Too big to ‘jail’: dime el tamaño de tu banco y te diré cómo serás sancionado
Lunes 09 de
Junio 2014
Tras la estafa de la crisis subprime y la presión de los damnificados, el gobierno de Barack Obama comenzó a multar a las entidades financieras por sus desmanejos. Pero no todos reciben el mismo castigo ni son pasibles de demandas penales
Medir con distinta vara” es una expresión bien española que hemos heredado de la Conquista de América y que a su vez hunde su origen en el siglo XIII, cuando se empezó a usar la vara como unidad de medida en Castilla, pero cuya longitud era distinta a la de otros reinos de la península. Respecto de su significado, adoptar criterios diferentes según su propia conveniencia debe ser tan antiguo como la Humanidad misma, así que no debería sorprender que incluso en la puritana EEUU se den estas arbitrariedades.
De hecho, el escándalo desatado a partir de la crisis financiera subprime en 2008, en la que se comprobó el grado de corrupción del sistema bancario que, entre otras estafas, decidió “vender gato por liebre” y ofrecer productos securitizados con paquetes de hipotecas de alto riesgo disimuladas entre otras AAA, mostró que los castigos no eran iguales para todos. De acuerdo con el origen de cada entidad financiera y su tamaño, la Justicia estadounidense se ha ido “acomodando” en su esquema de penas, dando la pauta de que la vara también es subjetiva (y en algunos casos, como se verá, hasta demagógica).
Tras el reclamo de millones de damnificados por las estafas bancarias, con manifestaciones como la del grupo “Occupy Wall Street”, se sancionó en 2010 la ley Dodd-Frank de reforma del sistema financiero, destinada a reforzar el control sobre los bancos y a evitar otra crisis. Eran momentos en que el Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, sostenía que “el gobierno federal tendrá el poder de cerrar las grandes entidades financieras en problemas de manera ordenada y equitativa, sin poner en peligro a los contribuyentes ni a la economía”. Más adelante, en 2012, el mismo Presidente Obama recordaba, en su discurso sobre el Estado de la Unión, su promesa de castigar a los bancos responsables de generar la peor recesión desde los años 1930.
El balance, terminando el primer semestre de 2014 (es decir a más de 6 años del estallido de la crisis subprime), es bastante más moderado que lo se suponía cuando se aprobó la ley Dodd-Frank. Y tiene un aroma que recuerda mucho a un cierto “gatopardismo”, es decir que pocas cosas parecen haber cambiado en el sector financiero en estos últimos años.
Desde que comenzaron las multas a los bancos a partir de 2008, el gobierno lleva recaudados más de u$s 100.000 millones. De este total, las mayores sanciones fueron aplicadas al JP Morgan Chase (u$s 13.000 millones) y al Bank of America (u$s 9.500 millones).
Más allá del monto impresionante de estas multas, se trata de demandas iniciadas en la Justicia civil, pero ningún banco estadounidense está siendo juzgado en el fuero penal. Es decir que no hay ejecutivos que corran el riesgo de ir presos, algo que reclaman los grupos de protesta. Es más, muchos de los responsables de la crisis siguen trabajando, a diferencia de cuando se dio el estallido de la burbuja punto com, en la que varios ejecutivos fueron a la cárcel (de empresas como WorldCom, Enron y Tyco).
Y lo mismo pasa con los bancos más grandes. En marzo de 2013, en una comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Justicia Eric Holder reconoció que no se podía juzgar penalmente al HSBC, a pesar de que la entidad había admitido su participación en el lavado de dinero de carteles mexicanos de la droga y de bancos árabes relacionados con organizaciones terroristas (finalmente pagó u$s 1.900 millones). “Me temo que el tamaño de algunas de estas instituciones sea demasiado grande para que las podamos demandar. Si las castigamos, tendría un impacto negativo incluso en la economía mundial”. Según los principales medios de EEUU, del “too big to fail” se pasó al “too big to jail” (demasiado grande para ir a la cárcel).
Sin embargo, existen dos entidades (extranjeras, por supuesto) que sí han conocido lo que es una demanda penal. La primera de ellas fue el Credit Suisse, responsable de ayudar a evadir al fisco a grandes contribuyentes estadounidenses. Y la segunda es el BNP Paribas, acusada de no respetar el embargo impuesto a Irán, Cuba y Sudán, por lo que corre el riesgo de pagar una multa de u$s 10.000 millones y de perder temporariamente su licencia para operar en EEUU.
Lo que claramente es considerado en Europa como una forma de medir las cosas con distinta vara, en EEUU no se toma con el mismo criterio. En una entrevista, el ex fiscal federal Jacob Frenkel sostuvo que “esto es como comparar un Chardonnay con un Champagne. Al principio se trata de dos vinos, pero la textura, el color y los aromas son diferentes. Para todos estos bancos, los actos por los que se los acusa no son comparables. Violar un embargo o ayudar a evadir son delitos penales. Crear un instrumento financiero tóxico no lo es”. Según el experto, en el momento de diseñar los instrumentos securitizados los bancos recurrieron a los mejores abogados para que éstos fueran legales desde el punto de vista de la legislación estadounidense. De ahí que las únicas demandas que prosperaron hayan sido las civiles.
