Cuál es el último proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial en la Argentina y cuáles son sus pilares
Sábado 04 de
Abril 2026
El diputado nacional de UxP es el autor de una iniciativa basada en el modelo de la Unión Europea para proteger los datos personales, la seguridad y el derecho a la intimidad.
Producto del avance voraz y revolucionario de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y las transformaciones disruptivas que estas tecnologías están produciendo en la economía pero también en la vida privada de las personas, amenazando el derecho a la privacidad, la Cámara de Diputados comenzó tímidamente a ofrecer propuestas de regulaciones que apuntan a salvaguardar un entorno digital seguro que garantice la protección de los datos personales.
El año pasado, la comisión de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva, bajo la conducción del ex diputado Daniel Gollan (quien este año fue reemplazado en la presidencia por el macrista Martín Yeza), había producido debates enriquecedores en reuniones informativas que dieron lugar a una aproximación interesante a la problemática.
Días atrás, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley que busca dotar un marco regulatorio de la IA basado en el vanguardista modelo de la Unión Europea, que hizo punta en 2024 al aprobar la primera ley en la materia.
El AI Act europeo clasifica los sistemas de IA de acuerdo al nivel de riesgos o amenazas que representan para la sociedad, especialmente en lo que concierne a la protección de datos personales y de la vida privada.
Por otra parte, la Comisión Europea tiene la facultad el aplicar multas económicas a las empresas que violen el AI Act de hasta 38 millones de dólares o el 7% de sus ingresos anuales globales (lo que sea mayor).
“Al establecer un equilibrio entre la innovación y la protección de derechos, la UE está liderando el camino hacia un futuro donde la IA puede desarrollarse de manera segura, ética y beneficiosa para toda la sociedad”, opinó Giuliano en los fundamentos de su proyecto.
En México, Chile y Brasil también se han presentado proyectos para regular la IA, pero aún no han dado sus frutos, por lo que Argentina tiene la oportunidad de convertirse en el primer país de Latinoamérica en dar el salto hacia adelante.
Es un debate abierto, que dispara opiniones concordantes y disonantes: los detractores de la regulación de la IA sostienen que la injerencia del Estado a través de normativas ahoga y conspira contra la innovación tecnológica y la competitividad económica.
Otro argumento en contra de la regulación es que la tecnología va más rápido que la construcción de leyes, por lo que cada avance normativa nace muerto y es ineficaz para controlar dinámicas tecnológicas inasibles que todo el tiempo se están moviendo.
Sin embargo, son muchas y cada vez las voces que advierten que sin regulación de los sistemas de IA se puede abrir un panorama muy ominoso y amenazante para los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
Giuliano sostiene que su iniciativa, basada en el modelo de la Unión Europea, abreva en un “enfoque proactivo que no solo protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que también fomentará un entorno de innovación seguro y ético”.
El legislador massista llega al extremo de plantear que con el grado de penetración de la IA en la sociedad en la actualidad, lo que está en juego es si la humanidad va a seguir teniendo una vida privada separada de su vida pública.
"Lo importante es que la legislación le asegure al hombre, como en los orígenes mismos de la Humanidad, la oportunidad de una vida pública y de una vida privada; la posibilidad de ejercer en la Aldea Global, el viejo derecho humano de la privacidad, consagrado en el artículo 19° de la Constitución Argentina", indicó.
Giuliano remarcó que “la IA no debe ser una herramienta para la explotación de los datos personales” ya que dicho concepto “colisiona fuertemente con el derecho a la privacidad".
“Uno o dos datos personales, o diez datos sobre una persona, resultan inofensivos y no determinativos de la personalidad, pero el entrecruzamiento de los casi trescientos registros digitales que, según se dice, genera un ciudadano hoy en día hacen de la intimidad una verdadera quimera”, alertó.
Y al respecto advirtió que “la robotización de las bases de datos, las hace incontrolables y capaces de diseñar perfiles o parámetros exactos de cada ciudadano”.
