Buscan cerrar acuerdo con el PJ para tener una Policía Judicial
Martes 22 de
Abril 2014
El ministro Lamberto confía en llegar a un punto de encuentro con la oposición. El justicialismo quiere rechazar el veto propositivo del Poder Ejecutivo sobre el Organismo de Investigaciones
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, dijo que confía en llegar a un punto de encuentro con la oposición para la creación de un Organismo de Investigaciones o Policía Judicial. A fines de diciembre pasado el Poder Ejecutivo vetó la ley que instauraba ese cuerpo de auxiliares del Ministerio Público de la Acusación y desde ese mismo momento la oposición acusó a la Casa Gris de haber claudicado ante la presión de la propia policía para no perder esa función. El “veto propositivo” del gobernador Antonio Bonfatti incluye a 40 artículos sobre un total de 57, pero se advirtió que todos ellos en realidad están relacionados a dos puntos específicos: la creación de un instituto para investigadores –forenses y de pesquisa– y que sea la Legislatura la que defina la estructura funcional del organismo en lugar del fiscal general, Julio De Olazábal. El diputado provincial del PJ, Eduardo Toniolli, negó que eso vaya a ocurrir con la ley que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. En ese contexto, Lamberto indicó a la prensa que se harán “todos los esfuerzos posibles” y ya hubo algunas conversaciones informales con la oposición para llegar a un consenso en la redacción de los cambios que se quieren hacer desde la Casa Gris; o sea que confía en lograrlo a pesar de la postura asumida por el justicialismo que quiere rechazar sí o sí el veto. No obstante, ni en Diputados ni en Senadores el peronismo (en todos sus formatos) y el PRO llegan a juntar los dos tercios de los legisladores para imponer sus pretensiones. Esa situación podría ser un condicionante para que la oposición acepte algunas enmiendas, más aún si se tiene en cuenta que tendrán hasta el 30 de mayo próximo para que no quede firme el veto del Ejecutivo. El gobernador ya anticipó que la ley en cuestión crea un Instituto para Investigadores que se superpone con la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y que estructurar el funcionamiento del Organismo de Investigaciones desde la Legislatura es discutible. Para el gobierno, esa potestad tendría que estar en manos de quien conducirá a la nueva Policía Judicial: el fiscal general Julio De Olazábal. “Nos parece que habría que darle la oportunidad al fiscal general de la provincia para que sea él, a medida de que vaya avanzando la experiencia, quien determine qué estructura necesita”, fue lo que dijo Bonfatti al ser consultado por la prensa sobre el tema, que asoma como la principal discusión legislativa en el comienzo del período ordinario de sesiones (que arranca el 1 de mayo). También remarcó que así como está planteada hoy en la norma (sancionada en 2013), el jefe de la Policía Judicial que tendrá el organismo podría llegar a ganar “el doble o el triple que el gobernador”, incluso más que “los fiscales regionales”. El gobierno está convencido de que debe ser el fiscal general el que determine estructuras y perfiles de acuerdo a la impronta que se quiera dar al organismo: que sea un cuerpo más forense o más investigativo, si va a hacer inteligencia o no, quién lo va a conducir y bajo qué parámetros se deben hacer los concursos de personal.
El juego de las diferencias
El diputado del Movimiento Evita-PJ, Eduardo Toniolli, señaló que las explicaciones que dio el gobernador son una muestra de que no quiere confrontar con la policía, que perdería terreno ante la aparición de un organismo investigativo dependiente de los fiscales. En ese contexto, dijo que “es mentira” que vaya a existir una superposición entre un instituto de investigadores y la escuela de capacitación del Ministerio de la Acusación. “En el artículo 29 del texto original que aprobamos dice explícitamente que el instituto que se crea es bajo la órbita de la escuela que ya existe. Lo que quieren es que la formación esté a cargo del Isep, y que los recursos humanos del Organismo de Investigaciones sean policías trasladados por lapsos de cuatro años, a los que se renueve la estancia luego de ese período, o en su defecto vuelven al cuerpo del que salieron”, explicó Toniolli. El dirigente kirchnerista remarcó que la pretensión del gobierno es condicionar autonomía y autarquía al organismo y/o a la fiscalía para dejar en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia algunas facultades específicas. “Si el Ejecutivo no quiere trasladar recursos humanos al nuevo organismo va a obligar al fiscal general a firmar acuerdos para trabajar con «aquellos órganos estatales que ya realizan la función», o sea que la actual Policía de Santa Fe”, se quejó. “Lo que para nosotros los legisladores del justicialismo debía ser una constante –que los fiscales investiguen los delitos complejos con auxilio de la Policía Judicial– pasa a ser excepcional en el veto de Bonfatti. De hecho, como está atado a la «capacidad operativa» del nuevo organismo todo es más difuso porque a esa «capacidad operativa» la reducen a la mínima expresión en artículos subsiguientes”, evaluó el legislador. Precisamente, uno de los puntos más criticados en el “veto propositivo” refiere a las competencias del organismo. Según lo analizado por el PJ, en el artículo 3º se omite el inciso que establecía que debía ser la Policía Judicial la que investigue “los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y/o penitenciarias en el desempeño, con motivo o en ocasión de sus funciones”. En cuanto a la disposición de recursos para el organismo, el diputado del PJ recalcó: “Nosotros decíamos que los poderes Ejecutivo y Judicial acordarán con el fiscal general la transferencia de los recursos existentes. En cambio, ellos (el oficialismo) ponen que los poderes Ejecutivo y Judicial evaluarán la disponibilidad y oportunidad de la transferencia de los recursos existentes para la integración del Organismo de Investigaciones”. Finalmente, para Toniolli “se trata de una diferencia sutil pero no irrelevante, en la medida que le resta participación al fiscal general”. Finalmente, su conclusión es que el gobierno provincial lo que quiere es “crear un cuerpo pequeño, sin personal estable, casi un apéndice de la policía santafesina, algunas de cuyas áreas (por ejemplo la pandilla de la División Judiciales en la ciudad de Rosario, que fue descabezada) han empoderado como cuerpo auxiliar de investigaciones de la Justicia”.
El juego de las diferencias
El diputado del Movimiento Evita-PJ, Eduardo Toniolli, señaló que las explicaciones que dio el gobernador son una muestra de que no quiere confrontar con la policía, que perdería terreno ante la aparición de un organismo investigativo dependiente de los fiscales. En ese contexto, dijo que “es mentira” que vaya a existir una superposición entre un instituto de investigadores y la escuela de capacitación del Ministerio de la Acusación. “En el artículo 29 del texto original que aprobamos dice explícitamente que el instituto que se crea es bajo la órbita de la escuela que ya existe. Lo que quieren es que la formación esté a cargo del Isep, y que los recursos humanos del Organismo de Investigaciones sean policías trasladados por lapsos de cuatro años, a los que se renueve la estancia luego de ese período, o en su defecto vuelven al cuerpo del que salieron”, explicó Toniolli. El dirigente kirchnerista remarcó que la pretensión del gobierno es condicionar autonomía y autarquía al organismo y/o a la fiscalía para dejar en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia algunas facultades específicas. “Si el Ejecutivo no quiere trasladar recursos humanos al nuevo organismo va a obligar al fiscal general a firmar acuerdos para trabajar con «aquellos órganos estatales que ya realizan la función», o sea que la actual Policía de Santa Fe”, se quejó. “Lo que para nosotros los legisladores del justicialismo debía ser una constante –que los fiscales investiguen los delitos complejos con auxilio de la Policía Judicial– pasa a ser excepcional en el veto de Bonfatti. De hecho, como está atado a la «capacidad operativa» del nuevo organismo todo es más difuso porque a esa «capacidad operativa» la reducen a la mínima expresión en artículos subsiguientes”, evaluó el legislador. Precisamente, uno de los puntos más criticados en el “veto propositivo” refiere a las competencias del organismo. Según lo analizado por el PJ, en el artículo 3º se omite el inciso que establecía que debía ser la Policía Judicial la que investigue “los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y/o penitenciarias en el desempeño, con motivo o en ocasión de sus funciones”. En cuanto a la disposición de recursos para el organismo, el diputado del PJ recalcó: “Nosotros decíamos que los poderes Ejecutivo y Judicial acordarán con el fiscal general la transferencia de los recursos existentes. En cambio, ellos (el oficialismo) ponen que los poderes Ejecutivo y Judicial evaluarán la disponibilidad y oportunidad de la transferencia de los recursos existentes para la integración del Organismo de Investigaciones”. Finalmente, para Toniolli “se trata de una diferencia sutil pero no irrelevante, en la medida que le resta participación al fiscal general”. Finalmente, su conclusión es que el gobierno provincial lo que quiere es “crear un cuerpo pequeño, sin personal estable, casi un apéndice de la policía santafesina, algunas de cuyas áreas (por ejemplo la pandilla de la División Judiciales en la ciudad de Rosario, que fue descabezada) han empoderado como cuerpo auxiliar de investigaciones de la Justicia”.
Con información de
UNO
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