Geriátricos: en qué casos la obra social o prepaga debe cubrirlos y cómo reclamar si se niega
Jueves 15 de
Octubre 2026
Qué derechos tienen las personas mayores que necesitan atención permanente. La documentación necesaria y los pasos para solicitar la prestación.
Pagar una residencia para un adulto mayor puede convertirse en uno de los gastos más difíciles de afrontar para una familia. Los valores varían según la ciudad, el tipo de habitación, los servicios que ofrece el establecimiento y, sobre todo, el grado de asistencia que necesita la persona. Hoy pueden ir desde alrededor de $900.000 hasta varios millones de pesos por mes.
Sin embargo, hay algo que muchas familias desconocen cuando empiezan a buscar un geriátrico: en determinadas situaciones, ese costo puede ser cubierto total o parcialmente por una obra social, una prepaga o PAMI. Y cuando la persona no tiene ninguna cobertura ni recursos económicos, también existen residencias públicas para quienes cumplen determinados requisitos.
No alcanza, sin embargo, con ser adulto mayor ni con necesitar ayuda para pagar la cuota. La cobertura depende de la situación de salud y del grado de dependencia, de la indicación médica, de si la persona tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), de la cobertura a la que está afiliada y hasta de si la residencia elegida pertenece o no a su cartilla.
“Muchas veces no es que la familia quiera pasarse por alto la cartilla; la verdad es que a veces ni saben que es obligación de la obra social o prepaga brindar la cobertura”, explica Noelia Bonetto, abogada con amplia experiencia en amparos de salud y discapacidad.
Geriátricos: ¿cuándo corresponde que la obra social lo cubra y qué significa que sea del 100%?
La situación más clara es la de una persona que cuenta con CUD y necesita, por su discapacidad y situación sociofamiliar, vivir en una institución que pueda brindarle la asistencia que ya no puede recibir en su casa.
La Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, contempla entre los sistemas alternativos al grupo familiar las residencias y hogares cuando la persona no puede permanecer en su grupo familiar de origen.
Para determinar qué recurso corresponde deben considerarse, entre otras cuestiones, la edad, el tipo y grado de discapacidad y el nivel de autovalimiento e independencia.
La dependencia no se mide sólo por un diagnóstico. Que una persona necesite ayuda para higienizarse, vestirse, alimentarse, caminar, administrar su medicación o realizar otras actividades básicas de la vida diaria puede ser determinante.
¿Y si necesita una residencia pero no tiene CUD? La respuesta es menos automática. Bonetto sostiene que, según las circunstancias concretas, puede haber situaciones en las que la cobertura sea reclamable aún sin certificado.
Sin embargo, recomienda tramitarlo cuando la condición de la persona permita encuadrarla dentro del sistema de discapacidad, porque fortalece el pedido y permite acceder al régimen específico de la Ley 24.901.
El CUD es gratuito y su otorgamiento no depende solo del diagnóstico médico: una Junta Evaluadora Interdisciplinaria analiza la documentación y evalúa si corresponde emitirlo. De hecho, la vía específica de la Superintendencia de Servicios de Salud para denunciar inconvenientes con prestaciones de discapacidad exige presentar el CUD, además de la historia clínica y la orden médica.
¿Qué significa realmente una cobertura del 100%? No necesariamente implica que la familia pueda elegir cualquier geriátrico y que la obra social o prepaga deba pagar la totalidad de esa factura.
Si la residencia pertenece a la cartilla o tiene convenio con la obra social o prepaga, explica Bonetto, la cobertura puede ser integral. Cuando la institución elegida es ajena a la cartilla, el reconocimiento puede quedar limitado a los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y la diferencia quedar a cargo de la familia, salvo situaciones particulares.
Ese nomenclador es una tabla oficial que establece cuánto se reconoce por las distintas prestaciones del sistema de discapacidad. Entre ellas se encuentra la modalidad de Hogar, destinada a personas que necesitan vivir en una institución y recibir asistencia.
Cuando además requieren ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, el arancel puede tener un adicional del 35% por dependencia. Los valores se actualizan periódicamente.
