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Jujuy
Jujuy impone un copago para atenderse en hospitales públicos a los que cobren más de dos salarios mínimos
Miércoles 18 de
Diciembre 2024
Un año después de que el Gobierno nacional redujera el financiamiento a las provincias, Jujuy se propuso como un laboratorio para la privatización de la salud pública: si cobran por encima del medio millón de pesos, deberán pagar un seguro de $ 50.000 mensuales.
La Legislatura provincial de Jujuy aprobó este miércoles la creación de un Seguro Provincial de Salud (Seprosa) que será obligatorio para atenderse en hospitales públicos jujeños para todos los que no cumplan con el umbral de ingresos mínimos. Se estima rondará en los $50 mil mensuales. Es fruto de un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), partió aguas en el voto de los legisladores del Frente de Todos (FdT) y le servirá al presidente Javier Milei como primer laboratorio de privatización de la salud pública.
La iniciativa aprobada esta tarde a mano alzada por la mayoría de los presentes establece que todo jujeño que quiera seguir accediendo a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio -hasta el momento gratuito- deberá abonar el equivalente “al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas” del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Según la nueva norma, que ahora debe ser promulgada, quienes paguen estos $50 mil mensuales recibirán una “Credencial Digital” con la que podrán “gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no superan los $543.142.
“Imagino que son conscientes que quieren escribir un capítulo reaccionario en la historia nacional. Estamos hablando del peligro que implica ponerle el fin a la gratuidad en el sistema público de salud y el avance en la privatización en la provincia, que sabemos que se puede ampliar en todo el país”, comenzó su discurso la diputada provincial del Frente de Izquierda Natalia Morales, previo a su aprobación.
En diálogo con El Destape, la legisladora planteó que con esta nueva Ley 6.453 se busca “hacerle pagar los costos” al sector que no tiene obra social -que se estima es el 50% de la población jujeña y que ya utiliza los servicios públicos-, pero que, al mismo tiempo, tiene ingresos que “apenas están por encima de la pobreza”. “Se revientan laburando para llegar a fin de mes y ahora le aplican esto por una prestación que ya tienen en este momento", explicó.
A modo de ejemplo, en el proyecto se detalla que el Programa Federal Incluir Salud representa un costo mensual para el Ministerio de Salud del gobernador jujeño, Carlos Sadir, de $516.140.000 de los que el Estado nacional sólo aporta $19.813.132. “El Gobierno nacional recortó y nos preocupan las personas que atraviesan VIH o que necesitan un trasplante. Como sí nos preocupa, nos hacemos cargo”, expresó el diputado de la UCR Juan Brajcich al defender el nuevo seguro, con el que -afirmó- se podrá costear un sector que con el Presupuesto 2025 no podría seguir siendo financiado.
En la misma sintonía se ubicó una parte del peronismo, que votó dividido a favor y en contra de la ahora nueva ley. “Si no se hace esto se va a fundir el Instituto de Seguros de Jujuy. El que tenemos en Buenos Aires (Javier Milei) cada vez nos quiere cortar más las cosas. Creo que esta es la única solución”, sostuvo para votar a favor el legislador del FdT y presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Rubén Rivarola.
La ley prevé que en casos de emergencia por riesgo de vida del paciente, “la atención deberá ser garantizada” sin importar el “pago de arancel alguno”. Sin embargo, se remarca que el Estado provincial arbitrará “con posterioridad” de qué manera percibir “los gastos ocasionados” por la prestación médica.
En relación a quienes no sean residentes jujeños, la norma aún tiene una zona gris ya que dependerá de “la autoridad de aplicación” reglamentar qué condiciones de acceso habrá para aquellos “nacionales no residentes” que se atiendan en hospitales de la provincia.
La iniciativa aprobada esta tarde a mano alzada por la mayoría de los presentes establece que todo jujeño que quiera seguir accediendo a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio -hasta el momento gratuito- deberá abonar el equivalente “al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas” del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Según la nueva norma, que ahora debe ser promulgada, quienes paguen estos $50 mil mensuales recibirán una “Credencial Digital” con la que podrán “gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no superan los $543.142.
“Imagino que son conscientes que quieren escribir un capítulo reaccionario en la historia nacional. Estamos hablando del peligro que implica ponerle el fin a la gratuidad en el sistema público de salud y el avance en la privatización en la provincia, que sabemos que se puede ampliar en todo el país”, comenzó su discurso la diputada provincial del Frente de Izquierda Natalia Morales, previo a su aprobación.
En diálogo con El Destape, la legisladora planteó que con esta nueva Ley 6.453 se busca “hacerle pagar los costos” al sector que no tiene obra social -que se estima es el 50% de la población jujeña y que ya utiliza los servicios públicos-, pero que, al mismo tiempo, tiene ingresos que “apenas están por encima de la pobreza”. “Se revientan laburando para llegar a fin de mes y ahora le aplican esto por una prestación que ya tienen en este momento", explicó.
La falta de financiamiento nacional, el principal argumento
El principal argumento del proyecto de ley -y de los diputados tanto de la UCR como de la mayoría del FdT que votaron a favor- es que el Estado nacional dejó de enviar recursos para financiar la salud y deben instrumentarse nuevos mecanismos para solventarlo. “Toda asistencia sanitaria, posee un costo. Éste, en caso de personas carentes de recursos y sin obra social, es solventado por el Estado provincial. En esa línea, resulta de público conocimiento que, por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, plantea uno de los primeros párrafos de la iniciativa de 8 carillas presentada por el radical Santiago Jubert.A modo de ejemplo, en el proyecto se detalla que el Programa Federal Incluir Salud representa un costo mensual para el Ministerio de Salud del gobernador jujeño, Carlos Sadir, de $516.140.000 de los que el Estado nacional sólo aporta $19.813.132. “El Gobierno nacional recortó y nos preocupan las personas que atraviesan VIH o que necesitan un trasplante. Como sí nos preocupa, nos hacemos cargo”, expresó el diputado de la UCR Juan Brajcich al defender el nuevo seguro, con el que -afirmó- se podrá costear un sector que con el Presupuesto 2025 no podría seguir siendo financiado.
En la misma sintonía se ubicó una parte del peronismo, que votó dividido a favor y en contra de la ahora nueva ley. “Si no se hace esto se va a fundir el Instituto de Seguros de Jujuy. El que tenemos en Buenos Aires (Javier Milei) cada vez nos quiere cortar más las cosas. Creo que esta es la única solución”, sostuvo para votar a favor el legislador del FdT y presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Rubén Rivarola.
El voto dividido del peronismo
En contraposición, otros compañeros de su bancada manifestaron que “la salud se va a garantizar mejorando sueldos”, que la ahora ley está “floja de papeles” y que debía haberse debatido más. “Se habló de proteger a los sectores más vulnerables, pero vamos en sentido contrario”, manifestó el diputado del FdT Martin Fellner.La ley prevé que en casos de emergencia por riesgo de vida del paciente, “la atención deberá ser garantizada” sin importar el “pago de arancel alguno”. Sin embargo, se remarca que el Estado provincial arbitrará “con posterioridad” de qué manera percibir “los gastos ocasionados” por la prestación médica.
En relación a quienes no sean residentes jujeños, la norma aún tiene una zona gris ya que dependerá de “la autoridad de aplicación” reglamentar qué condiciones de acceso habrá para aquellos “nacionales no residentes” que se atiendan en hospitales de la provincia.
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