Avanza en Diputados proyecto de consenso para prohibir ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore
Por:
Guillermo Gammacurta
Martes 13 de
Octubre 2020
Ahora el texto elimina a los países no cooperantes, contemplados en el proyecto original. En cambio, se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados trata hoy un proyecto de consenso entre el bloque oficialista Frente de Todos, Consenso Federal y del interbloque a cargo de José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) que apunta a prohibir la ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore.
El proyecto original fue modificado con la incorporación de algunos puntos solicitados desde la oposición, que permitieron llegar a un texto consensuado. Entre los cambios, se eliminó del listado a los países no cooperantes, en de forma llamativa “aparecen varios países que están lejos de ser una guarida fiscal mientras que varias guaridas, por todos conocidas brillan por su ausencia”, tal como explicaron fuentes legislativas. Es por eso que se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales., tal como lo había reclamado Juntos por el Cambio.
Además, el texto de la norma establece que tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado.
El nuevo proyecto prohíbe taxativamente al Estado Nacional y a cualquier empresa con participación estatal mayoritaria asistir económicamente a las personas físicas y jurídicas con activos offshore y al resto de los sujetos comprendidos en la ley. En el artículo 2 de la norma se establecieron 13 incisos en donde se mencionan las formas de más sofisticadas de actividad offshoring que las empresas y personas suelen utilizar para escapar al control del Estado y eludir sus responsabilidades fiscales.
La diputada oficialista Fernanda Vallejos trabajó durante más de 15 días con Camaño y Carro para alcanzar un acuerdo en la redacción del proyecto, que con los cambios introducidos termina siendo más exigente que el original.
Al respecto, la también economista dijo que “elaboramos un dictamen realmente muy bueno. Creo que, a partir de esta norma, los ‘vivos’ que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos, para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”.
En el mismo sentido, Camaño explicó que “no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”.
En tanto que Carro dijo que “es importante que el Estado cuente con un instrumento que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas que a través intríngulis contables se dedican a evadir impuestos”.
Vale recordar que en la sesión del 25 de septiembre pasado, el proyecto obtuvo dictamen pero ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini de Consenso Federal, por un cambio que se le introdujo a último momento, volvió a la Comisión a partir de una propuesta del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
El proyecto que se discute en la Comisión, denominado “Ley Nacional de Prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales”, incluye 9 artículos, dos de los cuales son de forma.
En el artículo 1 se define como objeto de la ley “consagrar y establecer la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional".
La iniciativa aclara que entre los sujetos comprendidos se encuentran “las sociedades constituidas en el extranjero, en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones”. Y en ese punto, introduce que alcanza a las personas humanas o jurídicas ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación, entre otras.
Una de las novedades del proyecto, es que incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero y a aquellos que tengan deudas con el fisco superiores a $15 millones o registren impagos con el sistema de seguridad social superiores a los $12 millones.
Si bien Vallejos logró un proyecto de dictamen a partir del trabajo conjunto con Camaño y Carro, la duda pasar por saber si tendrá el apoyo en el recinto. En el poroteo previo, el bloque Unidad y Equidad Federal, comandado por el diputado José Luis Ramón, adelantó que acompañará la propuesta del Frente de Todos y Consenso Federal, que terminó de redactar Vallejos. Resta saber cómo responderá Juntos por el Cambio luego de que se introdujera uno de los pedidos realizado por el bloque opositor. En principio, el titular del bloque Mario Negri primero dijo que acompañaría el proyecto original pero después dio marcha atrás y puso en duda su apoyo.
El proyecto original fue modificado con la incorporación de algunos puntos solicitados desde la oposición, que permitieron llegar a un texto consensuado. Entre los cambios, se eliminó del listado a los países no cooperantes, en de forma llamativa “aparecen varios países que están lejos de ser una guarida fiscal mientras que varias guaridas, por todos conocidas brillan por su ausencia”, tal como explicaron fuentes legislativas. Es por eso que se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales., tal como lo había reclamado Juntos por el Cambio.
Además, el texto de la norma establece que tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado.
El nuevo proyecto prohíbe taxativamente al Estado Nacional y a cualquier empresa con participación estatal mayoritaria asistir económicamente a las personas físicas y jurídicas con activos offshore y al resto de los sujetos comprendidos en la ley. En el artículo 2 de la norma se establecieron 13 incisos en donde se mencionan las formas de más sofisticadas de actividad offshoring que las empresas y personas suelen utilizar para escapar al control del Estado y eludir sus responsabilidades fiscales.
La diputada oficialista Fernanda Vallejos trabajó durante más de 15 días con Camaño y Carro para alcanzar un acuerdo en la redacción del proyecto, que con los cambios introducidos termina siendo más exigente que el original.
Al respecto, la también economista dijo que “elaboramos un dictamen realmente muy bueno. Creo que, a partir de esta norma, los ‘vivos’ que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos, para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”.
En el mismo sentido, Camaño explicó que “no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”.
En tanto que Carro dijo que “es importante que el Estado cuente con un instrumento que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas que a través intríngulis contables se dedican a evadir impuestos”.
Vale recordar que en la sesión del 25 de septiembre pasado, el proyecto obtuvo dictamen pero ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini de Consenso Federal, por un cambio que se le introdujo a último momento, volvió a la Comisión a partir de una propuesta del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
El proyecto que se discute en la Comisión, denominado “Ley Nacional de Prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales”, incluye 9 artículos, dos de los cuales son de forma.
En el artículo 1 se define como objeto de la ley “consagrar y establecer la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional".
La iniciativa aclara que entre los sujetos comprendidos se encuentran “las sociedades constituidas en el extranjero, en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones”. Y en ese punto, introduce que alcanza a las personas humanas o jurídicas ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación, entre otras.
Una de las novedades del proyecto, es que incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero y a aquellos que tengan deudas con el fisco superiores a $15 millones o registren impagos con el sistema de seguridad social superiores a los $12 millones.
Si bien Vallejos logró un proyecto de dictamen a partir del trabajo conjunto con Camaño y Carro, la duda pasar por saber si tendrá el apoyo en el recinto. En el poroteo previo, el bloque Unidad y Equidad Federal, comandado por el diputado José Luis Ramón, adelantó que acompañará la propuesta del Frente de Todos y Consenso Federal, que terminó de redactar Vallejos. Resta saber cómo responderá Juntos por el Cambio luego de que se introdujera uno de los pedidos realizado por el bloque opositor. En principio, el titular del bloque Mario Negri primero dijo que acompañaría el proyecto original pero después dio marcha atrás y puso en duda su apoyo.
Con información de
Ámbito
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