También puede ocurrir que la persona ya lleve tiempo viviendo en una residencia y trasladarla resulte perjudicial. En esos casos adquiere especial importancia que el médico tratante fundamente los riesgos que implicaría el cambio de institución.
La orden médica es una de las piezas centrales del pedido. No debería limitarse a decir que el paciente “necesita cuidados”. Además del diagnóstico, es importante que el informe del médico tratante detalle:
- La indicación expresa de residencia u hogar.
- El grado de dependencia para caminar, higienizarse, vestirse, alimentarse o manejar la medicación.
- Los riesgos de no contar con esa asistencia, como caídas, desorientación, errores con los medicamentos o imposibilidad de permanecer solo.
- Si ya vive en una residencia y no es aconsejable trasladarlo, las razones médicas que justifiquen que permanezca allí.
“En este punto es importante no escatimar detalles. El médico debería mencionar los riesgos de no otorgar la cobertura solicitada y fundamentar por qué la prestación indicada resulta necesaria”, señala Bonetto.
- historia clínica
- CUD, cuando corresponda
- presupuesto y la documentación de la residencia
- otros requisitos que solicite la cobertura.
Si la familia ya está pagando la residencia, también conviene guardar presupuestos, facturas y comprobantes de pago, ya que pueden resultar necesarios para acreditar los gastos ante un eventual pedido de reintegro.
¿Qué hacer si la obra social o prepaga rechaza el pedido, sólo reconoce una parte o no contesta? El primer paso es realizar el reclamo ante la propia cobertura y procurar que quede constancia de la presentación.
Bonetto recomienda intentar primero esa vía administrativa, pero advierte sobre un error frecuente: esperar indefinidamente.
“Es importante que el reclamo tenga un plazo concreto. No es razonable que una familia quede atrapada durante meses en una cadena de correos electrónicos sin soluciones concretas mientras el tiempo pasa. Si la familia inicia el reclamo administrativo por su cuenta, recomiendo que intime a la obra social o prepaga en forma perentoria. No puede esperar indefinidamente”, sostiene.
Si la respuesta es negativa, insuficiente o se demora, los afiliados de obras sociales nacionales y prepagas pueden denunciar el incumplimiento ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Para las prestaciones de discapacidad existe un trámite específico y gratuito. En el caso de PAMI, que cuenta con su propio programa de Residencias de Larga Estadía, el reclamo se realiza a través de los canales del organismo.
No existe un precio único para una residencia privada y la variación es grande. Bonetto cuenta que asesora a familias que pagan desde $900.000 más IVA hasta $3 millones o más por mes, según el establecimiento, la ubicación y el grado de dependencia.
Los relevamientos realizados por Clarín muestran además importantes diferencias según el lugar y el tipo de residencia. En CABA pueden encontrarse establecimientos con cuotas desde alrededor de $1,6 millón mensual, mientras que otras residencias publican actualmente valores de entre $2,5 y $4 millones.
En establecimientos de mayor categoría los precios pueden ser mucho más altos: una residencia porteña, por ejemplo, publica tarifas desde $4,7 millones más IVA y hasta $10 millones, según el tipo de habitación.
Fuera de Buenos Aires pueden encontrarse valores más bajos. En Mendoza, por ejemplo, un relevamiento de julio de 2026 ubicó las cuotas desde alrededor de $900.000 hasta más de $2,5 millones mensuales, con precios superiores cuando se suman enfermería permanente, atención médica, kinesiología y otros servicios.
Para quienes no tienen PAMI, obra social ni prepaga y tampoco cuentan con recursos para pagar una residencia privada existen alternativas estatales.
El Estado nacional cuenta con Residencias de Larga Estadía destinadas a personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social, fragilidad o dependencia que no pueden ser sostenidas o cuidadas en su entorno familiar o comunitario y no cuentan con una cobertura de salud que brinde esta prestación.
Por eso, antes de asumir que todo el costo deberá salir del bolsillo familiar, conviene averiguar qué prestación puede corresponder en cada caso, obtener una indicación médica suficientemente detallada y realizar el pedido formal ante la cobertura.
