Cuáles son las propuestas para luchar contra la inseguridad que dividen a la clase política
Miércoles 09 de
Abril 2014
El avance del delito y de los casos vinculados al narcotráfico motivaron iniciativas desde todo el arco político, que van desde involucrar a las Fuerzas Armadas hasta la creación de cuerpos especiales. Qué plantea cada una
La búsqueda de soluciones para frenar el incremento de los niveles de inseguridad genera iniciativas contrapuestas que alimentan la histórica polémica que se da en torno a cuál es la manera más efectiva de luchar contra los delincuentes y los mercaderes de la droga.
La utilización de las fuerzas militares para combatir el tráfico de estupefacientes; el histórico (y reavivado) reclamo del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad; y la propuesta de crear cuerpos especiales que intervengan en los delitos complejos entraron en agenda y dividen a los representantes de diversas fuerzas políticas y a los sectores sociales alineados detrás de cada uno de esos espacios ideológicos.
Sacudido por la sucesión de hechos delictivos que afectan a la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli dictó recientemente la emergencia en seguridad pública pero antes reclamó "que se evalúe el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico"; el mandatario bonaerense deslizó que habría que revisar la ley que impide el empleo de ese cuerpo de seguridad.
La solicitud del mandatario bonaerense fue reforzada por el pedido de su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, quien aseguró que "el problema principal" que afronta en su función es "la falta de efectivos"; por ello consideró que "todos los uniformados que combatan al delito son bienvenidos".
La posición del gobierno nacional al respecto fue clara: el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se mostró en contra de reformar la Ley de Seguridad Interior. Y para justificar su postura recordó que "no hay buenas experiencias, en ningún país las fuerzas armadas disminuyeron el delito narco".
El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior indica que las FFAA pueden ser usadas en el territorio nacional en "aquellos casos excepcionales" en los que el sistema de seguridad interior "resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación".
En el apartado 32 de la misma norma se precisa que la jefa de Estado, en uso de las atribuciones contenidas en la Constitución, "dispondrá el empleo de elementos de combate" de las Fuerzas Armadas, previa "declaración del estado de sitio".
Ante la división de opiniones y el mencionado contexto legal, el legislador Cristian Ritondo (PRO) ofreció una alternativa: propuso que se legisle para que se pueda "utilizar la logística y el equipamiento de las Fuerzas Armadas".
En concreto, la iniciativa mencionada no habilitaría la participación de soldados en los operativos, pero permitiría que las fuerzas policiales empleen las herramientas que los militares tienen a disposición: armas, helicópteros, equipos de comunicación, entre otros recursos.
"Hablan de militarizar o no... Para mí, la situación llegó a un punto que, como dice la Ley de Seguridad Interior, hay que apelar la logística de las FFAA para darle combate al narcotráfico y la inseguridad", remarcó el referente del macrismo.
"Seguramente (con las otras fuerzas políticas) tenemos visiones ideológicas distintas, pero el vecino quiere tener derecho a vivir tranquilo. Y yo creo que así la gente podrá recuperar el espacio público", consideró Ritondo.
Una disputa de vieja data y otra propuesta innovadora
En la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la seguridad, el propio Ritondo reabrió un viejo debate que dividió a los políticos y a la sociedad al solicitar "que el gobierno nacional cumpla la Ley 26.288, que es la que lo obliga a traspasar la Policía Federal a la órbita de la Ciudad"; de esa manera –consideró el hombre del PRO– sería más viable mejorar las condiciones de trabajo de esos agentes con los de la Metropolitana y se podría trabajar de manera más efectiva contra el delito.
El vicepresidente 1º de la legislatura porteña también propuso "conformar un cuerpo de élite que sea el que esté detrás de las grandes mafias que van por todo el país". "No puede ser que todo el mundo hable de las rutas de la cocaína y no tengamos presente a la Gendarmería", se quejó.
La utilización de las fuerzas militares para combatir el tráfico de estupefacientes; el histórico (y reavivado) reclamo del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad; y la propuesta de crear cuerpos especiales que intervengan en los delitos complejos entraron en agenda y dividen a los representantes de diversas fuerzas políticas y a los sectores sociales alineados detrás de cada uno de esos espacios ideológicos.
