Causa Vialidad: la Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Miércoles 19 de
Noviembre 2025
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió avanzar con la ejecución de más de 80 propiedades para cubrir el monto actualizado de $685.000 millones; la medida alcanza también a Máximo y Florencia Kirchner
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.
La resolución del Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega después de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran.
En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.
Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes “decomisables” que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 −el período juzgado en la causa− con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones.
La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la expresidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.
Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de “multa encubierta”.
Cristina Kirchner, por caso, pidió anular la ejecución de los bienes, además de criticar el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y señalar que era ilegítimo ejecutar bienes que fueron adquiridos antes de 2009, año en el que firmó un decreto que la vinculó a la maniobra.
Sus hijos, Máximo y Florencia, señalaron que no podían ser alcanzados por la medida, puesto que no guardaban relación con el proceso.
Los jueces sostuvieron que para llevar a cabo el decomiso no se sigue una “trazabilidad científica”, sino que basta con acreditar la coincidencia temporal y la razonabilidad económica.
Además, dijeron que la medida, que persigue que el delito no rinda frutos, alcanza tanto el producto directo como a “ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados”, y también a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o el propio Néstor Kirchner.
“Si bien es cierto que no ha existido una sentencia condenatoria sobre Néstor Kirchner −quien falleció incluso antes de que esta causa se iniciara−, ello no quita que la reconstrucción histórica de los hechos lo halló en el marco de la maniobra, celebrando múltiples negocios con Lázaro Báez", dice la resolución, que sigue: “Y que los bienes heredados por sus hijos supieron formar parte de la masa común de bienes de la sociedad conyugal que conformó con Cristina Fernández de Kirchner”.
La resolución del Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega después de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran.
En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.
Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes “decomisables” que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 −el período juzgado en la causa− con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones.
La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la expresidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.
Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de “multa encubierta”.
Cristina Kirchner, por caso, pidió anular la ejecución de los bienes, además de criticar el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y señalar que era ilegítimo ejecutar bienes que fueron adquiridos antes de 2009, año en el que firmó un decreto que la vinculó a la maniobra.
Sus hijos, Máximo y Florencia, señalaron que no podían ser alcanzados por la medida, puesto que no guardaban relación con el proceso.
Los jueces sostuvieron que para llevar a cabo el decomiso no se sigue una “trazabilidad científica”, sino que basta con acreditar la coincidencia temporal y la razonabilidad económica.
Además, dijeron que la medida, que persigue que el delito no rinda frutos, alcanza tanto el producto directo como a “ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados”, y también a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o el propio Néstor Kirchner.
“Si bien es cierto que no ha existido una sentencia condenatoria sobre Néstor Kirchner −quien falleció incluso antes de que esta causa se iniciara−, ello no quita que la reconstrucción histórica de los hechos lo halló en el marco de la maniobra, celebrando múltiples negocios con Lázaro Báez", dice la resolución, que sigue: “Y que los bienes heredados por sus hijos supieron formar parte de la masa común de bienes de la sociedad conyugal que conformó con Cristina Fernández de Kirchner”.
Con información de
La Nación
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