25 DE ABRIL 2024
Un experto explicó por qué el impuesto a las grandes fortunas provocará más pobreza e inflación
Miércoles 07 de
Octubre 2020
El Congreso debate un proyecto que el kirchnerismo promueve como un aporte extraordinario en medio de la pandemia por coronavirus pero en términos prácticos podría terminar complicando la delicada situación económica argentina.
La Cámara de Diputados inició el debate del proyecto del impuesto a la riqueza que promueve un tributo extra a las personas que cuentan con un patrimonio mayor a $200 millones. La medida es defendida por el kirchnerismo: dicen que la iniciativa implica que las personas más ricas del país realicen un aporte extraordinario por única vez para colaborar en medio de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
En el plano dialéctico, la propuesta pareciera ser razonable. Sin embargo, cuando los especialistas analizan la letra chica del proyecto de ley y -especialmente- el efecto práctico, se encuentran con que la medida promovida por Carlos Heller y Máximo Kirchner podría terminar provocando todo lo contrario a lo que predican sus postulados.
El tributarista César Litvin lo explica así: “Este nuevo impuesto a las grandes fortunas va a terminar generando más pobreza porque se va a generar un círculo vicioso; cuando los capitales son mimosos, se van a lugares donde los tratan mejor y esto va a terminar impactando en el empleo, va a provocar un descenso del consumo, una menor actividad económica, mayor pobreza, la creación de más planes sociales y por consiguiente el aumento del gasto público”.
El experto en cuestiones tributarias aseguró que hoy los ciudadanos argentinos viven en un país donde existe un desborde impositivo total, donde muchas veces confluyen dos o tres cargas sobre un mismo bien, algo que es notoriamente inconstitucional. Estas irregularidades se aplican también al nuevo régimen que impulsa el Frente de Todos en el Congreso, que terminará gravando bienes que ya están alcanzados por otros impuestos como Ganancias y Bienes Personales. Pero hay un aspecto de la letra chica de la iniciativa que provoca un panorama más complejo: el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto no toma en cuenta los pasivos. Así podría obligar a pagar a una persona que tiene grandes deudas por haber adquirido bienes de capital, lo que no sólo le provocará un dolor de cabeza a una persona en particular sino que además terminará ahogando la producción. Se prevé que esa ostensible confiscatoriedad terminará provocando una judicialización de su aplicación
Estos aspectos son los que motivan especialmente el enojo de los productores agropecuarios, que en modo de protesta están promoviendo el cierre de sus cuentas en el Banco Credicoop, comandado hace años por Heller. Paradójicamente, esa entidad financiera tiene ciertas exenciones fiscales por tratarse de una cooperativa y se encuentra en una situación favorable a la hora de competir con otros jugadores del mercado.
“Los titulares de los inmuebles rurales están exentos del impuesto a los Bienes Personales y ahora van a tener que pagar este nuevo tributo a las grandes fortunas, lo que los obligará a retirar capital de trabajo de las empresas”, explicó Litvin en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.
El proyecto, que ya obtuvo dictamen por la Cámara de Diputados, incluye a todos aquellas personas físicas cuyos activos superen los $200 millones. En el agro alegan que muchos pequeños productores, e incluso contratistas, quedarán incluidos por el elevado valor de la maquinaria agrícola. Con ello, crecerá aún más una presión fiscal que consideran inviable.
“No se toma en consideración el patrimonio de la persona sino solamente los activos, ya que el pasivo aún pudiera corresponderle al activo que se grava no se puede considerar. Además, no existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, provocando esto que la persona que supere con su patrimonio en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente”, señaló la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en una carta a los legisladores de su zona, pidiendo el rechazo al proyecto.
Otro aspecto puntual del proyecto de Heller que critican los productores es que no hace distinciones entre bienes de carácter suntuario o tenencias financieras, con otros inmuebles que tienen una finalidad productiva, como puede ser una parcela rural. Por ello, muchos inmuebles rurales que gozan de exenciones en la normativa del impuesto a los bienes personales, quedarán alcanzados por el impuesto a la riqueza.
Las quejas contra el tributo impulsado por Heller fueron transformándose en las últimas horas en el inicio de un pequeño boicot hacia el banco que preside. De ese modo, aparecieron entidades agropecuarias que exhortaron a sus asociados a cerrar las cuentas en el banco Credicoop y dejar de hacer negocios con la entidad, cuya impronta siempre ha estado destinada a financiar las pequeñas y medianas empresas, en base a su origen cooperativo.
“El diputado Carlos Heller siempre ha demostrado ser un permanente detractor de la producción rural”, dicen las agrupaciones rurales, entre ellas la Sociedad Rural de San Pedro, Sociedad Rural de Rojas, Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores de Areco, Asociación de Productores Rurales de Arrecifes y la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco.
Los productores aseguran que su campaña para que el sector deje de operar con el Credicoop “es una manera activa y legal de expresar nuestro rechazo ante un nuevo impuesto que alcanzará también a pequeños productores y contratistas debido a los altos valores de la maquinaria agrícola y agravará aún mas la presión fiscal ya insoportable”.
