Los senadores provinciales Lisandro Enrico y Hugo Marcucci pidieron formalmente la constitución del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Acusación para destituir a la fiscal Milagros Parodi. Se trata de la funcionaria que quedó bajo la lupa después de no solicitar la prisión preventiva para un sujeto que robó la casa de fotografía Fotolab, y un par de horas después volvió al lugar del hecho para que exigirle a la víctima 500 pesos a modo de “resarcimiento” por los “malos tratos recibidos en dependencias policiales”. El delincuente finalmente fue atrapado en Rafaela por otro delito y ayer fue trasladado a la capital provincial.
 
 
El planteo de los legisladores radicales es el primero en contra de un funcionario del nuevo sistema, que debutó el 10 de febrero pasado. Entre los argumentos, dijeron que Parodi incurrió en “la comisión de faltas graves (...), en atención a la actuación negligente y las omisiones que han derivado en el incumplimiento de una debida actuación procesal”. Además, indicaron “que la explicación que ha dado públicamente sobre su actuar ha sido endeble y poco fundado, dando la sensación de tener poca certeza y convicción sobre las medidas tomadas”.
 
 
Para Enrico y Marcucci, la fiscal al haber permitido que el imputado del robo a Fotolab quede libre –porque no tenía antecedentes y el arma con la que encañonó al comerciante no funcionaba– sólo generó “en la opinión pública desconfianza en cuanto a las funciones del propio Ministerio Público de la Acusación como así también sentimiento de desprotección”. No obstante ello, los dirigentes políticos también entienden que Parodi sí “tenía elementos fácticos suficientes para actuar e impulsar medidas muy diferentes a las aplicadas”.
 
 
El episodio comenzó el martes 11 de marzo último, cuando M.L.O., de 19 años, irrumpió en horas del mediodía en la casa de fotografía Fotolab, ubicada en avenida Blas Parera al 7.200. A punta de pistola el delincuente se llevó algo de dinero y unos productos de electrónica, pero la respuesta rápida de la policía permitió su detención. Horas después el detenido fue llevado a los tribunales pero la fiscal no pidió su prisión preventiva porque entendió que no tenía elementos suficientes.
 
 
Pasaron menos de 24 horas y M.L.O. volvió a Fotolab, esta vez para reclamar 500 pesos en compensación al maltrato que recibió por parte de la policía. El comerciante optó por no entregarle el dinero y ante la amenaza de denunciarlo –otra vez– el sujeto se retiró del lugar. Allí empezó la polémica sobre el accionar de Milagros Parodi, que sólo se limitó a decir que “este sujeto estaba detenido por tentativa de robo a un comercio”, el arma no funcionaba y no tenía antecedentes, por eso entendió que no era necesario que siga tras las rejas.
 
 
Tentativa no, robo
Los senadores de la UCR-FPCyS consideraron que la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación sí tenía elementos para solicitar la encarcelación de M.L.O., ya que su detención fue “en estado de flagrancia, con el arma y los objetos robados”. Incluso aseguraron que “con todos esos elementos de prueba en su poder debió haber solicitado la celebración de la audiencia imputativa dada la gravedad del hecho acontecido”.
 
 
“Con una liviandad impropia para un funcionario del Ministerio Público de la Acusación que tiene en sus manos el instar de la acción punitiva, la fiscal Parodi no solamente no actuó y afectó con su omisión el servicio de justicia, sino que permitió que el imputado –y con antecedentes penales– siga reiterando delitos, como el de coacción en menos de 24 horas a la misma víctima de su delito anterior. Luego, en cuestión de días, en la ciudad de Rafaela, donde se lo detuvo por intento de robo con arma blanca”, explicaron. “De haber sido otro el actuar de la fiscal Parodi, cumpliendo correctamente su rol, no se hubieran reiterado estas nuevas conductas antijurídicas (...). El temperamento débil de la fiscal Parodi, que calificó la conducta delictiva como de tentativa y no de robo, a pesar de tener elementos claros para la calificación del delito, privó al Estado de contar con un elemento incriminante que hubiera permitido aplicar con más entereza la ley ante un hecho repudiable”, agregaron Enrico y Marcucci.
 
“Los fiscales, ante la situación de hechos de inseguridad por la que está atravesando la sociedad, tienen que actuar en defensa de la víctima sin dejar de respetar los derechos y garantías constitucionales del imputado, pero privilegiando su rol de acusador y, frente a casos como el de referencia, donde el delincuente ha sido descubierto «in fraganti» y con la tenencia de un arma de fuego (escopeta recortada calibre 16), deben asumir un criterio restrictivo al momento de no objetar la libertad personal y, como mínimo, solicitar la realización de la audiencia imputativa”, finalizaron.