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Santa Fe ratifica el avance de la obra del Puente Carretero pese a una intimación de Vialidad Nacional

Miércoles 02 de Abril 2025

El actual puente entre la capital provincial y Santo Tomé fue inaugurado en 1939 y registra un notable deterioro estructural
Puente Carretero Santa Fe
 
El gobierno de la provincia de Santa Fe continuará con la construcción del nuevo Puente Carretero sobre el Río Salado, pese a una intimación enviada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en la que se le ordena detener la obra por no contar con la debida autorización. La administración provincial sostiene que la obra se desarrolla con financiamiento propio y en el marco de un convenio firmado con el organismo en noviembre de 2024.
 
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, expresó que “la obra que se inició el 13 de marzo va a seguir tal cual fue planificada” y aseguró que se trata de un puente de jurisdicción provincial, que enlazará dos márgenes del río, una perteneciente a la Municipalidad de Santo Tomé y la otra a la Municipalidad de Santa Fe, con lo cual, según explica, “no hay ninguna interferencia en áreas del gobierno nacional”. También indicó que la documentación técnica “se viene brindando conforme se avanza con la obra y se presenta la documentación”.
 
La publicación del ministro también señaló que “cuando el grado de avance de la obra amerite solicitar permiso de uso de algún espacio nacional, se tramitará la correspondiente solicitud de permiso”. En otro pasaje, Enrico afirmó que “el gobierno nacional no colabora ni con el valor de un tornillo” y sostuvo que sería deseable que “en vez de amenazar con parar una obra provincial que les resuelve una congestión nacional, tengan a bien colaborar y no poner palos en la rueda”.
 
Vialidad Nacional, organismo responsable de la planificación de obras en la red troncal, advirtió que los trabajos se iniciaron sin contar con la “debida autorización” y sin que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) respondiera a reiterados pedidos de documentación técnica y designación de representantes para coordinar la supervisión y evaluación del proyecto. Así lo expresó en la nota enviada el pasado lunes, en la que indicó que, de no cesar las actividades, podrían iniciarse acciones legales.
 
En el documento oficial, la DNV detalla que la solicitud de información fue realizada en al menos tres oportunidades anteriores: el 25 de octubre de 2024, el 12 de marzo y el 21 de marzo de 2025. En dichas comunicaciones, se pidió a la DPV que entregara informes de ingeniería, planes de contingencia hídricos, ambientales y de seguridad vial, además de documentación técnica rubricada por profesionales competentes. También se solicitó la designación de especialistas provinciales en áreas como hidráulica, estructuras mayores, planificación urbana, seguridad e higiene y seguridad vial. “La documentación solicitada es condición sine qua non para la supervisión de una obra de esta envergadura”, sostuvo el organismo nacional. El convenio, suscripto en noviembre de 2024, establece que la provincia sería responsable de la ejecución y financiamiento de la obra, pero que el desarrollo debía realizarse con intercambio técnico entre ambas jurisdicciones.
 
Desde la administración provincial insisten en que el puente se construye dentro de los límites de la provincia de Santa Fe, conectando dos márgenes del Río Salado bajo jurisdicción municipal, por lo que no sería necesario contar con autorización nacional para el inicio de las tareas. En ese sentido, remarcaron que el proyecto cuenta con el aval técnico y legal requerido, y que el convenio suscripto con la Nación no obliga a paralizar la obra mientras se avanza con la entrega de información.
 
El nuevo puente en cuestión proyecta contar con una longitud de 1324 metros, compuesto por 43 tramos de superestructura y una calzada vehicular de 8,30 metros de ancho, una bicisenda de 1,50 metros y una vereda peatonal del mismo ancho. Además, incluye accesos en ambas cabeceras de la construcción, ciclovías y una serie de obras complementarias orientadas a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito. El proyecto tiene un presupuesto de $39.811 millones, un plazo de ejecución de 24 meses y es financiado íntegramente por el Tesoro provincial.
Con información de La Nación

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