Trabajadores en "gris": cómo es el creciente fenómeno que está cambiando el mapa laboral
Miércoles 28 de
Enero 2026
El total de asalariados no registrados e independientes supera al de empleados en relación de dependencia. Cómo son las nuevas "etiquetas": porqué es diferente ser "gris" a estar en "negro".
El Congreso empezará a discutir en estos días la llamada “modernización laboral” sobre un mercado de trabajo que hace rato adoptó un formato donde el gris y el negro predominan sobre el blanco. La foto que aportan los datos oficiales es incómoda: hay trabajo, pero una porción creciente existe por fuera del marco de la formalidad plena que da una relación de dependencia. Es decir, existe de manera creciente en la informalidad, donde crecen los trabajadores cuentapropistas, monotributistas y sobre todo fuera de todo registro oficial.
La Argentina no sólo discute cuántos trabajan, sino cómo trabajan. Es lo que, tal vez, se discuta cuando arranque el debate parlamentario por el proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Las cifras oficiales son inapelables. Dice el INDEC que entre 2016 y el tercer trimestre de 2025, el total de puestos registrados (público + privado) pasó de 10,6 millones a 11,06 millones: apenas +4,4% en casi una década. El dato más elocuente está en el empleo privado registrado, el corazón de la formalidad: de 7,17 millones en 2016 a 7,27 millones en 2025 (+1,4%). El sector público creció más (de 3,42 a 3,79 millones, +10,8%), pero aun así no alcanza para cambiar la tendencia: la formalidad privada está planchada.
La contracara es el crecimiento del universo no registrado y no asalariado. En 2016, los asalariados no registrados eran 4,64 millones y los no asalariados 4,79 millones. En 2025, trepan a 5,67 millones y 5,94 millones, respectivamente. En total, el bloque “no registrado/no asalariado” subió de 9,43 millones a 11,61 millones: creció un 23,1%. Y superó al conjunto de trabajadores registrados: sumados privados y públicos llegaron a 11,06 millones de personas.
Dicho en castellano: en estos años, el mercado sumó más ocupación por la vía de la informalidad y el cuentapropismo que por la creación de empleo formal privado.
Los asalariados registrados son los que perciben un salario pero además cuentan con los aportes a la obra social y al sistema de seguridad social y la cobertura de una ART. Estos pueden pertenecer al sector privado o público.
Los asalariados no registrados son los que típicamente se los conoce como trabajadores “en negro”, sin aportes, cobertura de seguridad laboral ni ningún otro tipo de beneficio.
Los no asalariados son los dueños de empresas, profesionales autónomos o monotributistas. Muchos de estos monotributistas provienen del sector privado registrado. Otros son mixtos: mitad salario registrado y mitad “factura”.
Conviene detenerse en las etiquetas. “No registrado” es trabajo en negro: no hay alta, no hay aportes, no hay recibo, no hay cobertura plena ante accidentes. “No asalariado” es otra cosa: incluye cuentapropistas reales, monotributistas y emprendedores, pero también – ahí está la zona gris–relaciones de dependencia disfrazadas (“facturá y vení todos los días”). En ambos grupos, el denominador común es la fragilidad: ingresos más variables, menor protección y una productividad que suele quedar estancada.
Se puede hacer foco, por ejemplo, en la cantidad de horas trabajadas. Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2025, el total de horas efectivamente trabajadas mostró un leve aumento interanual del 0,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, detrás de ese crecimiento moderado se esconden dinámicas muy distintas según el tipo de inserción laboral. Las horas trabajadas por asalariados, en conjunto, prácticamente no crecieron y registraron una leve caída del 0,2%, lo que confirma que el empleo asalariado no fue el motor de la expansión.
El retroceso es más marcado en el caso de los asalariados registrados, tanto del sector público como del privado, cuyas horas trabajadas disminuyeron 1,7% interanual. Este comportamiento sugiere ajustes en la cantidad de horas, recortes de jornadas o menor intensidad del empleo formal, en un contexto de actividad todavía débil en varios sectores.
