Santa Fe
“Hay barrios donde una 9 mm es tan común como un kilo de pan”
Viernes 11 de
Abril 2014
La frase es del fiscal regional de Santa Fe y fue para referirse a la enorme cantidad de armas de fuego que hay en la calle. También llamó su atención el temor de los vecinos para testificar
A dos meses de la plena vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía Regional Nº 1 dio a conocer que intervino en 328 audiencias y atribuyó a los planteos de inconstitucionalidad presentados por el Servicio Público de la Defensa el hecho de no haber tenido aún un juicio oral y público en la región. En ese contexto, desde el 10 de febrero pasado hubo 33 asesinatos en la jurisdicción pero sólo hay dos fiscales –de un total de 14– en la Unidad Homicidios. Esos datos los dio a conocer ayer el máximo representante del Ministerio Público de la Acusación en el nodo, Ricardo Fessia, en el marco de cumplirse 60 días desde el debut del sistema acusatorio. Más allá de cuestiones específicas del área, también remarcó que faltan recursos y equipamientos en la policía para atender el volumen de trabajo que hay y que es “impresionante” la cantidad de armas de fuego que están en manos de civiles. “Hay barrios donde una (pistola) 9 milímetros es algo tan común como un kilo de pan”, indicó el fiscal regional para graficar los altos niveles de violencia armada en la sociedad santafesina. Otro aspecto que también lo sorprendió es el temor de los vecinos a contar lo que vieron o escucharon después de cometerse un delito y lo corriente de las disputas territoriales entre bandas antagónicas, que muchas veces se dedican al “narcomenudeo”. Para Fessia, no cabe dudas de que el nuevo modelo es ampliamente superador a lo que había en materia procesal penal pero aclaró que mejorar las cifras de “esclarecimiento” es una tarea de más largo aliento. “Hay que tener en cuenta que arrancamos con una dotación reducida de fiscales y también de policías de Investigaciones, que además tienen que suplir las falencias técnicas de las comisarías en los barrios”, argumentó. No obstante valoró que hoy el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, trabaje junto con el Ministerio Público de la Acusación en la conformación de equipos de investigadores para profesionalizar las pesquisas. “El sistema está funcionando a pleno, de lunes a lunes, y estamos haciendo ajustes y monitoreos permanentes”, fue el mensaje del jefe de los fiscales en la región. En movimiento
Uno de los datos que muestra el cambio de hábitos que conlleva el nuevo sistema es que buena parte de las audiencias realizadas en los Tribunales santafesinos se hizo durante horarios vespertinos: el 59,85 por ciento entre las 8 y las 13; mientras que el 40,15 por ciento entre las 13 y las 22. A eso se suman los sábados y domingos, “algo que antes era impensado para el viejo modelo”, recalcó Fessia. Por otra parte, indicó que el Servicio Público de la Defensa objeta la constitucionalidad de que los fiscales puedan ordenar detenciones en el marco de alguna investigación; entienden que sólo los jueces pueden librarlas. Todo ello provocó varias apelaciones de prisiones preventivas y ahora tendrán que ser resueltas por los jueces penales de los Colegios de Segunda Instancia. El fiscal regional atribuyó a esa situación procesal que no haya habido un juicio oral hasta el momento. “Ya hubo un caso donde se resolvió a favor de la constitucionalidad de esa facultad que tiene el Ministerio Público de la Acusación, pero nosotros esperamos tener más así se visualiza mejor dicha jurisprudencia. De todas maneras, es casi seguro que todo eso tendrá que definirlo la propia Corte Suprema”, explicó. Es decir, cree que se tiene que despejar la cuestión de fondo para que algunas causas lleguen a juicio en breve. “En su mayoría son casos que ya están resueltos porque fueron en flagrancia, y todo lo que es recopilación de pruebas está concluido”, recalcó el funcionario. Incluso dijo que “en la mayoría de los casos de flagrancia (delito cometido) la detención la dispone el fiscal” y “en algunos casos donde pedimos allanamiento y detención se lo solicitamos al juez”. Además, contó que en el 65 por ciento de los casos los presuntos victimarios tienen defensa pública y el resto abogados particulares. En cuanto a aquellos casos donde no hay detenidos, manifestó que su fiscalía hoy tiene “un criterio coyuntural” que es hacer determinadas audiencias imputativas y reconoció que “hoy no tienen el ritmo” que desean para atender esas situaciones porque están limitados en la cantidad de personal. También, Ricardo Fessia reseñó que desde que arrancó el año se produjeron 44 homicidios en la jurisdicción de la Fiscalía Regional Nº 1 (que incluye a siete departamentos: La Capital, Garay, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo, San Justo y una parte de San Martín), de los cuales 33 se cometieron desde el 10 de febrero. O sea, allí ya intervienen los institutos y actores creados con la reforma del Código Procesal Penal. Hasta el momento, “hay 10 casos con imputados individualizados” y en todos ellos hay acusados con prisión preventiva (habiendo dos hermanas con prisión domiciliaria, una por estar a pocas semanas de dar a luz y la otra porque tiene tres hijos menores de cinco años). En tanto, después de lo ocurrido con el caso Fotolab, el fiscal regional reconoció que se ajustaron algunas directrices. Por ejemplo, remarcó que para pedir prisión preventiva a un acusado no sólo se tiene en cuenta el riesgo procesal y la expectativa de la pena –que es la posibilidad de que entorpezca la investigación y/o se escape para no cumplir la sentencia–, sino también la repercusión del hecho, los antecedentes y el modo de comisión del delito (puede ser una amenaza a la víctima si lo denuncia). Sin embargo, es el juez de garantías el que determina si hay elementos para restringir la libertad.
