El Ministerio de Defensa suspendió a 16 militares y relevó a un jefe por sospechas de corrupción
Por:
Lucía Pereyra y Mariano De Vedia
Miércoles 11 de
Diciembre 2024
Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la cartera que conduce Luis Petri; la decisión se tomó por la detección de irregularidades en el manejo de autopartes de aviones, que serían usados para la venta
Otra situación de ruido político salpica al Ejército Argentino. Y es que el Ministerio de Defensa suspendió esta semana a 16 militares y relevó a un jefe del área de Aviación de la fuerza y ahora son investigados por corrupción. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la cartera que conduce Luis Petri. La decisión fue por irregularidades en el manejo de repuestos de aeronaves del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, en Campo de Mayo.
El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti, ordenó que se realice una auditoría interna para esclarecer los hechos. Posteriormente se determinó la suspensión de manera preventiva de los 16 militares supuestamente involucrados en el robo de autopartes de aviones (motores) de los Twin Otter y se relevó a la autoridad militar del área. También se formalizó una denuncia penal ante la Oficina Anticorrupción.
La cartera de Defensa tomó conocimiento de esta situación este lunes y junto con el Ejército ordenó la auditoría. Según las primeras investigaciones, los 16 militares habrían participado del robo de autopartes de aviones para luego venderlas. Tras la presentación de otra denuncia, el ministro Petri envió el documento a la Oficina de Transparencia de la cartera y se elevaron las actuaciones correspondientes a la Oficina Anticorrupción para que se esclarezcan los hechos. Fuentes al tanto de la situación dijeron a LA NACION que las autoridades pudieron recuperar un motor y otras dos autopartes.
Los hechos se encuentran en investigación administrativa, al mando de un oficial auditor, en pos de determinar los responsables e implicados luego de que llegaran estas dos denuncias.
Según pudo saber LA NACION, entre los militares alcanzados por la investigación se encuentra el general de brigada retirado, Mariano Cuevillas, quien hace unos años fue director general de Aviación del Ejército y ahora venía cumpliendo funciones de asesoramiento en la unidad.
Al relevo del jefe del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, el coronel Julio Orlando Morillas, se sumó la suspensión preventiva del coronel Edgardo Suigo, los tenientes Daniel Márquez y Ángel Quintana; los mayores Diego Mancilla, Romina Toso; el teniente primero Maximiliano Maldonado; los sargentos mayores Raúl Salamone, Aldo Villalba, César Britos; el sargento principal Diego Benítez; los sargentos ayudantes Jorge Díaz, Alexis Freddo; la sargento Marcela Mastronardo y el cabo Matías Copi.
“Todavía no se aplicaron sanciones porque la actuación está en curso. La medida preventiva para facilitar las investigaciones es la suspensión del servicio. El personal retirado no puede ser suspendido porque no cumple servicios, pero está sujeto a las actuaciones disciplinarias”, explicaron en el Ejército.
Fuentes castrenses informaron que la denuncia fue presentada por oficiales subalternos del área de Aviación del Ejército, por lo que se dispuso una serie de investigaciones administrativas y el envío de una comisión a la unidad militar, encabezada por el subjefe del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Carygno, e integrada por auditores militares y personal de la Inspectoría General del Ejército. “El hecho de que el general Presti haya enviado al subjefe de la fuerza muestra la relevancia que se le da a la situación”, evaluó la fuente militar.
Tras ello, menciona las medidas adoptadas: “la suspensión preventiva del personal militar presuntamente involucrado en los hechos denunciados, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia de las investigaciones; el relevo de la autoridad militar responsable del área bajo análisis, la realización de una inspección exhaustiva en el ámbito de la Aviación del Ejército, a cargo del subjefe de la fuerza y de la Inspectoría General del Ejército, y la formalización de la denuncia penal ante las autoridades judiciales competentes”.
“El ministro de Defensa también ha instruido a la Oficina de Transparencia para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes y ha otorgado intervención a la Oficina Anticorrupción, de conformidad con las normativas vigentes. El Ejército Argentino continuará informando a las autoridades ministeriales y judiciales sobre el desarrollo de las actuaciones en curso”, cierra el comunicado.
Más de 30 vuelos en aviones militares para uso familiar y denuncias de maltrato y abuso de autoridad contra el personal a su cargo acumuló el brigadier en los 11 meses en que actuó al frente de la Fuerza Aérea Argentina. Tras el escándalo, el Gobierno designó en su lugar a Gustavo Javier Valverde.
Días más tarde, el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Jorge Fabián Berredo, acusó al general Carugno de amenazar con echar a su esposa, una coronel médica que trabaja desde hace veinte años en el Hospital Militar Central, si el militar no presentaba su pedido de pase a retiro.
