Biden avanza en su cruzada sindical y sitúa al Gobierno como modelo de buenas prácticas
Jueves 10 de
Febrero 2022
El presidente de EE UU adopta las primeras medidas para impulsar la organización laboral y la negociación colectiva en la Administración y las empresas contratistas
Los obstáculos que una conocida cadena de cafeterías está poniendo al intento de sindicarse del personal de uno de sus locales, en Memphis, pueden tener las horas contadas. La empresa ha despedido a los implicados en la movilización, alegando violación de normas corporativas. Los afectados acusan a la compañía de represalias. El conflicto no es el primero, ni será el último, solo una gota de agua más en la caldera en ebullición del mercado laboral en Estados Unidos. La pandemia ha puesto las cartas boca arriba: los trabajadores han tomado conciencia de su fuerza —de lo valiosos que resultan en un mercado con más oferta de empleo que demanda—, y el sindicalismo resurge de sus cenizas.
Nadie más decisivo que Joe Biden, presidente de EE UU, para respaldar el creciente movimiento sindical, que estaba de capa caída desde los años ochenta: la tasa de afiliación, del 10,3% en 2021, supone la mitad que entonces, unos cuatro millones de miembros menos. Este lunes, el mandatario demócrata, el más afín a los trabajadores desde Franklin Delano Roosevelt si no el más sindicalista de la historia, recibió las conclusiones de un grupo de trabajo de alto nivel, creado por orden ejecutiva suya en abril pasado, con 70 recomendaciones para impulsar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva.
Bajo la dirección de la vicepresidenta, Kamala Harris, y del titular del Departamento de Trabajo, Martin Walsh, el grupo de expertos, entre los que figuran 13 miembros del Gabinete, ha estudiado junto con agencias del Gobierno y los principales sindicatos del país los pasos a dar para fortalecer el músculo sindical. La idea básica es hacer del Gobierno federal “un empresario modelo”, algo revolucionario en un país con una desconfianza tan palpable hacia el papel del Estado y, a la vez, con tantos niveles de Administración (local, estatal y federal). Biden firmó la semana pasada una orden ejecutiva que exige acuerdos salariales entre sindicatos y empresas adjudicatarias de contratos de construcción federales por valor de más de 35 millones de dólares (algo más de 30 millones de euros).
El demócrata no iba de farol cuando en la campaña electoral dirigió repetidos guiños a los que califica de “espina dorsal de la clase media”. Lo repite cada vez que tiene ocasión, como este martes, cuando reiteró su apoyo a “los trabajadores estadounidenses: esos que construyeron la clase media, con buenos salarios y beneficios y el derecho a organizarse”. Una de sus principales apuestas, la PRO Act (siglas en inglés de Ley que protege el derecho a organizarse), está atascada desde la primavera pasada en el Congreso. La norma actualizará la legislación vigente, que permite a las empresas, entre otras cosas, “reemplazar permanentemente” —nótese el eufemismo— a los trabajadores huelguistas para zanjar cualquier protesta.
Apoyo de los sindicatos
Los principales sindicatos del país han saludado con entusiasmo las conclusiones del grupo de trabajo, a las que seguirá, en un plazo de seis meses, un informe sobre la implementación de las medidas. Por parte de Biden, no es un brindis al sol. En puertas de unas elecciones decisivas, las de medio mandato, en noviembre, Biden necesita granjearse todo apoyo posible, y los trabajadores —especialmente los obreros más afectados por la Gran Recesión de 2008 y, ahora, por la pandemia— son un vivero de votos clave. Lo fueron en la victoria de Donald Trump en 2016.
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Con información de
El País
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