Investigan una organización de abogados y peritos por la falsa denuncia de abuso de un hijo contra su padre
Viernes 25 de
Julio 2025
El fiscal que pidió la absolución del médico acusado imputó a la madre del menor, Andrea Karina Vázquez, por falso testimonio y asociación ilícita
Hay un grupo de abogados y peritos psiquiatras y psicólogos que se dedican a fabricar falsas denuncias contra alguno de los integrantes de parejas que enfrentan procesos de divorcio conflictivos o que están en litigio por la tenencia y custodia de sus hijos.
Esta organización quedó a descubierto en el caso de la causa penal armada contra el médico Pablo Ghisoni, quien estuvo tres años preso por un delito que no cometió.
En un video, su hijo afirmó que, por orden de su madre, había dicho que su padre lo había sometido sexualmente. La exesposa de Ghisoni, Andrea Karina Vázquez, fue denunciada por el fiscal de Lomas de Zamora, Jorge Bettini Sansoni.
El representante del Ministerio Público presentó una denuncia contra la madre del chico por “la posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”.
El conflicto entre Ghisoni y su esposa comenzó en 2012. La disputa por la tenencia de sus tres hijos escaló hasta límites insospechados. Ese año la Justicia determinó que los niños debían vivir con su padre. Sin embargo, la situación se complicó en 2016, cuando, durante un régimen de visitas, Vázquez acusó a Ghisoni de maltrato infantil. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que culminaron con la denuncia por abuso sexual.
La denuncia fue presentada por T. G., uno de los hijos de Ghisoni, que entonces tenía nueve años, y por su hermano menor. El hijo mayor, F. G., nunca respaldó la acusación y permaneció junto a su padre. La denuncia derivó en la detención de Ghisoni, que estuvo dos años preso y uno con prisión preventiva morigerada.
A partir de un video que T. G. publicó en redes sociales, quedó expuesto que la denuncia contra su padre era falsa. El menor agregó que había sido manipulado por su madre para sostener la mentira. “No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente: mi madre”, explicó T. G.
Cuando el proceso llegó a juicio oral, el fiscal Bettini presentó el mencionado video y otros elementos, y decidió no acusar a Ghisoni; en consecuencia, solicitó su inmediata excarcelación y la absolución.
Los abogados que representaban al particular damnificado insistieron con la acusación contra Ghisoni. Sin embargo, ante las pruebas presentadas por el fiscal Bettini, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora dictaron el veredicto absolutorio de Ghisoni.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación bonaerense, el máximo tribunal penal de la provincia.
No obstante, según informó Ghisoni, en una entrevista con el canal LN+, los abogados de Vázquez presentaron un recurso de queja que impedía que el veredicto absolutorio quedara firme.
Un testigo alertó al representante del Ministerio Público sobre la posible existencia de una organización que vendía sus servicios para asesorar legalmente a la exesposa de Ghisoni y a otras mujeres en proceso de divorcio y facilitarles los medios para obtener informes médicos y psicológicos que indicaran una situación de abuso sufrido por alguno de los hijos de la pareja.
“El testigo manifestó sus sospechas en cuanto a que detrás de este caso existiría un conjunto de personas, agrupaciones y peritos pagados, relacionados con lo aquí denunciado”, expresó el fiscal Bettini Sansoni en su dictamen.
Además de denunciar a Vázquez, el fiscal solicitó la intervención del Asesor de Incapaces, la Justicia de Familia y el Centro de Protección de la Niñez, debido a que I. G., el hermano menor de T. G., vive actualmente con la acusada.
La organización que figura en la denuncia del fiscal Bettini no es la única que opera con esa metodología y que ofrece esos “servicios”.
En 2022 se inició en una fiscalía del Departamento Judicial San Martín una investigación contra una asociación ilícita comandada por un abogado mediático con intervención en procesos penales de gran repercusión en la opinión pública.
Según consta en la acusación realizada por una fiscalía en un dictamen de 44 páginas, el letrado había creado una organización que usaba la pantalla de una ONG con psicólogas estaban inhabilitadas por haber cometido falso testimonio en sus declaraciones en juicios orales, por fraguar peritajes en casos de abuso sexual.
En el dictamen al que tuvo acceso LA NACION, la representante de Ministerio Público describió cómo operaba la asociación ilícita comandada por el mediático abogado en la que las psicólogas guionaban a los hijos de las parejas que los contrataban para que vayan a Cámara Gesell y declaren en contra de sus padres.
“El mediático abogado, a través de una ONG y con la asistencia y participación necesaria de psicólogas, trabajan de manera conjunta en un sinfín de causas por abuso en que figuran menores involucrados, efectúan denuncias falsas y llevan adelante escraches y difamaciones contra los denunciados en distintos medios de comunicación y en redes sociales. Este grupo de personas, abogados y psicólogas desarrollarían maniobras para mantener en el tiempo la falsa imputación del delito de abuso sexual, indicando que tal proceder se registró en varios casos”, concluyó el dictamen de la representante del Ministerio Público de San Isidro que instruyó el sumario.
