones". "Daniel tiene otra impronta, va a poner en agenda el tema", asegura un funcionario, contento por el traspaso.
"Sabíamos que era un Ministerio nuevo, con falta de estructura. Vimos con buenos ojos el cambio para seguir articulando la integración de los barrios con los intendentes de todo el país", afirmó a LA NACIÓN Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana a cargo del Renabap y dirigente de la CTEP, que tiene como referente a Juan Grabois.
"La urbanización de las villas va a ser central para nuestro ministerio en la pospandemia. Vamos a trabajar muy fuerte con los movimientos sociales", agregó a LA NACION Arroyo, empeñado en dar "un horizonte de racionalidad" a la entrega de tierras mediante el loteo con servicios de terrenos lindantes a los barrios populares, a acordar con intendentes y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
"El ministro quiere un trabajo a diez años, con 400 barrios urbanizados cada uno. Nos parece bien y vamos a trabajar en ese sentido", agrega Miño, dando por terminadas las duras críticas de Grabois a Arroyo por la entrega de tarjetas alimentarias y el escándalo de sobreprecios en la compra de fideos, a principios de año.
Mientras atraviesa sus últimos días de aislamiento por coronavirus, Arroyo prefiere no entrar en polémicas ni con Grabois ni con Bielsa, y explica que "hay lugares en donde es imposible brindar servicios como agua, luz y menos cloacas".
Por eso, ya se estudia junto a más de cien intendentes la habilitación de terrenos lindantes con barrios populares para convencer a los ocupantes de tierras ilegales de trasladarse allí. "Los problemas estructurales requieren soluciones de mediano plazo, que la gente vea que hay un camino, una perspectiva para salir de la exclusión. Estamos dando respuesta a esto", agregó a LA NACIÓN Daniel Menéndez, subsecretario de Integración y miembro de Barrios de Pie, otra de las organizaciones sociales con poder en el ministerio que encabeza Arroyo (también La Cámpora y el Movimiento Evita ocupan lugares en el organigrama ministerial).
Nadie lo dirá en público, pero funcionarios nacionales reconocen que el modelo de urbanización de villas como la 31, Rodrigo Bueno o Villa Fraga, motorizadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, son tomadas en cuenta a la hora de los nuevos planes.
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En la semana en la que el índice de pobreza trepó al 40, 9 por ciento, el ministro de Desarrollo Social cree que "a los nuevos pobres que trajo la pandemia se suman a los pobres estructurales y una situación especialmente grave en los chicos de 1 a 14 años". Por eso, a las soluciones habitacionales pretende sumarles la construcción de 800 jardines maternales y de infantes comunitarios, en base a un préstamo del BID, un proceso que, asegura, "ya comenzó".
Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof sigue intentando encontrar una solución a la toma de tierras en Guernica, los intendentes opositores bonaerenses critican el "enfoque" con el que el Gobierno pretende resolver la cuestión. "Más allá de las necesidades reales de mucha gente, las tomas de terrenos son un negocio inmobiliario totalmente informal. Muchas veces las personas son empujadas por abogados, por escribanos o por bandas", afirmó a distintos medios el intendente de La Plata.
En discusión mediática con la diputada kirchnerista Florencia Saintout, Garro criticó su propuesta de "salida conjunta" y calificó de "acto ilegal" las usurpaciones, mientras alertaba sobre el "peligro de inundaciones" en terrenos tomados en la zona de Los Hornos.
Garro es uno de los intendentes bonaerenses que ya recibió pedidos del gobierno de Kicillof para que reciba a familias que ocuparon las tierras de Guernica, punta de un iceberg de reclamos que parece extenderse en distintos puntos del país.
Con información de
La Nación
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