También adhirió al boicot la Sociedad Rural de Reconquista, en Santa Fe, algo esperable dado que se trata de la zona de influencia de Vicentin, donde reina un clima adverso al gobierno.
En el plano dialéctico, la propuesta pareciera ser razonable. Sin embargo, cuando los especialistas analizan la letra chica del proyecto de ley y -especialmente- el efecto práctico, se encuentran con que la medida promovida por Carlos Heller y Máximo Kirchner podría terminar provocando todo lo contrario a lo que predican sus postulados.
El tributarista César Litvin lo explica así: “Este nuevo impuesto a las grandes fortunas va a terminar generando más pobreza porque se va a generar un círculo vicioso; cuando los capitales son mimosos, se van a lugares donde los tratan mejor y esto va a terminar impactando en el empleo, va a provocar un descenso del consumo, una menor actividad económica, mayor pobreza, la creación de más planes sociales y por consiguiente el aumento del gasto público”.
El experto en cuestiones tributarias aseguró que hoy los ciudadanos argentinos viven en un país donde existe un desborde impositivo total, donde muchas veces confluyen dos o tres cargas sobre un mismo bien, algo que es notoriamente inconstitucional. Estas irregularidades se aplican también al nuevo régimen que impulsa el Frente de Todos en el Congreso, que terminará gravando bienes que ya están alcanzados por otros impuestos como Ganancias y Bienes Personales. Pero hay un aspecto de la letra chica de la iniciativa que provoca un panorama más complejo: el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto no toma en cuenta los pasivos. Así podría obligar a pagar a una persona que tiene grandes deudas por haber adquirido bienes de capital, lo que no sólo le provocará un dolor de cabeza a una persona en particular sino que además terminará ahogando la producción. Se prevé que esa ostensible confiscatoriedad terminará provocando una judicialización de su aplicación
Estos aspectos son los que motivan especialmente el enojo de los productores agropecuarios, que en modo de protesta están promoviendo el cierre de sus cuentas en el Banco Credicoop, comandado hace años por Heller. Paradójicamente, esa entidad financiera tiene ciertas exenciones fiscales por tratarse de una cooperativa y se encuentra en una situación favorable a la hora de competir con otros jugadores del mercado.
“Los titulares de los inmuebles rurales están exentos del impuesto a los Bienes Personales y ahora van a tener que pagar este nuevo tributo a las grandes fortunas, lo que los obligará a retirar capital de trabajo de las empresas”, explicó Litvin en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.
El proyecto, que ya obtuvo dictamen por la Cámara de Diputados, incluye a todos aquellas personas físicas cuyos activos superen los $200 millones. En el agro alegan que muchos pequeños productores, e incluso contratistas, quedarán incluidos por el elevado valor de la maquinaria agrícola. Con ello, crecerá aún más una presión fiscal que consideran inviable.
“No se toma en consideración el patrimonio de la persona sino solamente los activos, ya que el pasivo aún pudiera corresponderle al activo que se grava no se puede considerar. Además, no existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, provocando esto que la persona que supere con su patrimonio en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente”, señaló la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en una carta a los legisladores de su zona, pidiendo el rechazo al proyecto.
Otro aspecto puntual del proyecto de Heller que critican los productores es que no hace distinciones entre bienes de carácter suntuario o tenencias financieras, con otros inmuebles que tienen una finalidad productiva, como puede ser una parcela rural. Por ello, muchos inmuebles rurales que gozan de exenciones en la normativa del impuesto a los bienes personales, quedarán alcanzados por el impuesto a la riqueza.
Las quejas contra el tributo impulsado por Heller fueron transformándose en las últimas horas en el inicio de un pequeño boicot hacia el banco que preside. De ese modo, aparecieron entidades agropecuarias que exhortaron a sus asociados a cerrar las cuentas en el banco Credicoop y dejar de hacer negocios con la entidad, cuya impronta siempre ha estado destinada a financiar las pequeñas y medianas empresas, en base a su origen cooperativo.
“El diputado Carlos Heller siempre ha demostrado ser un permanente detractor de la producción rural”, dicen las agrupaciones rurales, entre ellas la Sociedad Rural de San Pedro, Sociedad Rural de Rojas, Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores de Areco, Asociación de Productores Rurales de Arrecifes y la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco.
Los productores aseguran que su campaña para que el sector deje de operar con el Credicoop “es una manera activa y legal de expresar nuestro rechazo ante un nuevo impuesto que alcanzará también a pequeños productores y contratistas debido a los altos valores de la maquinaria agrícola y agravará aún mas la presión fiscal ya insoportable”.
También adhirió al boicot la Sociedad Rural de Reconquista, en Santa Fe, algo esperable dado que se trata de la zona de influencia de Vicentin, donde reina un clima adverso al gobierno.
Con información de
Infobae
