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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
ESPAÑA
El Gobierno fija el examen de acceso a la abogacía que será tipo test y hará media con el master
Domingo 09 de
Marzo 2014
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regula el examen de acceso a la abogacía y procuraduría, aunque sigue sin conocerse la fecha exacta en que tendrá lugar la prueba. Según el Ejecutivo “se dará a conocer en los próximos días y no podrá producirse al menos hasta tres meses después de publicarse la fecha”.
El Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros reforma el del año 2011 (775/2011), de modo que la prueba constará únicamente de una parte escrita de respuestas múltiples, que deberán resolver preguntas teóricas y supuestos prácticos “sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores”. Se elimina, así, la segunda parte del examen propuesta por el anterior gobierno, que consistía en resolver un caso práctico.
Según el Ministerio de Justicia, “de esta forma se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teórico-práctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado”.
El Real Decreto aprobado hoy también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas. El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%).
La normativa modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones.
Dicha ley estimó necesario adquirir una cualificación profesional más allá de la sola obtención de una titulación universitaria tanto para la consecución del título profesional de abogado (quien presta asistencia letrada bajo esa denominación) como el de procurador (que ejerce la representación procesal de las partes en los procesos judiciales).
Ese proceso de capacitación profesional se adquiere mediante la superación de una formación especializada a través de la realización de cursos de formación que han de incluir un periodo de prácticas externas y superar una evaluación.
Un retraso polémico
La prueba se celebrará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que reclamaron, hace pocas semanas, la convocatoria urgente de la prueba y aseguraron que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el master de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.
Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado.
El retraso en publicar la convocatoria llevó a un centenar de antiguos alumnos de Derecho a unirse bajo la plataforma ‘Abogados sin Toga‘ para denunciar el “desamparo” de cerca de 400 graduados que no pueden ejercer su profesión porque Justicia y Educación no han convocado el examen final necesario para colegiarse.
La situación seguirá así por lo menos durante tres meses más de modo que tras una vacatio legis de cinco años y tres más de cambios sucesivos en la normativa de desarrollo, la ley aprobada en el año 2006 sigue todavía sin desplegar todos sus efectos.
Según el Ministerio de Justicia, “de esta forma se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teórico-práctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado”.
El Real Decreto aprobado hoy también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas. El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%).
La normativa modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones.
Dicha ley estimó necesario adquirir una cualificación profesional más allá de la sola obtención de una titulación universitaria tanto para la consecución del título profesional de abogado (quien presta asistencia letrada bajo esa denominación) como el de procurador (que ejerce la representación procesal de las partes en los procesos judiciales).
Ese proceso de capacitación profesional se adquiere mediante la superación de una formación especializada a través de la realización de cursos de formación que han de incluir un periodo de prácticas externas y superar una evaluación.
Un retraso polémico
La prueba se celebrará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que reclamaron, hace pocas semanas, la convocatoria urgente de la prueba y aseguraron que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el master de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.
Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado.
El retraso en publicar la convocatoria llevó a un centenar de antiguos alumnos de Derecho a unirse bajo la plataforma ‘Abogados sin Toga‘ para denunciar el “desamparo” de cerca de 400 graduados que no pueden ejercer su profesión porque Justicia y Educación no han convocado el examen final necesario para colegiarse.
La situación seguirá así por lo menos durante tres meses más de modo que tras una vacatio legis de cinco años y tres más de cambios sucesivos en la normativa de desarrollo, la ley aprobada en el año 2006 sigue todavía sin desplegar todos sus efectos.
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