Esta organización quedó a descubierto en el caso de la causa penal armada contra el médico Pablo Ghisoni, quien estuvo tres años preso por un delito que no cometió.
En un video, su hijo afirmó que, por orden de su madre, había dicho que su padre lo había sometido sexualmente. La exesposa de Ghisoni, Andrea Karina Vázquez, fue denunciada por el fiscal de Lomas de Zamora, Jorge Bettini Sansoni.
El representante del Ministerio Público presentó una denuncia contra la madre del chico por “la posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”.
El conflicto entre Ghisoni y su esposa comenzó en 2012. La disputa por la tenencia de sus tres hijos escaló hasta límites insospechados. Ese año la Justicia determinó que los niños debían vivir con su padre. Sin embargo, la situación se complicó en 2016, cuando, durante un régimen de visitas, Vázquez acusó a Ghisoni de maltrato infantil. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que culminaron con la denuncia por abuso sexual.
La denuncia fue presentada por T. G., uno de los hijos de Ghisoni, que entonces tenía nueve años, y por su hermano menor. El hijo mayor, F. G., nunca respaldó la acusación y permaneció junto a su padre. La denuncia derivó en la detención de Ghisoni, que estuvo dos años preso y uno con prisión preventiva morigerada.
A partir de un video que T. G. publicó en redes sociales, quedó expuesto que la denuncia contra su padre era falsa. El menor agregó que había sido manipulado por su madre para sostener la mentira. “No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente: mi madre”, explicó T. G.
Cuando el proceso llegó a juicio oral, el fiscal Bettini presentó el mencionado video y otros elementos, y decidió no acusar a Ghisoni; en consecuencia, solicitó su inmediata excarcelación y la absolución.
Los abogados que representaban al particular damnificado insistieron con la acusación contra Ghisoni. Sin embargo, ante las pruebas presentadas por el fiscal Bettini, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora dictaron el veredicto absolutorio de Ghisoni.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación bonaerense, el máximo tribunal penal de la provincia.
No obstante, según informó Ghisoni, en una entrevista con el canal LN+, los abogados de Vázquez presentaron un recurso de queja que impedía que el veredicto absolutorio quedara firme.
Un testigo alertó al representante del Ministerio Público sobre la posible existencia de una organización que vendía sus servicios para asesorar legalmente a la exesposa de Ghisoni y a otras mujeres en proceso de divorcio y facilitarles los medios para obtener informes médicos y psicológicos que indicaran una situación de abuso sufrido por alguno de los hijos de la pareja.
“El testigo manifestó sus sospechas en cuanto a que detrás de este caso existiría un conjunto de personas, agrupaciones y peritos pagados, relacionados con lo aquí denunciado”, expresó el fiscal Bettini Sansoni en su dictamen.
Además de denunciar a Vázquez, el fiscal solicitó la intervención del Asesor de Incapaces, la Justicia de Familia y el Centro de Protección de la Niñez, debido a que I. G., el hermano menor de T. G., vive actualmente con la acusada.
La organización que figura en la denuncia del fiscal Bettini no es la única que opera con esa metodología y que ofrece esos “servicios”.
En 2022 se inició en una fiscalía del Departamento Judicial San Martín una investigación contra una asociación ilícita comandada por un abogado mediático con intervención en procesos penales de gran repercusión en la opinión pública.
Según consta en la acusación realizada por una fiscalía en un dictamen de 44 páginas, el letrado había creado una organización que usaba la pantalla de una ONG con psicólogas estaban inhabilitadas por haber cometido falso testimonio en sus declaraciones en juicios orales, por fraguar peritajes en casos de abuso sexual.
En el dictamen al que tuvo acceso LA NACION, la representante de Ministerio Público describió cómo operaba la asociación ilícita comandada por el mediático abogado en la que las psicólogas guionaban a los hijos de las parejas que los contrataban para que vayan a Cámara Gesell y declaren en contra de sus padres.
“El mediático abogado, a través de una ONG y con la asistencia y participación necesaria de psicólogas, trabajan de manera conjunta en un sinfín de causas por abuso en que figuran menores involucrados, efectúan denuncias falsas y llevan adelante escraches y difamaciones contra los denunciados en distintos medios de comunicación y en redes sociales. Este grupo de personas, abogados y psicólogas desarrollarían maniobras para mantener en el tiempo la falsa imputación del delito de abuso sexual, indicando que tal proceder se registró en varios casos”, concluyó el dictamen de la representante del Ministerio Público de San Isidro que instruyó el sumario.
Con información de
La Nación
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