El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti, ordenó que se realice una auditoría interna para esclarecer los hechos. Posteriormente se determinó la suspensión de manera preventiva de los 16 militares supuestamente involucrados en el robo de autopartes de aviones (motores) de los Twin Otter y se relevó a la autoridad militar del área. También se formalizó una denuncia penal ante la Oficina Anticorrupción.
La cartera de Defensa tomó conocimiento de esta situación este lunes y junto con el Ejército ordenó la auditoría. Según las primeras investigaciones, los 16 militares habrían participado del robo de autopartes de aviones para luego venderlas. Tras la presentación de otra denuncia, el ministro Petri envió el documento a la Oficina de Transparencia de la cartera y se elevaron las actuaciones correspondientes a la Oficina Anticorrupción para que se esclarezcan los hechos. Fuentes al tanto de la situación dijeron a LA NACION que las autoridades pudieron recuperar un motor y otras dos autopartes.
Los hechos se encuentran en investigación administrativa, al mando de un oficial auditor, en pos de determinar los responsables e implicados luego de que llegaran estas dos denuncias.
Según pudo saber LA NACION, entre los militares alcanzados por la investigación se encuentra el general de brigada retirado, Mariano Cuevillas, quien hace unos años fue director general de Aviación del Ejército y ahora venía cumpliendo funciones de asesoramiento en la unidad.
Al relevo del jefe del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, el coronel Julio Orlando Morillas, se sumó la suspensión preventiva del coronel Edgardo Suigo, los tenientes Daniel Márquez y Ángel Quintana; los mayores Diego Mancilla, Romina Toso; el teniente primero Maximiliano Maldonado; los sargentos mayores Raúl Salamone, Aldo Villalba, César Britos; el sargento principal Diego Benítez; los sargentos ayudantes Jorge Díaz, Alexis Freddo; la sargento Marcela Mastronardo y el cabo Matías Copi.
“Todavía no se aplicaron sanciones porque la actuación está en curso. La medida preventiva para facilitar las investigaciones es la suspensión del servicio. El personal retirado no puede ser suspendido porque no cumple servicios, pero está sujeto a las actuaciones disciplinarias”, explicaron en el Ejército.
Fuentes castrenses informaron que la denuncia fue presentada por oficiales subalternos del área de Aviación del Ejército, por lo que se dispuso una serie de investigaciones administrativas y el envío de una comisión a la unidad militar, encabezada por el subjefe del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Carygno, e integrada por auditores militares y personal de la Inspectoría General del Ejército. “El hecho de que el general Presti haya enviado al subjefe de la fuerza muestra la relevancia que se le da a la situación”, evaluó la fuente militar.
El comunicado del Ejército
Un par de horas más tarde, el Ejército emitió un comunicado para dar mayores precisiones. “De acuerdo a lo coordinado con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General del Ejército ha dispuesto la adopción de medidas disciplinarias y administrativas ante la presunta comisión de irregularidades en la administración de efectos de aviación, conforme a la información canalizada por oficiales subalternos el día 6 de diciembre del corriente año”, reza el escrito.Tras ello, menciona las medidas adoptadas: “la suspensión preventiva del personal militar presuntamente involucrado en los hechos denunciados, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia de las investigaciones; el relevo de la autoridad militar responsable del área bajo análisis, la realización de una inspección exhaustiva en el ámbito de la Aviación del Ejército, a cargo del subjefe de la fuerza y de la Inspectoría General del Ejército, y la formalización de la denuncia penal ante las autoridades judiciales competentes”.
“El ministro de Defensa también ha instruido a la Oficina de Transparencia para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes y ha otorgado intervención a la Oficina Anticorrupción, de conformidad con las normativas vigentes. El Ejército Argentino continuará informando a las autoridades ministeriales y judiciales sobre el desarrollo de las actuaciones en curso”, cierra el comunicado.
Antecedentes
La noticia de la suspensión de los 16 militares y el relevo de un jefe llega un mes después de que Petri echara al jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, por el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales, a lo que se sumaron denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad.Más de 30 vuelos en aviones militares para uso familiar y denuncias de maltrato y abuso de autoridad contra el personal a su cargo acumuló el brigadier en los 11 meses en que actuó al frente de la Fuerza Aérea Argentina. Tras el escándalo, el Gobierno designó en su lugar a Gustavo Javier Valverde.
Días más tarde, el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Jorge Fabián Berredo, acusó al general Carugno de amenazar con echar a su esposa, una coronel médica que trabaja desde hace veinte años en el Hospital Militar Central, si el militar no presentaba su pedido de pase a retiro.
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