“Hay que entender que cuando una familia reclama una prestación de estas características no está pidiendo un privilegio. Está reclamando que se garantice un derecho en un momento particularmente crítico de la vida de una persona”, concluye Bonetto.
Sin embargo, hay algo que muchas familias desconocen cuando empiezan a buscar un geriátrico: en determinadas situaciones, ese costo puede ser cubierto total o parcialmente por una obra social, una prepaga o PAMI. Y cuando la persona no tiene ninguna cobertura ni recursos económicos, también existen residencias públicas para quienes cumplen determinados requisitos.
No alcanza, sin embargo, con ser adulto mayor ni con necesitar ayuda para pagar la cuota. La cobertura depende de la situación de salud y del grado de dependencia, de la indicación médica, de si la persona tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), de la cobertura a la que está afiliada y hasta de si la residencia elegida pertenece o no a su cartilla.
“Muchas veces no es que la familia quiera pasarse por alto la cartilla; la verdad es que a veces ni saben que es obligación de la obra social o prepaga brindar la cobertura”, explica Noelia Bonetto, abogada con amplia experiencia en amparos de salud y discapacidad.
Geriátricos: ¿cuándo corresponde que la obra social lo cubra y qué significa que sea del 100%?
La situación más clara es la de una persona que cuenta con CUD y necesita, por su discapacidad y situación sociofamiliar, vivir en una institución que pueda brindarle la asistencia que ya no puede recibir en su casa.
La Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, contempla entre los sistemas alternativos al grupo familiar las residencias y hogares cuando la persona no puede permanecer en su grupo familiar de origen.
Para determinar qué recurso corresponde deben considerarse, entre otras cuestiones, la edad, el tipo y grado de discapacidad y el nivel de autovalimiento e independencia.
La dependencia no se mide sólo por un diagnóstico. Que una persona necesite ayuda para higienizarse, vestirse, alimentarse, caminar, administrar su medicación o realizar otras actividades básicas de la vida diaria puede ser determinante.
¿Y si necesita una residencia pero no tiene CUD? La respuesta es menos automática. Bonetto sostiene que, según las circunstancias concretas, puede haber situaciones en las que la cobertura sea reclamable aún sin certificado.
Sin embargo, recomienda tramitarlo cuando la condición de la persona permita encuadrarla dentro del sistema de discapacidad, porque fortalece el pedido y permite acceder al régimen específico de la Ley 24.901.
El CUD es gratuito y su otorgamiento no depende solo del diagnóstico médico: una Junta Evaluadora Interdisciplinaria analiza la documentación y evalúa si corresponde emitirlo. De hecho, la vía específica de la Superintendencia de Servicios de Salud para denunciar inconvenientes con prestaciones de discapacidad exige presentar el CUD, además de la historia clínica y la orden médica.
¿Qué significa realmente una cobertura del 100%? No necesariamente implica que la familia pueda elegir cualquier geriátrico y que la obra social o prepaga deba pagar la totalidad de esa factura.
Si la residencia pertenece a la cartilla o tiene convenio con la obra social o prepaga, explica Bonetto, la cobertura puede ser integral. Cuando la institución elegida es ajena a la cartilla, el reconocimiento puede quedar limitado a los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y la diferencia quedar a cargo de la familia, salvo situaciones particulares.
Ese nomenclador es una tabla oficial que establece cuánto se reconoce por las distintas prestaciones del sistema de discapacidad. Entre ellas se encuentra la modalidad de Hogar, destinada a personas que necesitan vivir en una institución y recibir asistencia.
Cuando además requieren ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, el arancel puede tener un adicional del 35% por dependencia. Los valores se actualizan periódicamente.
También puede ocurrir que la persona ya lleve tiempo viviendo en una residencia y trasladarla resulte perjudicial. En esos casos adquiere especial importancia que el médico tratante fundamente los riesgos que implicaría el cambio de institución.
¿Qué debe decir la orden médica y qué hacer si rechazan la cobertura?
La orden médica es una de las piezas centrales del pedido. No debería limitarse a decir que el paciente “necesita cuidados”. Además del diagnóstico, es importante que el informe del médico tratante detalle:
- La indicación expresa de residencia u hogar.