Uno de los datos que muestra el cambio de hábitos que conlleva el nuevo sistema es que buena parte de las audiencias realizadas en los Tribunales santafesinos se hizo durante horarios vespertinos: el 59,85 por ciento entre las 8 y las 13; mientras que el 40,15 por ciento entre las 13 y las 22. A eso se suman los sábados y domingos, “algo que antes era impensado para el viejo modelo”, recalcó Fessia. Por otra parte, indicó que el Servicio Público de la Defensa objeta la constitucionalidad de que los fiscales puedan ordenar detenciones en el marco de alguna investigación; entienden que sólo los jueces pueden librarlas. Todo ello provocó varias apelaciones de prisiones preventivas y ahora tendrán que ser resueltas por los jueces penales de los Colegios de Segunda Instancia. El fiscal regional atribuyó a esa situación procesal que no haya habido un juicio oral hasta el momento. “Ya hubo un caso donde se resolvió a favor de la constitucionalidad de esa facultad que tiene el Ministerio Público de la Acusación, pero nosotros esperamos tener más así se visualiza mejor dicha jurisprudencia. De todas maneras, es casi seguro que todo eso tendrá que definirlo la propia Corte Suprema”, explicó. Es decir, cree que se tiene que despejar la cuestión de fondo para que algunas causas lleguen a juicio en breve. “En su mayoría son casos que ya están resueltos porque fueron en flagrancia, y todo lo que es recopilación de pruebas está concluido”, recalcó el funcionario. Incluso dijo que “en la mayoría de los casos de flagrancia (delito cometido) la detención la dispone el fiscal” y “en algunos casos donde pedimos allanamiento y detención se lo solicitamos al juez”. Además, contó que en el 65 por ciento de los casos los presuntos victimarios tienen defensa pública y el resto abogados particulares. En cuanto a aquellos casos donde no hay detenidos, manifestó que su fiscalía hoy tiene “un criterio coyuntural” que es hacer determinadas audiencias imputativas y reconoció que “hoy no tienen el ritmo” que desean para atender esas situaciones porque están limitados en la cantidad de personal. También, Ricardo Fessia reseñó que desde que arrancó el año se produjeron 44 homicidios en la jurisdicción de la Fiscalía Regional Nº 1 (que incluye a siete departamentos: La Capital, Garay, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo, San Justo y una parte de San Martín), de los cuales 33 se cometieron desde el 10 de febrero. O sea, allí ya intervienen los institutos y actores creados con la reforma del Código Procesal Penal. Hasta el momento, “hay 10 casos con imputados individualizados” y en todos ellos hay acusados con prisión preventiva (habiendo dos hermanas con prisión domiciliaria, una por estar a pocas semanas de dar a luz y la otra porque tiene tres hijos menores de cinco años). En tanto, después de lo ocurrido con el caso Fotolab, el fiscal regional reconoció que se ajustaron algunas directrices. Por ejemplo, remarcó que para pedir prisión preventiva a un acusado no sólo se tiene en cuenta el riesgo procesal y la expectativa de la pena –que es la posibilidad de que entorpezca la investigación y/o se escape para no cumplir la sentencia–, sino también la repercusión del hecho, los antecedentes y el modo de comisión del delito (puede ser una amenaza a la víctima si lo denuncia). Sin embargo, es el juez de garantías el que determina si hay elementos para restringir la libertad.
Con información de
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