Sacudido por la sucesión de hechos delictivos que afectan a la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli dictó recientemente la emergencia en seguridad pública pero antes reclamó "que se evalúe el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico"; el mandatario bonaerense deslizó que habría que revisar la ley que impide el empleo de ese cuerpo de seguridad.
La solicitud del mandatario bonaerense fue reforzada por el pedido de su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, quien aseguró que "el problema principal" que afronta en su función es "la falta de efectivos"; por ello consideró que "todos los uniformados que combatan al delito son bienvenidos".
La posición del gobierno nacional al respecto fue clara: el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se mostró en contra de reformar la Ley de Seguridad Interior. Y para justificar su postura recordó que "no hay buenas experiencias, en ningún país las fuerzas armadas disminuyeron el delito narco".
El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior indica que las FFAA pueden ser usadas en el territorio nacional en "aquellos casos excepcionales" en los que el sistema de seguridad interior "resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación".
En el apartado 32 de la misma norma se precisa que la jefa de Estado, en uso de las atribuciones contenidas en la Constitución, "dispondrá el empleo de elementos de combate" de las Fuerzas Armadas, previa "declaración del estado de sitio".
Ante la división de opiniones y el mencionado contexto legal, el legislador Cristian Ritondo (PRO) ofreció una alternativa: propuso que se legisle para que se pueda "utilizar la logística y el equipamiento de las Fuerzas Armadas".
En concreto, la iniciativa mencionada no habilitaría la participación de soldados en los operativos, pero permitiría que las fuerzas policiales empleen las herramientas que los militares tienen a disposición: armas, helicópteros, equipos de comunicación, entre otros recursos.
"Hablan de militarizar o no... Para mí, la situación llegó a un punto que, como dice la Ley de Seguridad Interior, hay que apelar la logística de las FFAA para darle combate al narcotráfico y la inseguridad", remarcó el referente del macrismo.
"Seguramente (con las otras fuerzas políticas) tenemos visiones ideológicas distintas, pero el vecino quiere tener derecho a vivir tranquilo. Y yo creo que así la gente podrá recuperar el espacio público", consideró Ritondo.
Una disputa de vieja data y otra propuesta innovadora
En la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la seguridad, el propio Ritondo reabrió un viejo debate que dividió a los políticos y a la sociedad al solicitar "que el gobierno nacional cumpla la Ley 26.288, que es la que lo obliga a traspasar la Policía Federal a la órbita de la Ciudad"; de esa manera –consideró el hombre del PRO– sería más viable mejorar las condiciones de trabajo de esos agentes con los de la Metropolitana y se podría trabajar de manera más efectiva contra el delito.
El vicepresidente 1º de la legislatura porteña también propuso "conformar un cuerpo de élite que sea el que esté detrás de las grandes mafias que van por todo el país". "No puede ser que todo el mundo hable de las rutas de la cocaína y no tengamos presente a la Gendarmería", se quejó.
El traspaso de la Federal es una histórica polémica que enfrenta a la Nación y a la administración porteña: son innumerables los cruces de declaraciones entre funcionarios kirchneristas, que desestiman los pedidos para que se produzca un cambio de mando, y representantes del macrismo que insisten en que la Ciudad debe tener el control de la fuerza de seguridad.
En el momento más caliente de la disputa –en el amanecer de 2012– la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, desactivó el tema. "Es algo que ante cada circunstancia se reinstala, pero es muy simple: hay una Policía específica de la Ciudad de Buenos Aires que tiene casi tres mil efectivos más que las otras". Ahora el PRO vuelve a insistir en su viejo reclamo.
La posibilidad de la conformación de un cuerpo especial para intervenir en delitos complejos sonó con fuerza en la previa de las pasadas elecciones legislativas, pero el proyecto no avanzó. De todos modos, en los últimos meses al menos cinco gobernadores firmaron convenios de colaboración –cursos de capacitación, intercambio de información reservada o tareas de rastrillaje– para recibir apoyo de dependencias norteamericanas como la DEA y el FBI.
Con información de
infobae
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