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Con 112 inscripciones, cerró la etapa de postulantes al MPA y la Defensa Penal
Miércoles 21 de Septiembre 2022
El secretario de Justicia destacó que la mayoría de los anotados trabaja en esos Ministerios Públicos y que "muy pocos vienen del ejercicio profesional y ninguno depende del Ejecutivo" provincial
El secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, se mostró satisfecho con el cierre de la inscripción para postulantes a cubrir los futuros cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público de la Defensa Penal. Al respecto, detalló la recepción de 112 inscripciones, de las cuales 82 fueron para las fiscalías y 30 para las defensorías.
Asimismo, Somaglia indicó que son trece los aspirantes a ocupar el rol de fiscal general de la provincia, que actualmente ejerce Jorge Baclini, lo cual “representa un 50 por ciento más de inscriptos que en 2016”. Y agregó que son cinco los anotados para suplantar a la defensora santafesina, Jaquelina Balangione.
También destacó que “la cantidad de inscriptos refleja el interés que despierta asumir la responsabilidad para gestionar los máximos roles de ambos Ministerios Públicos, el compromiso tácito de los postulantes para asumir la responsabilidad de los mismos, la confianza en el proceso de selección instado y la eficiencia con la cual el Consejo de la Magistratura trabaja y dispone sus actos, ya que ninguno de ellos fueron impugnados y ningún miembro del jurado recusado”.
“Para el Gobierno de Santa Fe es una gran satisfacción”, aseveró el funcionario, para luego detallar que los postulantes para fiscal regional Nº 2 son quince, mientras que para fiscal regional de la ciudad de Santa Fe ascienden a 16. Respecto del rol de auditor, hubo once anotados.
Si bien adelantó algunos nombres de los aspirantes, Somaglia dejó en claro que esas nominaciones son formuladas en modo provisorio, por cuanto el Consejo de la Magistratura deberá analizar cada postulación para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para su admisión, cuyo plazo insumirá no menos de cinco días, aproximadamente.
Entre los inscriptos para fiscal general se encuentran los actuales fiscales regionales María Eugenia Iribarren, Carlos Arietti y Rubén Martínez, el ex fiscal de la regional Nº 3 Alejandro Sinópoli, el actual fiscal Luis Schiappa Pietra y los jueces de 2ª Instancia Penal Javier Beltramone y Roberto Prieu Mántaras, entre otros.
Añadió que, para el cargo de defensor general, lo hicieron tres defensores regionales: Estrella Moreno Robinson, Jorge Miró y Gustavo Franceschetti, entre otros.
Somaglia indicó que “la mayoría de los inscriptos ya se encuentra trabajando dentro de los Ministerios Públicos y muy pocos vienen del ejercicio profesional”. E hizo hincapié en que “ninguno depende hoy del Ejecutivo provincial”.
Sobre los próximos trámites del concurso, explicó que deberán darse dos: primero, el concurso propiamente dicho, que tiene un reglamento claro y preciso y que cerrará con el dictamen final del jurado proponiendo ternas”.
“El segundo es distinto y, como en otras oportunidades, insisto en la necesidad de construir un amplio consenso del arco político. Más allá de la experiencia e idoneidad de los postulantes, la valoración política deberá alcanzar el máximo acuerdo intersectorial para fortalecer la institucionalidad”, sentenció Somaglia.
Asimismo, Somaglia indicó que son trece los aspirantes a ocupar el rol de fiscal general de la provincia, que actualmente ejerce Jorge Baclini, lo cual “representa un 50 por ciento más de inscriptos que en 2016”. Y agregó que son cinco los anotados para suplantar a la defensora santafesina, Jaquelina Balangione.
También destacó que “la cantidad de inscriptos refleja el interés que despierta asumir la responsabilidad para gestionar los máximos roles de ambos Ministerios Públicos, el compromiso tácito de los postulantes para asumir la responsabilidad de los mismos, la confianza en el proceso de selección instado y la eficiencia con la cual el Consejo de la Magistratura trabaja y dispone sus actos, ya que ninguno de ellos fueron impugnados y ningún miembro del jurado recusado”.
“Para el Gobierno de Santa Fe es una gran satisfacción”, aseveró el funcionario, para luego detallar que los postulantes para fiscal regional Nº 2 son quince, mientras que para fiscal regional de la ciudad de Santa Fe ascienden a 16. Respecto del rol de auditor, hubo once anotados.
Si bien adelantó algunos nombres de los aspirantes, Somaglia dejó en claro que esas nominaciones son formuladas en modo provisorio, por cuanto el Consejo de la Magistratura deberá analizar cada postulación para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para su admisión, cuyo plazo insumirá no menos de cinco días, aproximadamente.
Entre los inscriptos para fiscal general se encuentran los actuales fiscales regionales María Eugenia Iribarren, Carlos Arietti y Rubén Martínez, el ex fiscal de la regional Nº 3 Alejandro Sinópoli, el actual fiscal Luis Schiappa Pietra y los jueces de 2ª Instancia Penal Javier Beltramone y Roberto Prieu Mántaras, entre otros.
Añadió que, para el cargo de defensor general, lo hicieron tres defensores regionales: Estrella Moreno Robinson, Jorge Miró y Gustavo Franceschetti, entre otros.
Somaglia indicó que “la mayoría de los inscriptos ya se encuentra trabajando dentro de los Ministerios Públicos y muy pocos vienen del ejercicio profesional”. E hizo hincapié en que “ninguno depende hoy del Ejecutivo provincial”.
Sobre los próximos trámites del concurso, explicó que deberán darse dos: primero, el concurso propiamente dicho, que tiene un reglamento claro y preciso y que cerrará con el dictamen final del jurado proponiendo ternas”.
“El segundo es distinto y, como en otras oportunidades, insisto en la necesidad de construir un amplio consenso del arco político. Más allá de la experiencia e idoneidad de los postulantes, la valoración política deberá alcanzar el máximo acuerdo intersectorial para fortalecer la institucionalidad”, sentenció Somaglia.
Las medidas, que se aplicarán a más de 60.000 productores, incluyen la suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias.
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