“Estamos hablando de una intrusión masiva, de un avance nuevo y antaño insospechado sobre la intimidad de las personas”, señaló el diputado opositor.
Para Giuliano, “si bien la inteligencia artificial ofrece muchas promesas para la humanidad y en particular para el país, podría representar también amenazas”.
“Es por esto que este proyecto tiene como objeto la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Además, el proyecto también apunta a resguardar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.
Los detalles del proyecto
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, del cual se va a hacer responsable la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo.
Para poder operar en Argentina un nuevo sistema de IA, el interesado deberá inscribirse en este registro informando “sobre los propósitos, objetivos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y medidas de seguridad implementadas”.
A su vez, la autoridad de aplicación deberá supervisar si cada solicitud cumple con los requisitos a través de “una evaluación de impacto previa a la comercialización y/u operación” del sistema de IA en cuestión.
Específicamente, deberá analizar “posibles sesgos, riesgos de discriminación, transparencia y otros factores relevantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos y proteger la democracia y el estado de derecho”.
Como en la normativa europea, el proyecto de Giuliano propone categorizar a los sistemas de IA en tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo.
La autoridad de aplicación tendrá la obligación de prohibir los sistemas de IA que “desplieguen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas", o que “exploten vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o las circunstancias socioeconómicas”.
También estarán prohibidas los sistemas de IA que “incluyan sistemas de categorización biométrica que infieran atributos sensibles (raza, opiniones políticas, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual)”, y aquellas que “realicen puntuación social, es decir, evaluar o clasificar a individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales, causando un trato perjudicial o desfavorable a esas personas”.
Asimismo, no podrán admitirse tecnologías de IA que “evalúen el riesgo de que un individuo cometa delitos penales basándose únicamente en perfiles o rasgos de personalidad”, o que “compilen bases de datos de reconocimiento facial mediante el raspado no selectivo de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV”.
“La Autoridad de Aplicación llevará a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de IA, debiendo realizar auditorías, solicitar información adicional, incorporar nuevos sistemas de IA a la clasificación según el nivel de riesgo y establecer aquellas sanciones que aplicará en caso de detectar incumplimientos a la presente ley”, indica el proyecto.
En tanto, Giuliano precisa que “los sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en funcionamiento en el país en el momento de entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a sus disposiciones en un plazo máximo de seis (6) meses”.
El año pasado, la comisión de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva, bajo la conducción del ex diputado Daniel Gollan (quien este año fue reemplazado en la presidencia por el macrista Martín Yeza), había producido debates enriquecedores en reuniones informativas que dieron lugar a una aproximación interesante a la problemática.
Días atrás, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley que busca dotar un marco regulatorio de la IA basado en el vanguardista modelo de la Unión Europea, que hizo punta en 2024 al aprobar la primera ley en la materia.
El AI Act europeo clasifica los sistemas de IA de acuerdo al nivel de riesgos o amenazas que representan para la sociedad, especialmente en lo que concierne a la protección de datos personales y de la vida privada.
Por otra parte, la Comisión Europea tiene la facultad el aplicar multas económicas a las empresas que violen el AI Act de hasta 38 millones de dólares o el 7% de sus ingresos anuales globales (lo que sea mayor).
“Al establecer un equilibrio entre la innovación y la protección de derechos, la UE está liderando el camino hacia un futuro donde la IA puede desarrollarse de manera segura, ética y beneficiosa para toda la sociedad”, opinó Giuliano en los fundamentos de su proyecto.
En México, Chile y Brasil también se han presentado proyectos para regular la IA, pero aún no han dado sus frutos, por lo que Argentina tiene la oportunidad de convertirse en el primer país de Latinoamérica en dar el salto hacia adelante.
Es un debate abierto, que dispara opiniones concordantes y disonantes: los detractores de la regulación de la IA sostienen que la injerencia del Estado a través de normativas ahoga y conspira contra la innovación tecnológica y la competitividad económica.
