La Iglesia rechazó el proyecto que baja la edad de imputabilidad y le exigió "cambios profundos" al Gobierno
Miércoles 28 de
Enero 2026
En su texto, las autoridades eclesiásticas afirman: "La problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes".
Luego que el gobierno de Javier Milei anunciara su decisión de sumar al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el debate sobre bajar la edad de imputabilidad, la Iglesia Católica rechazó esta medida, volviendo a poner en circulación un documento elaborado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en marzo de 2025, que afirma que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”.
El texto comienza remarcando que, “desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo, que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.
En ese punto, aclaran que “en medio del debate social y político con respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.
A continuación, recuerdan que, “ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.
Según el organismo, “la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable. Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”.
En ese punto, detallan: “Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. A los hechos nos remitimos. Por ello, ¡es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco”.
Luego se preguntan: “Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
Y luego profundizan su punto de vista: “¿Qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación. Es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes. Que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea Ezeiza, las drogas, las armas o el cementerio”.
En otro tramo detallan: “El Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito. Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables. Es imprescindible vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos. Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.
El martes 27 de enero, el presidente Javier Milei decidió la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para permitir el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La acción fue implementada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial. El texto ordena “incluir en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
El proyecto del Ejecutivo quiere cambiar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, haciendo bajar el piso de punibilidad (que actualmente son los 16 años) para permitir que sean juzgados y condenados los menores responsables de delitos graves.
Karen Reichardt, diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), salió rápidamente a defender esta postura en sus redes sociales. La exactriz, conocida por sus trabajos en clásicos de la televisión como “Peor es nada” y “Brigada Cola”, afirmó: “No se trata de ideologías políticas, se trata de sentido común. Queremos que las personas que delinquen, tengan la edad que tengan, las paguen. Queremos eso desde hace muchos años. Ahora en extraordinarias de febrero vamos con todo con eso. El que las hace, las paga”.
Y agregó: “En Argentina hay menores que matan, roban armados y en pocas horas están otra vez en la calle, como si nada. Voy a apoyar este proyecto para cortar con la impunidad, para poner un límite claro y para que el que quiera salir a delinquir se haga cargo”.
El texto comienza remarcando que, “desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo, que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.
En ese punto, aclaran que “en medio del debate social y político con respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.
A continuación, recuerdan que, “ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.
Según el organismo, “la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable. Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”.
En ese punto, detallan: “Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. A los hechos nos remitimos. Por ello, ¡es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco”.
Luego se preguntan: “Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
Y luego profundizan su punto de vista: “¿Qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación. Es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes. Que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea Ezeiza, las drogas, las armas o el cementerio”.
En otro tramo detallan: “El Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito. Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables. Es imprescindible vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos. Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.
El proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad
El martes 27 de enero, el presidente Javier Milei decidió la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para permitir el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La acción fue implementada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial. El texto ordena “incluir en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
El proyecto del Ejecutivo quiere cambiar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, haciendo bajar el piso de punibilidad (que actualmente son los 16 años) para permitir que sean juzgados y condenados los menores responsables de delitos graves.
Karen Reichardt, diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), salió rápidamente a defender esta postura en sus redes sociales. La exactriz, conocida por sus trabajos en clásicos de la televisión como “Peor es nada” y “Brigada Cola”, afirmó: “No se trata de ideologías políticas, se trata de sentido común. Queremos que las personas que delinquen, tengan la edad que tengan, las paguen. Queremos eso desde hace muchos años. Ahora en extraordinarias de febrero vamos con todo con eso. El que las hace, las paga”.
Y agregó: “En Argentina hay menores que matan, roban armados y en pocas horas están otra vez en la calle, como si nada. Voy a apoyar este proyecto para cortar con la impunidad, para poner un límite claro y para que el que quiera salir a delinquir se haga cargo”.
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