Procesaron a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado
Lunes 29 de
Julio 2024
El líder del Polo Obrero está acusado de un delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel; se le imputa un desvío fondos que debían destinarse al Plan Potenciar Trabajo y se usaron para financiar política partidaria; investigan el rol de los funcionarios
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.
Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” son los otros delitos que se investigan en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
El rol de los funcionarios
En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Tal como informó LA NACION, entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.
Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar la actividad investigativa” para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controla el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.
Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar como testigos a los exfuncionarios Guadalupe Niño, Valeria Noelia Goyanes, Damián Sarchi y Martín Abel Lore. Además, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, Casanello dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero. Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios, el back up de sus correos electrónicos y los legajos laborales completos de los exfuncionarios apuntados. También, expedientes de toda inspección o auditoría hecha sobre la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda.
Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” son los otros delitos que se investigan en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
El rol de los funcionarios
En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Tal como informó LA NACION, entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.
Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar la actividad investigativa” para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controla el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.
Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar como testigos a los exfuncionarios Guadalupe Niño, Valeria Noelia Goyanes, Damián Sarchi y Martín Abel Lore. Además, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, Casanello dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero. Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios, el back up de sus correos electrónicos y los legajos laborales completos de los exfuncionarios apuntados. También, expedientes de toda inspección o auditoría hecha sobre la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda.
Con información de
La Nación
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