En contraste, las horas trabajadas por asalariados no registrados crecieron 3,6%, el mayor incremento entre las categorías analizadas. A su vez, las horas correspondientes a los no asalariados aumentaron 3,3%. Ambos datos indican que la leve mejora del total se explica por una mayor utilización del trabajo informal y del autoempleo, que funcionan como válvulas de ajuste frente a la pérdida de dinamismo del empleo formal.
Este proceso no empezó con Javier Milei, pero se aceleró con el cambio de modelo económico desde su llegada al poder. El ajuste fiscal, la recesión del primer tramo y la necesidad de “licuar costos” empujaron a muchas firmas a defenderse con esquemas más flexibles: contrataciones por proyecto, tercerizaciones, monotributo “de hecho” y, en el extremo, informalidad.
En 2025 la tendencia de fondo persiste: el “afuera” crece más rápido que el “adentro”. El Gobierno quiere más trabajadores adentro para, además, incrementar los ingresos de la seguridad social. La CGT defiende a los que ya están adentro, pero no está claro que facilite el ingreso de los que están afuera.
Las implicancias sociales son fuertes. Un puesto no registrado implica no tener aportes jubilatorios, obra social asociada al empleo y, muchas veces, quedar desprotegido ante contingencias. También implica menor capacidad de planificación: sin recibo, se complica el crédito, el alquiler, el historial bancario. Y a futuro es una bomba de tiempo previsional: menos aportantes hoy, más presión mañana. No es sólo un problema de derechos laborales: es un problema de ciudadanía económica.
Hay también efectos macro. La informalidad erosiona recaudación y distorsiona la competencia: una empresa que cumple cargas y convenios compite con otra que baja precios porque no registra. El incentivo se vuelve perverso: sobrevivir puede depender de informalizar. Y cuando el sistema premia la evasión, se castiga la inversión en capacitación, tecnología y escala. El país queda atrapado en un equilibrio de baja calidad: muchas ocupaciones, poca carrera laboral.
¿Y el desempleo? La tasa de desocupación suele dominar el debate público, pero en la Argentina explica solo una parte del problema. En los hechos, el país construyó un “colchón” de ocupación de baja calidad que amortigua el desempleo abierto. Ahí entran las plataformas.
Uber, Rappi, PedidosYa y similares funcionaron como válvula de escape. Entran rápido, piden poca barrera de acceso y permiten generar ingresos en semanas, no en meses. En un contexto de transición, eso atenúa el salto del desempleo: menos gente “sin trabajo”, más gente “resolviendo” con la app. Pero el trade-off es conocido: ingresos variables, costos propios (combustible, mantenimiento, datos) y un riesgo que recae sobre el trabajador. Las plataformas ayudan a contener la desocupación, pero no garantizan estabilidad ni formalización.
Con ese telón de fondo, la pregunta del debate legislativo es si la reforma puede, por sí sola, mejorar la calidad del mercado laboral. Un marco más simple, con menor litigiosidad y reglas más claras puede bajar el costo esperado de contratar, sobre todo en pymes, y ayudar a blanquear márgenes. Pero creer que la ley reemplaza al crecimiento es confundir instrumento con motor.
Menor empleo formal privado
Más informalidad y cuentapropismo
Ingreso rápido vía plataformas
Menos desempleo abierto, más fragilidad
La evidencia local es terca: el empleo privado registrado no crece con la norma; crece cuando crece la economía. Cuando hay inversión, crédito, exportaciones y expectativa de demanda, las empresas toman personal y lo registran. Cuando ese crecimiento no aparece, proliferan los atajos. Por eso, la modernización puede ordenar, pero la mejora estructural —más empleo formal, mejores salarios, más productividad— depende del binomio que nunca pasa de moda: crecimiento e inversiones.
La evidencia local es terca: el empleo privado registrado no crece con la norma; crece cuando crece la economía. Cuando hay inversión, crédito, exportaciones y expectativa de demanda, las empresas toman personal y lo registran. Cuando ese crecimiento no aparece, proliferan los atajos. Por eso, la modernización puede ordenar, pero la mejora estructural —más empleo formal, mejores salarios, más productividad— depende del binomio que nunca pasa de moda: crecimiento e inversiones.
