Córdoba
Un preso fue torturado y abusado por penitenciarios en el penal de Villa Dolores.
Jueves 27 de
Marzo 2014
víctima cumple una condena por tráfico de drogas. Imputan a seis guardiacárceles, al médico y al director del penal de Villa Dolores.
Un condenado a disposición del Tribunal Oral Federal N°2 fue torturado salvajemente y abusado. El estremecedor caso se registró en la cárcel de Villa Dolores y su caso fue corroborado plenamente por médicos forenses.
El preso, cuya identidad se reserva por razones obvias, cumplía condena por tráfico de estupefacientes, era reincidente por segunda o tercera vez y fue trasladado desde Córdoba al penal de Traslasierra. El interno tenía problemas con sus compañeros de pabellón y por su mala conducta fue sancionado y confinado en una celda de aislamiento.
En el calabozo decidió quitarse la vida y se colgó con un trozo de toalla. Otros presos que advirtieron lo que estaba sucediendo comenzaron a gritar y lograron que los guardias abrieran la celda de castigo. Esto permitió que el suicida sobreviviera. En señal de protesta, el presidiario se hizo unos cortes en el rostro y otras partes del cuerpo. La primera medida que se adoptó fue atarlo de pies y manos para que no se autoagrediera.
Para “escarmentar al rebelde”, un grupo de guardiacárceles lo golpeó brutalmente y abusaron de él. El hombre torturado se comunicó con el juez de ejecución penal (algún magistrado del Tribunal Oral Federal N°2) y horas más tarde, la víctima formulaba la denuncia ante el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano.
El fiscal advirtió que el denunciante presentaba golpes, pero le costaba creer lo que le había narrado. Es más, el médico de la cárcel había revisado al interno y no había informado sobre irregularidades.
Frente a la tremenda historia narrada por el condenado, la primera medida de Vidal Lascano fue enviarlo al consultorio de Tribunales Federales. Los forenses dictaminaron que el paciente presentaba un cuadro de “proctorracia” (pérdida de sangre) y de inmediato fue remitido al Hospital Nacional de Clínicas para que lo revisara un especialista.
De allí fue derivado al Hospital San Roque, donde el equipo de proctología corroboró los daños sufridos por el preso.
Salvajismo
El estudio no hizo más que confirmar la denuncia del interno, quien precisó que había sido vejado con un palo en tres oportunidades. Ante semejante salvajismo, el fiscal decidió imputar a los torturadores, al médico y al director de la prisión de Traslasierra. Esto ocurrió el jueves de la semana pasada y, por cuestiones de compensación de feria, le tocó actuar al juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro.
Así, resultaron imputados por torturas graves seis guardiacárceles pero hasta el momento sólo uno fue debidamente identificado. Al director y al médico se los acusa de encubrimiento agravado por haber protegido con su silencio al personal involucrado en el aberrante episodio.
Las imputaciones se confirmaron el jueves y el fiscal le solicitó a Bustos Fierro que postergara las indagatorias del guardiacárcel identificado, del médico y del responsable de la cárcel para que “no hicieran desaparecer las pruebas”.
En consecuencia, se ordenó el allanamiento del establecimiento penitenciario y el secuestro del libro de guardia y de la documentación del consultorio médico.
“La intención era resguardar las pruebas para esclarecer totalmente este hecho de salvajismo y poder identificar a los otros cinco o seis guardiacárceles que participaron de esta sesión de torturas”, explicó un colaborador de Vidal Lascano.
Para preservar la seguridad del presidiario, y a su pedido, se lo habría trasladado al penal de barrio San Martín. El pensamiento de Vidal Lascano sería que, para evitar represalias, el condenado por traficar drogas fuera enviado a una cárcel de otro provincia.
El preso, cuya identidad se reserva por razones obvias, cumplía condena por tráfico de estupefacientes, era reincidente por segunda o tercera vez y fue trasladado desde Córdoba al penal de Traslasierra. El interno tenía problemas con sus compañeros de pabellón y por su mala conducta fue sancionado y confinado en una celda de aislamiento.
En el calabozo decidió quitarse la vida y se colgó con un trozo de toalla. Otros presos que advirtieron lo que estaba sucediendo comenzaron a gritar y lograron que los guardias abrieran la celda de castigo. Esto permitió que el suicida sobreviviera. En señal de protesta, el presidiario se hizo unos cortes en el rostro y otras partes del cuerpo. La primera medida que se adoptó fue atarlo de pies y manos para que no se autoagrediera.
Para “escarmentar al rebelde”, un grupo de guardiacárceles lo golpeó brutalmente y abusaron de él. El hombre torturado se comunicó con el juez de ejecución penal (algún magistrado del Tribunal Oral Federal N°2) y horas más tarde, la víctima formulaba la denuncia ante el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano.
El fiscal advirtió que el denunciante presentaba golpes, pero le costaba creer lo que le había narrado. Es más, el médico de la cárcel había revisado al interno y no había informado sobre irregularidades.
Frente a la tremenda historia narrada por el condenado, la primera medida de Vidal Lascano fue enviarlo al consultorio de Tribunales Federales. Los forenses dictaminaron que el paciente presentaba un cuadro de “proctorracia” (pérdida de sangre) y de inmediato fue remitido al Hospital Nacional de Clínicas para que lo revisara un especialista.
De allí fue derivado al Hospital San Roque, donde el equipo de proctología corroboró los daños sufridos por el preso.
Salvajismo
El estudio no hizo más que confirmar la denuncia del interno, quien precisó que había sido vejado con un palo en tres oportunidades. Ante semejante salvajismo, el fiscal decidió imputar a los torturadores, al médico y al director de la prisión de Traslasierra. Esto ocurrió el jueves de la semana pasada y, por cuestiones de compensación de feria, le tocó actuar al juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro.
Así, resultaron imputados por torturas graves seis guardiacárceles pero hasta el momento sólo uno fue debidamente identificado. Al director y al médico se los acusa de encubrimiento agravado por haber protegido con su silencio al personal involucrado en el aberrante episodio.
Las imputaciones se confirmaron el jueves y el fiscal le solicitó a Bustos Fierro que postergara las indagatorias del guardiacárcel identificado, del médico y del responsable de la cárcel para que “no hicieran desaparecer las pruebas”.
En consecuencia, se ordenó el allanamiento del establecimiento penitenciario y el secuestro del libro de guardia y de la documentación del consultorio médico.
“La intención era resguardar las pruebas para esclarecer totalmente este hecho de salvajismo y poder identificar a los otros cinco o seis guardiacárceles que participaron de esta sesión de torturas”, explicó un colaborador de Vidal Lascano.
Para preservar la seguridad del presidiario, y a su pedido, se lo habría trasladado al penal de barrio San Martín. El pensamiento de Vidal Lascano sería que, para evitar represalias, el condenado por traficar drogas fuera enviado a una cárcel de otro provincia.
Con información de
lavoz
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