El Gobierno defendió la elección de jueces penales
Martes 27 de
Agosto 2024
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, consideró que "queda en manos del Poder ejecutivo designar a las personas que entienda más idóneas" para la Cámara de ejecución penal a pesar del orden de mérito. Consideró que las tres personas elegidas "sabrán ser jueces, controlar el cumplimiento de la ley y la Constitución sin erigirse en cogobernantes".
El gobierno provincial salió a defender la designación de tres nombres para ocupar la Cámara de ejecución penal provincial de la mano del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien remarcó que el poder Ejecutivo debe elegir a las personas que considera más idóneas y hacerse responsable por su desempeño. La controversia generada por los pliegos de Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes, quedará zanjaba cuando este jueves se reúna la asamblea legislativa para darles acuerdo o rechazarlos.
La polémica surgió por la decisión del Ejecutivo de enviar a la Legislatura los pliegos de quienes en el orden de mérito “sugerido” que elaboró el Consejo de la Magistratura al finalizar el concurso ocuparon los puestos 8°, 9° y 12° entre los que superaron las pautas de evaluación.
A eso se sumó que Haurigot (actual fiscal en Rosario) y Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) fueron reprobados en el examen. Ambos impugnaron la eliminación ante el Ejecutivo, que en un hecho dentro de las normas pero sin antecedentes, les permitió seguir en el concurso. Ambos completaron la entrevista personal y aprobaron.
Cabe señalar que la Cámara de ejecución penal es la segunda instancia en la que se abordan situaciones judiciales, generalmente, cuando una persona condenada está en condiciones de, bajo determinadas reglas, empezar a transitar la reinserción en la sociedad. Este martes, en diálogo con la periodista Ivana Fux (Radio 2 y El Tres), Coccocioni se refirió al debate que despertaron los pliegos: “Privilegiamos como dice la propia ley, la Cámara de ejecución en su actuación unipersonal en casi todas las cuestiones resuelve de manera verbal por lo tanto, las objeciones relacionadas a que en un examen se había mencionado la falta de formas que corresponden a una sentencia de cámara, nos parecía que era discutible”, destacó sobre la reprobación del examen escrito por parte de dos de los aspirantes elegidos.
“Más allá de esto, el jurado fue quien entendió que los tres postulantes superaron el umbral de conocimiento y de idoneidad técnica para el cargo al que aspiraban”, advirtió a continuación. “Luego, queda en manos del Poder ejecutivo designar a las personas que entienda más idóneas, sabiendo que, en definitiva, es responsabilidad del Poder ejecutivo”.
Consultado acerca de que no se había tenido en cuenta la voz del jurado, manifestó: “El orden de mérito es una sugerencia del jurado, y por Constitución la designación de magistrados está en cabeza del gobernador de la provincia con acuerdo de la asamblea legislativa. Entonces, es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta. Pero eso de delegar la designación de magistrados, exclusivamente, al estamento técnico es algo que, hasta por principios, no lo compartimos”.
En ese punto, se le cuestionó que el gobierno provincial había criticado el desarrollo de concursos en los que se subestimaban los resultados técnicos. “Cargos puntuales en concursos masivos es una cosa, en este caso, estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario. ¿Por qué no hay concurso para la Corte Suprema? –preguntó–Porque es un órgano en el que está en juego la política judicial, una cuestión institucional. En el caso de la Cámara de apelaciones de ejecución penal y supervisión carcelaria podría decirse que es el órgano rector y controlador de toda la política carcelaria. Queremos evaluar ante decisiones judiciales que no nos han parecido adecuadas, recuerden cuando algún juez o jueza nos declaró que no podíamos limitar a dos kilos el ingreso de mercadería, que teníamos que mover a Los Monos al pabellón que ellos quisieran o que teníamos que construirle un patio especial al padre del jefe de Los Monos, ect, etc”.
Y continuó en este sentido: “Este es un tribunal que va a tener una enorme importancia. Imagínense que hagamos el primer centro de reclusión de alto perfil argentina con un nivel de seguridad único, mirá si viene un juez y dice «mirá no me gusta, se lo clausuro»”.
Por último, expresó: “Confiamos que se han elegidos personas que sabrán ser jueces, controlar el cumplimiento de la ley y la Constitución sin erigirse en cogobernantes”.
La polémica surgió por la decisión del Ejecutivo de enviar a la Legislatura los pliegos de quienes en el orden de mérito “sugerido” que elaboró el Consejo de la Magistratura al finalizar el concurso ocuparon los puestos 8°, 9° y 12° entre los que superaron las pautas de evaluación.
A eso se sumó que Haurigot (actual fiscal en Rosario) y Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) fueron reprobados en el examen. Ambos impugnaron la eliminación ante el Ejecutivo, que en un hecho dentro de las normas pero sin antecedentes, les permitió seguir en el concurso. Ambos completaron la entrevista personal y aprobaron.
Cabe señalar que la Cámara de ejecución penal es la segunda instancia en la que se abordan situaciones judiciales, generalmente, cuando una persona condenada está en condiciones de, bajo determinadas reglas, empezar a transitar la reinserción en la sociedad. Este martes, en diálogo con la periodista Ivana Fux (Radio 2 y El Tres), Coccocioni se refirió al debate que despertaron los pliegos: “Privilegiamos como dice la propia ley, la Cámara de ejecución en su actuación unipersonal en casi todas las cuestiones resuelve de manera verbal por lo tanto, las objeciones relacionadas a que en un examen se había mencionado la falta de formas que corresponden a una sentencia de cámara, nos parecía que era discutible”, destacó sobre la reprobación del examen escrito por parte de dos de los aspirantes elegidos.
“Más allá de esto, el jurado fue quien entendió que los tres postulantes superaron el umbral de conocimiento y de idoneidad técnica para el cargo al que aspiraban”, advirtió a continuación. “Luego, queda en manos del Poder ejecutivo designar a las personas que entienda más idóneas, sabiendo que, en definitiva, es responsabilidad del Poder ejecutivo”.
Consultado acerca de que no se había tenido en cuenta la voz del jurado, manifestó: “El orden de mérito es una sugerencia del jurado, y por Constitución la designación de magistrados está en cabeza del gobernador de la provincia con acuerdo de la asamblea legislativa. Entonces, es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta. Pero eso de delegar la designación de magistrados, exclusivamente, al estamento técnico es algo que, hasta por principios, no lo compartimos”.
En ese punto, se le cuestionó que el gobierno provincial había criticado el desarrollo de concursos en los que se subestimaban los resultados técnicos. “Cargos puntuales en concursos masivos es una cosa, en este caso, estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario. ¿Por qué no hay concurso para la Corte Suprema? –preguntó–Porque es un órgano en el que está en juego la política judicial, una cuestión institucional. En el caso de la Cámara de apelaciones de ejecución penal y supervisión carcelaria podría decirse que es el órgano rector y controlador de toda la política carcelaria. Queremos evaluar ante decisiones judiciales que no nos han parecido adecuadas, recuerden cuando algún juez o jueza nos declaró que no podíamos limitar a dos kilos el ingreso de mercadería, que teníamos que mover a Los Monos al pabellón que ellos quisieran o que teníamos que construirle un patio especial al padre del jefe de Los Monos, ect, etc”.
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