Sin embargo, muchos analistas ponen el foco en el hecho de que a partir de 2013 la Justicia empezara a perseguir a los bancos más intensamente, y que del total de multas al sector bancario, la mitad fuera aplicada en el último año. ¿Cómo se explica esto? De acuerdo con los especialistas, la proximidad de las legislativas de noviembre hizo que el gobierno insistiera con más fuerza para que se aplicaran castigos. Y la Justicia fue receptiva a este reclamo.
De hecho, el escándalo desatado a partir de la crisis financiera subprime en 2008, en la que se comprobó el grado de corrupción del sistema bancario que, entre otras estafas, decidió “vender gato por liebre” y ofrecer productos securitizados con paquetes de hipotecas de alto riesgo disimuladas entre otras AAA, mostró que los castigos no eran iguales para todos. De acuerdo con el origen de cada entidad financiera y su tamaño, la Justicia estadounidense se ha ido “acomodando” en su esquema de penas, dando la pauta de que la vara también es subjetiva (y en algunos casos, como se verá, hasta demagógica).
Tras el reclamo de millones de damnificados por las estafas bancarias, con manifestaciones como la del grupo “Occupy Wall Street”, se sancionó en 2010 la ley Dodd-Frank de reforma del sistema financiero, destinada a reforzar el control sobre los bancos y a evitar otra crisis. Eran momentos en que el Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, sostenía que “el gobierno federal tendrá el poder de cerrar las grandes entidades financieras en problemas de manera ordenada y equitativa, sin poner en peligro a los contribuyentes ni a la economía”. Más adelante, en 2012, el mismo Presidente Obama recordaba, en su discurso sobre el Estado de la Unión, su promesa de castigar a los bancos responsables de generar la peor recesión desde los años 1930.
El balance, terminando el primer semestre de 2014 (es decir a más de 6 años del estallido de la crisis subprime), es bastante más moderado que lo se suponía cuando se aprobó la ley Dodd-Frank. Y tiene un aroma que recuerda mucho a un cierto “gatopardismo”, es decir que pocas cosas parecen haber cambiado en el sector financiero en estos últimos años.
Desde que comenzaron las multas a los bancos a partir de 2008, el gobierno lleva recaudados más de u$s 100.000 millones. De este total, las mayores sanciones fueron aplicadas al JP Morgan Chase (u$s 13.000 millones) y al Bank of America (u$s 9.500 millones).
Más allá del monto impresionante de estas multas, se trata de demandas iniciadas en la Justicia civil, pero ningún banco estadounidense está siendo juzgado en el fuero penal. Es decir que no hay ejecutivos que corran el riesgo de ir presos, algo que reclaman los grupos de protesta. Es más, muchos de los responsables de la crisis siguen trabajando, a diferencia de cuando se dio el estallido de la burbuja punto com, en la que varios ejecutivos fueron a la cárcel (de empresas como WorldCom, Enron y Tyco).
Y lo mismo pasa con los bancos más grandes. En marzo de 2013, en una comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Justicia Eric Holder reconoció que no se podía juzgar penalmente al HSBC, a pesar de que la entidad había admitido su participación en el lavado de dinero de carteles mexicanos de la droga y de bancos árabes relacionados con organizaciones terroristas (finalmente pagó u$s 1.900 millones). “Me temo que el tamaño de algunas de estas instituciones sea demasiado grande para que las podamos demandar. Si las castigamos, tendría un impacto negativo incluso en la economía mundial”. Según los principales medios de EEUU, del “too big to fail” se pasó al “too big to jail” (demasiado grande para ir a la cárcel).
Sin embargo, existen dos entidades (extranjeras, por supuesto) que sí han conocido lo que es una demanda penal. La primera de ellas fue el Credit Suisse, responsable de ayudar a evadir al fisco a grandes contribuyentes estadounidenses. Y la segunda es el BNP Paribas, acusada de no respetar el embargo impuesto a Irán, Cuba y Sudán, por lo que corre el riesgo de pagar una multa de u$s 10.000 millones y de perder temporariamente su licencia para operar en EEUU.
Lo que claramente es considerado en Europa como una forma de medir las cosas con distinta vara, en EEUU no se toma con el mismo criterio. En una entrevista, el ex fiscal federal Jacob Frenkel sostuvo que “esto es como comparar un Chardonnay con un Champagne. Al principio se trata de dos vinos, pero la textura, el color y los aromas son diferentes. Para todos estos bancos, los actos por los que se los acusa no son comparables. Violar un embargo o ayudar a evadir son delitos penales. Crear un instrumento financiero tóxico no lo es”. Según el experto, en el momento de diseñar los instrumentos securitizados los bancos recurrieron a los mejores abogados para que éstos fueran legales desde el punto de vista de la legislación estadounidense. De ahí que las únicas demandas que prosperaron hayan sido las civiles.
Sin embargo, muchos analistas ponen el foco en el hecho de que a partir de 2013 la Justicia empezara a perseguir a los bancos más intensamente, y que del total de multas al sector bancario, la mitad fuera aplicada en el último año. ¿Cómo se explica esto? De acuerdo con los especialistas, la proximidad de las legislativas de noviembre hizo que el gobierno insistiera con más fuerza para que se aplicaran castigos. Y la Justicia fue receptiva a este reclamo.
Con información de
Cronista
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