25 DE ABRIL 2024
Disconformidad empresaria con la nueva Ley de Economía del Conocimiento
Viernes 09 de
Octubre 2020
En la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó la nueva versión de la Ley de la Economía del Conocimiento. Esta ley, cuyo objetivo es impulsar a los sectores vinculados a la ciencia y la tecnología mediante una serie de beneficios, había sido aprobada el año pasado e impulsada por el Gobierno anterior, y empezaba a regir a partir de enero de este año.
Sin embargo, tras el cambio de Gobierno en diciembre, la administración del presidente Alberto Fernández frenó su ejecución y envió nuevamente el proyecto al Congreso para hacerle cambios.
Luego de estar el proyecto once meses en el Congreso, tiempo en el que las empresas tecnológicas pedían la pronta implementación de esta ley, finalmente se sancionó la nueva ley en Diputados con el apoyo del Frente de Todos, mientras que los diputados del bloque de Juntos por el Cambio se abstuvieron en la votación debido a la discrepancia con los cambios introducidos por el oficialismo.
Una de las principales diferencias de esta nueva versión respecto a la ley original es que se aplicará una escala en los beneficios a las empresas según su volumen: sobre el impuesto a las Ganancias, las empresas grandes tendrán una rebaja de sólo 20%, mientras que en las medianas y pequeñas empresas se aplicará un descuento de 40% y 60%, respectivamente.
Las compañías tecnológicas, que estaban satisfechas con la versión original de esta ley, emitieron críticas sobre los cambios realizados, que consideran que reducen los incentivos a las empresas que exportan. Argencon, asociación que agrupa a empresas relacionadas con las áreas del conocimiento, si bien valoró que por fin se haya sancionado esta ley, afirmó ayer en un comunicado que el balance general de los cambios introducidos en la reforma, comparados con la ley original, es “desalentador”.
“Si bien es mejor tener algún beneficio que ninguno, la reforma es débil en el punto más crítico de la economía del conocimiento: la capacidad competitiva del país en el mercado global”, indicó la entidad, al tiempo que sostuvo en su comunicado que “los cambios introducidos disminuyen los incentivos para los sectores que mayor potencial de desarrollo tienen, que son los vinculados a los mercados externos”.
De acuerdo con la entidad, la nueva versión de esta ley, que implica la quita de la estabilidad fiscal, la imposición de un cupo anual a los beneficios y el otorgamiento a la autoridad de aplicación de las facultades de redistribuirlos y de modificar los requisitos establecidos para las empresas que adhieran, “crea un margen de incertidumbre sobre aspectos centrales del régimen a futuro”.
“El diseño de los beneficios establecidos en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen”, indicó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, que agregó que “la relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta tres a uno”. “Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”, afirmó.
Por su parte, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) coincidió en que “es mejor tener esta ley que no tener ninguna”, aunque se cuestionó, entre otros puntos introducidos en la reforma, el impedimento a ingresar a los beneficios de esta ley en base por una disminución en la nómina. “Esto implica que no se puede subsanar el incumplimiento y que además podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen, porque perdió vigencia el beneficio por no cumplir con este requisito”, explicó.
“Frente a dicha problemática, recomendamos trabajar en conjunto para que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades que representa. Principalmente, en aquellas reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir, tales como renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como, por ejemplo, fallecimientos”, agregó Cessi en un comunicado difundido ayer.
Areas y beneficios
La Ley de la Economía del Conocimiento reemplazará a la Ley del Software. Fue diseñada y sancionada por primera vez en 2019 y su objetivo es promover las nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de las pymes y aumentar las exportaciones de empresas de la industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.
La ley distribuye beneficios fiscales como la reducción en el impuesto a las Ganancias y en las contribuciones patronales. Además, se creará un Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento exclusivo para pymes, con el objetivo de financiar la capacitación y formación laboral, proyectos de inversión productiva, internacionalización de empresas y actividades de innovación. La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.
Luego de estar el proyecto once meses en el Congreso, tiempo en el que las empresas tecnológicas pedían la pronta implementación de esta ley, finalmente se sancionó la nueva ley en Diputados con el apoyo del Frente de Todos, mientras que los diputados del bloque de Juntos por el Cambio se abstuvieron en la votación debido a la discrepancia con los cambios introducidos por el oficialismo.
Una de las principales diferencias de esta nueva versión respecto a la ley original es que se aplicará una escala en los beneficios a las empresas según su volumen: sobre el impuesto a las Ganancias, las empresas grandes tendrán una rebaja de sólo 20%, mientras que en las medianas y pequeñas empresas se aplicará un descuento de 40% y 60%, respectivamente.
Las compañías tecnológicas, que estaban satisfechas con la versión original de esta ley, emitieron críticas sobre los cambios realizados, que consideran que reducen los incentivos a las empresas que exportan. Argencon, asociación que agrupa a empresas relacionadas con las áreas del conocimiento, si bien valoró que por fin se haya sancionado esta ley, afirmó ayer en un comunicado que el balance general de los cambios introducidos en la reforma, comparados con la ley original, es “desalentador”.
“Si bien es mejor tener algún beneficio que ninguno, la reforma es débil en el punto más crítico de la economía del conocimiento: la capacidad competitiva del país en el mercado global”, indicó la entidad, al tiempo que sostuvo en su comunicado que “los cambios introducidos disminuyen los incentivos para los sectores que mayor potencial de desarrollo tienen, que son los vinculados a los mercados externos”.
De acuerdo con la entidad, la nueva versión de esta ley, que implica la quita de la estabilidad fiscal, la imposición de un cupo anual a los beneficios y el otorgamiento a la autoridad de aplicación de las facultades de redistribuirlos y de modificar los requisitos establecidos para las empresas que adhieran, “crea un margen de incertidumbre sobre aspectos centrales del régimen a futuro”.
“El diseño de los beneficios establecidos en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen”, indicó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, que agregó que “la relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta tres a uno”. “Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”, afirmó.
Por su parte, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) coincidió en que “es mejor tener esta ley que no tener ninguna”, aunque se cuestionó, entre otros puntos introducidos en la reforma, el impedimento a ingresar a los beneficios de esta ley en base por una disminución en la nómina. “Esto implica que no se puede subsanar el incumplimiento y que además podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen, porque perdió vigencia el beneficio por no cumplir con este requisito”, explicó.
“Frente a dicha problemática, recomendamos trabajar en conjunto para que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades que representa. Principalmente, en aquellas reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir, tales como renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como, por ejemplo, fallecimientos”, agregó Cessi en un comunicado difundido ayer.
Areas y beneficios
La Ley de la Economía del Conocimiento reemplazará a la Ley del Software. Fue diseñada y sancionada por primera vez en 2019 y su objetivo es promover las nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de las pymes y aumentar las exportaciones de empresas de la industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.
La ley distribuye beneficios fiscales como la reducción en el impuesto a las Ganancias y en las contribuciones patronales. Además, se creará un Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento exclusivo para pymes, con el objetivo de financiar la capacitación y formación laboral, proyectos de inversión productiva, internacionalización de empresas y actividades de innovación. La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.
Con información de
El Economista
