Sin los votos del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura votó una declaración contra Venezuela
Por:
Hernán Cappiello
Miércoles 30 de
Octubre 2024
Fue para exponer la preocupación por los pedidos de captura venezolanos contra MIlei, su hermana, jueces y fiscales que intervinieron en el caso del avión venezolano-iraní
Sin los votos del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura aprobó una declaración en la que “manifiesta su preocupación” porque la justicia de Venezuela pidió la captura internacional del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y de jueces, fiscales y legisladores que investigaron al avión venezolano iraní que estuvo retenido en la Argentina el año pasado, bajo la sospecha de espionaje, y luego enviado al Gobierno de los Estados Unidos.
El texto que aprobó el Consejo señala que “manifiesta profunda preocupación con la decisión adoptada por el Ministerio Público del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de emitir pedidos de captura internacional de diversos magistrados, fiscales y funcionarios argentinos por su sola intervención en el marco de sus competencias materiales y funcionales”.
“Este Cuerpo ratifica la defensa de la independencia judicial y la eficaz prestación del servicio de justicia, sin condicionamientos externos, tal como lo prescribe nuestra Constitución Nacional en su artículo 116″, dice la misiva.
Venezuela, mediante sus fiscales, pidió la detención del presidente Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros del Poder Judicial como los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, y los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, José Luis Agüero Iturbe y Diego Iglesias. También hay miembros del Poder Legislativo, como Ricardo López Murphy y Gerardo Milman. Además, se incluye a Waldo Wolff, Yamil Santoro, María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi y Leonardo Camicer.
La declaración de preocupación por la decisión de Venezuela fue impulsada por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio. Cuando se planteó el asunto en la sesión plenaria, el kirchnerismo no votó.
El concejero y diputado Rodolfo Tailhade dijo que cuando trataron el tema en la reunión de labor, previa al plenario de hoy, “no había visto un solo papel”. Y continuó: “No llegó al Consejo, no fue circulado. El consejero Amerio dijo que los papeles estaban en Cancillería, supongo un exhorto o captura, la verdad que no lo sé. Tampoco sé los términos en que sale la orden de captura de la Justicia venezolana. Tampoco sabemos si fue tratado por el Comité Ejecutivo de Interpol ni hay información vinculada a este tema”.
Su colega consejero Héctor Recalde, representante de los abogados, propuso postergar la votación hasta tener información. “Sin información no podemos votar”, afirmó.
Sin embargo, se votó y apoyaron la declaración el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti; la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero; el juez y concejero Diego Barroetaveña, ambos de la lista Bordó; la consejera por los abogados Jimena De la Torre, cercana a Pro; la jueza y consejera Alejandra Provitola, de la lista Copromiso Judicial; el juez y concejero Alberto Lugones, de la lista Celeste; el concejero abogado cercano al radicalismo Miguel Piedecasas; el senador radical y consejero Eduardo Vischi; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, concejero por el Poder Ejecutivo, y el concejero diputado Álvaro González, del larretismo.
El texto que aprobó el Consejo señala que “manifiesta profunda preocupación con la decisión adoptada por el Ministerio Público del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de emitir pedidos de captura internacional de diversos magistrados, fiscales y funcionarios argentinos por su sola intervención en el marco de sus competencias materiales y funcionales”.
“Este Cuerpo ratifica la defensa de la independencia judicial y la eficaz prestación del servicio de justicia, sin condicionamientos externos, tal como lo prescribe nuestra Constitución Nacional en su artículo 116″, dice la misiva.
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