Otro argumento en contra de la regulación es que la tecnología va más rápido que la construcción de leyes, por lo que cada avance normativa nace muerto y es ineficaz para controlar dinámicas tecnológicas inasibles que todo el tiempo se están moviendo.
Sin embargo, son muchas y cada vez las voces que advierten que sin regulación de los sistemas de IA se puede abrir un panorama muy ominoso y amenazante para los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
Giuliano sostiene que su iniciativa, basada en el modelo de la Unión Europea, abreva en un “enfoque proactivo que no solo protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que también fomentará un entorno de innovación seguro y ético”.
El legislador massista llega al extremo de plantear que con el grado de penetración de la IA en la sociedad en la actualidad, lo que está en juego es si la humanidad va a seguir teniendo una vida privada separada de su vida pública.
"Lo importante es que la legislación le asegure al hombre, como en los orígenes mismos de la Humanidad, la oportunidad de una vida pública y de una vida privada; la posibilidad de ejercer en la Aldea Global, el viejo derecho humano de la privacidad, consagrado en el artículo 19° de la Constitución Argentina", indicó.
Giuliano remarcó que “la IA no debe ser una herramienta para la explotación de los datos personales” ya que dicho concepto “colisiona fuertemente con el derecho a la privacidad".
“Uno o dos datos personales, o diez datos sobre una persona, resultan inofensivos y no determinativos de la personalidad, pero el entrecruzamiento de los casi trescientos registros digitales que, según se dice, genera un ciudadano hoy en día hacen de la intimidad una verdadera quimera”, alertó.
Y al respecto advirtió que “la robotización de las bases de datos, las hace incontrolables y capaces de diseñar perfiles o parámetros exactos de cada ciudadano”.
“Estamos hablando de una intrusión masiva, de un avance nuevo y antaño insospechado sobre la intimidad de las personas”, señaló el diputado opositor.
Para Giuliano, “si bien la inteligencia artificial ofrece muchas promesas para la humanidad y en particular para el país, podría representar también amenazas”.
“Es por esto que este proyecto tiene como objeto la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Además, el proyecto también apunta a resguardar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.
Los detalles del proyecto
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, del cual se va a hacer responsable la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo.
Para poder operar en Argentina un nuevo sistema de IA, el interesado deberá inscribirse en este registro informando “sobre los propósitos, objetivos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y medidas de seguridad implementadas”.
A su vez, la autoridad de aplicación deberá supervisar si cada solicitud cumple con los requisitos a través de “una evaluación de impacto previa a la comercialización y/u operación” del sistema de IA en cuestión.
Específicamente, deberá analizar “posibles sesgos, riesgos de discriminación, transparencia y otros factores relevantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos y proteger la democracia y el estado de derecho”.
Como en la normativa europea, el proyecto de Giuliano propone categorizar a los sistemas de IA en tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo.
La autoridad de aplicación tendrá la obligación de prohibir los sistemas de IA que “desplieguen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas", o que “exploten vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o las circunstancias socioeconómicas”.
También estarán prohibidas los sistemas de IA que “incluyan sistemas de categorización biométrica que infieran atributos sensibles (raza, opiniones políticas, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual)”, y aquellas que “realicen puntuación social, es decir, evaluar o clasificar a individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales, causando un trato perjudicial o desfavorable a esas personas”.
Asimismo, no podrán admitirse tecnologías de IA que “evalúen el riesgo de que un individuo cometa delitos penales basándose únicamente en perfiles o rasgos de personalidad”, o que “compilen bases de datos de reconocimiento facial mediante el raspado no selectivo de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV”.
“La Autoridad de Aplicación llevará a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de IA, debiendo realizar auditorías, solicitar información adicional, incorporar nuevos sistemas de IA a la clasificación según el nivel de riesgo y establecer aquellas sanciones que aplicará en caso de detectar incumplimientos a la presente ley”, indica el proyecto.
En tanto, Giuliano precisa que “los sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en funcionamiento en el país en el momento de entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a sus disposiciones en un plazo máximo de seis (6) meses”.
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