- El grado de dependencia para caminar, higienizarse, vestirse, alimentarse o manejar la medicación.
- Los riesgos de no contar con esa asistencia, como caídas, desorientación, errores con los medicamentos o imposibilidad de permanecer solo.
- Si ya vive en una residencia y no es aconsejable trasladarlo, las razones médicas que justifiquen que permanezca allí.
“En este punto es importante no escatimar detalles. El médico debería mencionar los riesgos de no otorgar la cobertura solicitada y fundamentar por qué la prestación indicada resulta necesaria”, señala Bonetto.
A la indicación médica deberán sumarse, según cada caso, la siguiente documentación:
- historia clínica
- CUD, cuando corresponda
- presupuesto y la documentación de la residencia
- otros requisitos que solicite la cobertura.
Si la familia ya está pagando la residencia, también conviene guardar presupuestos, facturas y comprobantes de pago, ya que pueden resultar necesarios para acreditar los gastos ante un eventual pedido de reintegro.
¿Qué hacer si la obra social o prepaga rechaza el pedido, sólo reconoce una parte o no contesta? El primer paso es realizar el reclamo ante la propia cobertura y procurar que quede constancia de la presentación.
Bonetto recomienda intentar primero esa vía administrativa, pero advierte sobre un error frecuente: esperar indefinidamente.
“Es importante que el reclamo tenga un plazo concreto. No es razonable que una familia quede atrapada durante meses en una cadena de correos electrónicos sin soluciones concretas mientras el tiempo pasa. Si la familia inicia el reclamo administrativo por su cuenta, recomiendo que intime a la obra social o prepaga en forma perentoria. No puede esperar indefinidamente”, sostiene.
Si la respuesta es negativa, insuficiente o se demora, los afiliados de obras sociales nacionales y prepagas pueden denunciar el incumplimiento ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Para las prestaciones de discapacidad existe un trámite específico y gratuito. En el caso de PAMI, que cuenta con su propio programa de Residencias de Larga Estadía, el reclamo se realiza a través de los canales del organismo.
¿Cuánto cuesta hoy un geriátrico?
No existe un precio único para una residencia privada y la variación es grande. Bonetto cuenta que asesora a familias que pagan desde $900.000 más IVA hasta $3 millones o más por mes, según el establecimiento, la ubicación y el grado de dependencia.
Los relevamientos realizados por Clarín muestran además importantes diferencias según el lugar y el tipo de residencia. En CABA pueden encontrarse establecimientos con cuotas desde alrededor de $1,6 millón mensual, mientras que otras residencias publican actualmente valores de entre $2,5 y $4 millones.
En establecimientos de mayor categoría los precios pueden ser mucho más altos: una residencia porteña, por ejemplo, publica tarifas desde $4,7 millones más IVA y hasta $10 millones, según el tipo de habitación.
Fuera de Buenos Aires pueden encontrarse valores más bajos. En Mendoza, por ejemplo, un relevamiento de julio de 2026 ubicó las cuotas desde alrededor de $900.000 hasta más de $2,5 millones mensuales, con precios superiores cuando se suman enfermería permanente, atención médica, kinesiología y otros servicios.
Para quienes no tienen PAMI, obra social ni prepaga y tampoco cuentan con recursos para pagar una residencia privada existen alternativas estatales.
El Estado nacional cuenta con Residencias de Larga Estadía destinadas a personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social, fragilidad o dependencia que no pueden ser sostenidas o cuidadas en su entorno familiar o comunitario y no cuentan con una cobertura de salud que brinde esta prestación.
Por eso, antes de asumir que todo el costo deberá salir del bolsillo familiar, conviene averiguar qué prestación puede corresponder en cada caso, obtener una indicación médica suficientemente detallada y realizar el pedido formal ante la cobertura.
“Hay que entender que cuando una familia reclama una prestación de estas características no está pidiendo un privilegio. Está reclamando que se garantice un derecho en un momento particularmente crítico de la vida de una persona”, concluye Bonetto.
Con información de
Clarín
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