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El Gobierno volverá a ser querellante en las causas de corrupción más emblemáticas como “Cuadernos”
Por:
Nicolás Pizzi
Viernes 23 de
Febrero 2024
Será a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Lo decidió el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona tras las críticas de algunos sectores
El gobierno de Javier Milei decidió dar un mensaje contundente contra la corrupción y en los próximos días se presentará como querellante en causas emblemáticas como las que tienen como protagonista a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, pero también en las que esté imputado el ex presidente Mauricio Macri.
El Gobierno volverá a ser querellante a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
“Nos vamos a presentar en las causas grandes. La OA va a seleccionar a dos abogados penalistas buenos. Estamos haciendo un relevamiento de las causas en este momento, no podemos estar en todas”, dijo a Infobae una alta fuente del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había planteado hasta ahora que la UIF y la OA se tenían que encargar de otras tareas, pero la decisión fue revisada dentro del gabinete. “No hay arreglo ni acuerdo (con el kirchnerismo)”, destacó esta mañana en una entrevista con radio Mitre.
“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, le dijo a este medio en una entrevista publicada en diciembre.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo se retiró de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde estaba procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, sostuvo Crous en 2020 mediante una resolución.
El entonces titular de la OA se apoyó en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
La Unidad de Información Financiera (UIF) también tuvo un rol central en causas emblemáticas como en la “ruta del dinero K”, donde pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez. Finalizado ese juicio oral, uno de los abogados del organismo decidió renunciar y el otro fue echado tras denunciar presiones del entonces director de Litigios Penales.
El Gobierno volverá a ser querellante a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
“Nos vamos a presentar en las causas grandes. La OA va a seleccionar a dos abogados penalistas buenos. Estamos haciendo un relevamiento de las causas en este momento, no podemos estar en todas”, dijo a Infobae una alta fuente del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había planteado hasta ahora que la UIF y la OA se tenían que encargar de otras tareas, pero la decisión fue revisada dentro del gabinete. “No hay arreglo ni acuerdo (con el kirchnerismo)”, destacó esta mañana en una entrevista con radio Mitre.
“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, le dijo a este medio en una entrevista publicada en diciembre.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo se retiró de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde estaba procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, sostuvo Crous en 2020 mediante una resolución.
El entonces titular de la OA se apoyó en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
La Unidad de Información Financiera (UIF) también tuvo un rol central en causas emblemáticas como en la “ruta del dinero K”, donde pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez. Finalizado ese juicio oral, uno de los abogados del organismo decidió renunciar y el otro fue echado tras denunciar presiones del entonces director de Litigios Penales.
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