En síntesis, la reforma puede ser una herramienta útil. Pero el veredicto sobre el mercado laboral argentino lo va a escribir menos el articulado y más la macro: si el programa logra sostener expansión, bajar la incertidumbre y atraer capital. Sin eso, la Argentina seguirá teniendo un mercado con empleo, sí, pero demasiado trabajo sin red y con poca movilidad social.
La Argentina no sólo discute cuántos trabajan, sino cómo trabajan. Es lo que, tal vez, se discuta cuando arranque el debate parlamentario por el proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Las cifras oficiales son inapelables. Dice el INDEC que entre 2016 y el tercer trimestre de 2025, el total de puestos registrados (público + privado) pasó de 10,6 millones a 11,06 millones: apenas +4,4% en casi una década. El dato más elocuente está en el empleo privado registrado, el corazón de la formalidad: de 7,17 millones en 2016 a 7,27 millones en 2025 (+1,4%). El sector público creció más (de 3,42 a 3,79 millones, +10,8%), pero aun así no alcanza para cambiar la tendencia: la formalidad privada está planchada.
La contracara es el crecimiento del universo no registrado y no asalariado. En 2016, los asalariados no registrados eran 4,64 millones y los no asalariados 4,79 millones. En 2025, trepan a 5,67 millones y 5,94 millones, respectivamente. En total, el bloque “no registrado/no asalariado” subió de 9,43 millones a 11,61 millones: creció un 23,1%. Y superó al conjunto de trabajadores registrados: sumados privados y públicos llegaron a 11,06 millones de personas.
Dicho en castellano: en estos años, el mercado sumó más ocupación por la vía de la informalidad y el cuentapropismo que por la creación de empleo formal privado.
Los asalariados registrados son los que perciben un salario pero además cuentan con los aportes a la obra social y al sistema de seguridad social y la cobertura de una ART. Estos pueden pertenecer al sector privado o público.
Los asalariados no registrados son los que típicamente se los conoce como trabajadores “en negro”, sin aportes, cobertura de seguridad laboral ni ningún otro tipo de beneficio.
Entre empresarios y “mixtos”
Los no asalariados son los dueños de empresas, profesionales autónomos o monotributistas. Muchos de estos monotributistas provienen del sector privado registrado. Otros son mixtos: mitad salario registrado y mitad “factura”.
Conviene detenerse en las etiquetas. “No registrado” es trabajo en negro: no hay alta, no hay aportes, no hay recibo, no hay cobertura plena ante accidentes. “No asalariado” es otra cosa: incluye cuentapropistas reales, monotributistas y emprendedores, pero también – ahí está la zona gris–relaciones de dependencia disfrazadas (“facturá y vení todos los días”). En ambos grupos, el denominador común es la fragilidad: ingresos más variables, menor protección y una productividad que suele quedar estancada.
Se puede hacer foco, por ejemplo, en la cantidad de horas trabajadas. Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2025, el total de horas efectivamente trabajadas mostró un leve aumento interanual del 0,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, detrás de ese crecimiento moderado se esconden dinámicas muy distintas según el tipo de inserción laboral. Las horas trabajadas por asalariados, en conjunto, prácticamente no crecieron y registraron una leve caída del 0,2%, lo que confirma que el empleo asalariado no fue el motor de la expansión.
El retroceso es más marcado en el caso de los asalariados registrados, tanto del sector público como del privado, cuyas horas trabajadas disminuyeron 1,7% interanual. Este comportamiento sugiere ajustes en la cantidad de horas, recortes de jornadas o menor intensidad del empleo formal, en un contexto de actividad todavía débil en varios sectores.
En contraste, las horas trabajadas por asalariados no registrados crecieron 3,6%, el mayor incremento entre las categorías analizadas. A su vez, las horas correspondientes a los no asalariados aumentaron 3,3%. Ambos datos indican que la leve mejora del total se explica por una mayor utilización del trabajo informal y del autoempleo, que funcionan como válvulas de ajuste frente a la pérdida de dinamismo del empleo formal.
