Federici desvió a la UIF de sus funciones, dice informe oficial
Por:
Andrés Lerner
Martes 20 de
Julio 2021
El informe de gestión que examinó el estado de la Unidad de Información Financiera (UIF) antes del cambio de gobierno reveló que la oficina de Mariano Federici abandonó causas iniciadas antes del 2016, centró sus esfuerzos en investigar a exfuncionarios y redujo controles a entidades financieras.
Además, cuestionó la inexistencia de “un registro actualizado de los bienes decomisados” y señaló que como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones financieras el organismo acumuló una deuda de más de u$s 220 mil.
Luego de que Cristina de Kirchner, durante su exposición en la causa por el Memorándum con Irán, señalara a la UIF de Macri como una de las impulsoras de una persecución política, Ámbito pudo acceder a un documento oficial que detalla la maniobra para redireccionar las tareas y dejar a un lado las investigaciones de lavado de activos.
La vicepresidenta sostuvo que “la OA y la UIF se convirtieron en querellantes de todas las causas en que había un acusado K para actuar, no para averiguar la verdad sino para perseguir en forma anómala en distintos expedientes”. Sobre ese punto, el informe confirma que entre 2015 y 2019 las querellas se centraron en los delitos precedentes contra la administración pública y señala que se relegaron los delitos fiscales, la trata de personas, el contrabando, la intermediación financiera ilícita y el financiamiento del terrorismo, entre otros.
En este sentido el informe, pone de manifiesto que se dejaron de impulsar varias causas iniciadas con anterioridad al 2016 y cita el ejemplo HSBC: “se paralizó la intervención de la UIF en causas de lavado de activos de una importante entidad financiera sancionada internacionalmente”, señaló la auditoría.
Según el documento oficial, “la normativa dictada para las instituciones financieras ha dificultado la efectividad del sistema de prevención y derivó en una gran cantidad de recomendaciones de archivo por la discrecionalidad a la que daba lugar. Durante el período 2016-2019 se percibió una caída en la totalidad de los sumarios iniciados, debido a la falta de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)”. El relevamiento cuestiona la ausencia de criterios objetivos en la imposición de sanciones y señala que hubo parcialidad en el ejercicio de la facultad. Remarca que “las sanciones estuvieron orientadas en su mayoría a escribanos (en un 70% de los procedimientos iniciados) y modestamente dirigidos a instituciones financieras (sólo un 30%)”.
Según consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, luego de las elecciones del 2019 se dejaron de atender las obligaciones económicas y financieras del organismo. El incumplimiento más gravoso fue la falta de pago de alquileres, pero también se atrasaron los cobros de los proveedores. A fines del mandato de Macri la deuda ascendía a la suma de u$s 226.747.
En cuanto a los manejos económicos y administrativos, el informe da cuenta de que “al asumir la nueva gestión en enero del 2020, no se encontró un sector de patrimonio e inventario y se observó una discontinuidad en el registro de los bienes adquiridos”. En esa misma línea, se objetó la inexistencia de un registro centralizado y actualizado de bienes decomisados.
En otro orden, se le señalaron a Federici demoras en las tramitaciones de sumarios que generaron “numerosos planteos de nulidades y prescripciones”, como así también “ineficiencia y sobrecostos en el uso de recursos públicos”. Además el informe asegura que la gestión de Cambiemos realizó un “escaso ejercicio de la facultad de querellar”.
En este sentido, los datos oficiales marcan que en 2019 se iniciaron nueve querellas, mientras que en el período del 2020, con la pandemia de por medio, se iniciaron 35.
Luego de que Cristina de Kirchner, durante su exposición en la causa por el Memorándum con Irán, señalara a la UIF de Macri como una de las impulsoras de una persecución política, Ámbito pudo acceder a un documento oficial que detalla la maniobra para redireccionar las tareas y dejar a un lado las investigaciones de lavado de activos.
La vicepresidenta sostuvo que “la OA y la UIF se convirtieron en querellantes de todas las causas en que había un acusado K para actuar, no para averiguar la verdad sino para perseguir en forma anómala en distintos expedientes”. Sobre ese punto, el informe confirma que entre 2015 y 2019 las querellas se centraron en los delitos precedentes contra la administración pública y señala que se relegaron los delitos fiscales, la trata de personas, el contrabando, la intermediación financiera ilícita y el financiamiento del terrorismo, entre otros.
En este sentido el informe, pone de manifiesto que se dejaron de impulsar varias causas iniciadas con anterioridad al 2016 y cita el ejemplo HSBC: “se paralizó la intervención de la UIF en causas de lavado de activos de una importante entidad financiera sancionada internacionalmente”, señaló la auditoría.
Según el documento oficial, “la normativa dictada para las instituciones financieras ha dificultado la efectividad del sistema de prevención y derivó en una gran cantidad de recomendaciones de archivo por la discrecionalidad a la que daba lugar. Durante el período 2016-2019 se percibió una caída en la totalidad de los sumarios iniciados, debido a la falta de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)”. El relevamiento cuestiona la ausencia de criterios objetivos en la imposición de sanciones y señala que hubo parcialidad en el ejercicio de la facultad. Remarca que “las sanciones estuvieron orientadas en su mayoría a escribanos (en un 70% de los procedimientos iniciados) y modestamente dirigidos a instituciones financieras (sólo un 30%)”.
Según consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, luego de las elecciones del 2019 se dejaron de atender las obligaciones económicas y financieras del organismo. El incumplimiento más gravoso fue la falta de pago de alquileres, pero también se atrasaron los cobros de los proveedores. A fines del mandato de Macri la deuda ascendía a la suma de u$s 226.747.
En cuanto a los manejos económicos y administrativos, el informe da cuenta de que “al asumir la nueva gestión en enero del 2020, no se encontró un sector de patrimonio e inventario y se observó una discontinuidad en el registro de los bienes adquiridos”. En esa misma línea, se objetó la inexistencia de un registro centralizado y actualizado de bienes decomisados.
En otro orden, se le señalaron a Federici demoras en las tramitaciones de sumarios que generaron “numerosos planteos de nulidades y prescripciones”, como así también “ineficiencia y sobrecostos en el uso de recursos públicos”. Además el informe asegura que la gestión de Cambiemos realizó un “escaso ejercicio de la facultad de querellar”.
En este sentido, los datos oficiales marcan que en 2019 se iniciaron nueve querellas, mientras que en el período del 2020, con la pandemia de por medio, se iniciaron 35.
Con información de
Ámbito