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Reforma constitucional en Santa Fe: Las asociaciones de fiscales y defensores rechazan la politización de la Justicia.
Miércoles 27 de
Agosto 2025
Las Asociaciones que agrupan a los Defensores Públicos y a los Fiscales de la Provincia de Santa Fe, observan con profunda preocupación el dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales en el marco del debate de la Convención para la reforma de la Constitución Provincial.
Destacamos en el mismo diversas disposiciones que, de quedar así resueltas en el texto definitivo, importarán vulneraciones a la autonomía del Ministerio Público y que pueden generar, ya desde un inicio, un claro riesgo a la independencia de fiscales y defensores integrantes del Nuevo organismo constitucional.
La selección y nombramiento de los futuros jueces, fiscales y defensores que no surjan de un concurso público que establezca un orden de mérito y la elevación de una terna vinculante, y la configuración de un sistema de remoción que privilegia ostensiblemente la evaluación política pone en serio riesgo el principio republicano de gobierno. Las reformas diseñadas en el dictamen de la mayoría golpean la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, en tanto atacan su imparcialidad funcional y favorecen la selección y remoción de los jueces, fiscales y defensores por órganos de marcada superioridad política, implicando presiones de los grupos partidarios, ocasionalmente mayoritarios. Los jueces, fiscales y defensores, en el cumplimiento de su tarea, se encuentran sometidos al cumplimiento estricto de la ley, y no a las razones de conveniencia coyuntural.
El actual intento de politización y desmerecimiento de las capacidades técnicas de quienes tienen que ejercer cotidianamente el servicio de justicia, atenta contra la eficacia y eficiencia del sector, provocando una disminución cualitativa de las respuestas al ciudadano, así como puede fomentar la implementación de medidas demagógicas, en detrimento de las opciones jurídicas.
Es ocasión también de señalar que el dictamen de la mayoría desoye las recomendaciones de todos los integrantes del sistema de justicia. Los Colegios de Abogados, y las Asociaciones profesionales que nuclean a jueces, fiscales y defensores se han presentado ante la Convención y reclamado por la despolitización del Sistema de Justicia.
Los órganos que integran el sistema internacional de los derechos humanos también han advertido concretamente sobre los riesgos que involucra una modificación como la pretendida por el dictamen mayoritario.
Finalmente, tambien estas propuestas infringen la Constitución Nacional que impone un sistema republicano y asegura la adecuada administración de justicia.
Por otro lado, observamos también desigualdades entre Poder Judicial -jueces- y Ministerio Público -fiscales y defensores-, que implican una diferencia funcional que socava la igualdad de las partes integrantes del sistema de Justicia y los principios del Debido Proceso. Nos referimos a la inequidad y desigualdad en cuanto a la disposición de no equiparar el trato de defensores y fiscales a magistrados del Poder Judicial, lo que indica una disminución funcional.
Es de hacer notar que estos intentos tienen decidida injerencia en los derechos de todos los ciudadanos santafesinos quienes, expectantes de una MODERNIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA, podrían terminar siendo los más afectados frente a esta intención regresiva de un sector de los constituyentes.
Bregamos por una revisión consensuada del dictamen de mayoría en el plenario, confiando que prevalecerá el CRITERIO DEMOCRÁTICO Y REPUBLICANO DE LOS REPRESENTANTES, en cuanto a división de poderes, con garantías de independencia del Poder judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el
Ministerio Público de la Defensa.
La selección y nombramiento de los futuros jueces, fiscales y defensores que no surjan de un concurso público que establezca un orden de mérito y la elevación de una terna vinculante, y la configuración de un sistema de remoción que privilegia ostensiblemente la evaluación política pone en serio riesgo el principio republicano de gobierno. Las reformas diseñadas en el dictamen de la mayoría golpean la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, en tanto atacan su imparcialidad funcional y favorecen la selección y remoción de los jueces, fiscales y defensores por órganos de marcada superioridad política, implicando presiones de los grupos partidarios, ocasionalmente mayoritarios. Los jueces, fiscales y defensores, en el cumplimiento de su tarea, se encuentran sometidos al cumplimiento estricto de la ley, y no a las razones de conveniencia coyuntural.
El actual intento de politización y desmerecimiento de las capacidades técnicas de quienes tienen que ejercer cotidianamente el servicio de justicia, atenta contra la eficacia y eficiencia del sector, provocando una disminución cualitativa de las respuestas al ciudadano, así como puede fomentar la implementación de medidas demagógicas, en detrimento de las opciones jurídicas.
Es ocasión también de señalar que el dictamen de la mayoría desoye las recomendaciones de todos los integrantes del sistema de justicia. Los Colegios de Abogados, y las Asociaciones profesionales que nuclean a jueces, fiscales y defensores se han presentado ante la Convención y reclamado por la despolitización del Sistema de Justicia.
Los órganos que integran el sistema internacional de los derechos humanos también han advertido concretamente sobre los riesgos que involucra una modificación como la pretendida por el dictamen mayoritario.
Finalmente, tambien estas propuestas infringen la Constitución Nacional que impone un sistema republicano y asegura la adecuada administración de justicia.
Por otro lado, observamos también desigualdades entre Poder Judicial -jueces- y Ministerio Público -fiscales y defensores-, que implican una diferencia funcional que socava la igualdad de las partes integrantes del sistema de Justicia y los principios del Debido Proceso. Nos referimos a la inequidad y desigualdad en cuanto a la disposición de no equiparar el trato de defensores y fiscales a magistrados del Poder Judicial, lo que indica una disminución funcional.
Es de hacer notar que estos intentos tienen decidida injerencia en los derechos de todos los ciudadanos santafesinos quienes, expectantes de una MODERNIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA, podrían terminar siendo los más afectados frente a esta intención regresiva de un sector de los constituyentes.
Bregamos por una revisión consensuada del dictamen de mayoría en el plenario, confiando que prevalecerá el CRITERIO DEMOCRÁTICO Y REPUBLICANO DE LOS REPRESENTANTES, en cuanto a división de poderes, con garantías de independencia del Poder judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el
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