El “afuera” versus el “adentro”
Este proceso no empezó con Javier Milei, pero se aceleró con el cambio de modelo económico desde su llegada al poder. El ajuste fiscal, la recesión del primer tramo y la necesidad de “licuar costos” empujaron a muchas firmas a defenderse con esquemas más flexibles: contrataciones por proyecto, tercerizaciones, monotributo “de hecho” y, en el extremo, informalidad.
En 2025 la tendencia de fondo persiste: el “afuera” crece más rápido que el “adentro”. El Gobierno quiere más trabajadores adentro para, además, incrementar los ingresos de la seguridad social. La CGT defiende a los que ya están adentro, pero no está claro que facilite el ingreso de los que están afuera.
Las implicancias sociales son fuertes. Un puesto no registrado implica no tener aportes jubilatorios, obra social asociada al empleo y, muchas veces, quedar desprotegido ante contingencias. También implica menor capacidad de planificación: sin recibo, se complica el crédito, el alquiler, el historial bancario. Y a futuro es una bomba de tiempo previsional: menos aportantes hoy, más presión mañana. No es sólo un problema de derechos laborales: es un problema de ciudadanía económica.
Hay también efectos macro. La informalidad erosiona recaudación y distorsiona la competencia: una empresa que cumple cargas y convenios compite con otra que baja precios porque no registra. El incentivo se vuelve perverso: sobrevivir puede depender de informalizar. Y cuando el sistema premia la evasión, se castiga la inversión en capacitación, tecnología y escala. El país queda atrapado en un equilibrio de baja calidad: muchas ocupaciones, poca carrera laboral.
¿Y el desempleo? La tasa de desocupación suele dominar el debate público, pero en la Argentina explica solo una parte del problema. En los hechos, el país construyó un “colchón” de ocupación de baja calidad que amortigua el desempleo abierto. Ahí entran las plataformas.
“Resolviendo” con las apps
Uber, Rappi, PedidosYa y similares funcionaron como válvula de escape. Entran rápido, piden poca barrera de acceso y permiten generar ingresos en semanas, no en meses. En un contexto de transición, eso atenúa el salto del desempleo: menos gente “sin trabajo”, más gente “resolviendo” con la app. Pero el trade-off es conocido: ingresos variables, costos propios (combustible, mantenimiento, datos) y un riesgo que recae sobre el trabajador. Las plataformas ayudan a contener la desocupación, pero no garantizan estabilidad ni formalización.
Con ese telón de fondo, la pregunta del debate legislativo es si la reforma puede, por sí sola, mejorar la calidad del mercado laboral. Un marco más simple, con menor litigiosidad y reglas más claras puede bajar el costo esperado de contratar, sobre todo en pymes, y ayudar a blanquear márgenes. Pero creer que la ley reemplaza al crecimiento es confundir instrumento con motor.
Cómo se contiene la desocupación
Menor empleo formal privado
Más informalidad y cuentapropismo
Ingreso rápido vía plataformas
Menos desempleo abierto, más fragilidad
La evidencia local es terca: el empleo privado registrado no crece con la norma; crece cuando crece la economía. Cuando hay inversión, crédito, exportaciones y expectativa de demanda, las empresas toman personal y lo registran. Cuando ese crecimiento no aparece, proliferan los atajos. Por eso, la modernización puede ordenar, pero la mejora estructural —más empleo formal, mejores salarios, más productividad— depende del binomio que nunca pasa de moda: crecimiento e inversiones.
La evidencia local es terca: el empleo privado registrado no crece con la norma; crece cuando crece la economía. Cuando hay inversión, crédito, exportaciones y expectativa de demanda, las empresas toman personal y lo registran. Cuando ese crecimiento no aparece, proliferan los atajos. Por eso, la modernización puede ordenar, pero la mejora estructural —más empleo formal, mejores salarios, más productividad— depende del binomio que nunca pasa de moda: crecimiento e inversiones.
En síntesis, la reforma puede ser una herramienta útil. Pero el veredicto sobre el mercado laboral argentino lo va a escribir menos el articulado y más la macro: si el programa logra sostener expansión, bajar la incertidumbre y atraer capital. Sin eso, la Argentina seguirá teniendo un mercado con empleo, sí, pero demasiado trabajo sin red y con poca movilidad social.
Con información de
Cronista
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