Usaban el nombre de diputados nacionales para cometer estafas
Martes 22 de
Julio 2014
Ofrecían a la venta vehículos y maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los de mercado y cobraban adelantos a cuenta de Julián Domínguez y Luis Basterra, entre otros legisladores
El juez Sebastián Casanello procesó a cuatro personas integrantes de una organización dedicada a cometer estafas mediante el uso de nombres de diputados nacionales, como el de Julián Domínguez, Jorge Rivas y Luis Basterra, entre otros. Asimismo, el magistrado dispuso trabar embargos sobre los bienes de los procesados por sumas de hasta 250.000 pesos.
La causa se inició a raíz de la querella interpuesta por Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2013, porque habrían utilizado su nombre para maniobras ilícitas.
Según la investigación, se presentaban como asesores de diputados nacionales y ofrecían comprar automóviles de lujo supuestamente retenidos en la Aduana. También posibilitaban la adquisición de distintas maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los de mercado, aclarando que se trataba de material sin uso y que eran ofertados por un supuesto "Organismo Nacional de Regulación de Importaciones y Exportaciones".
Los interesados -publica el diario La Nación- recibían por fax papeles que garantizaban la "legalidad" de la operación. Si alguno desconfiaba y buscaba en internet los nombres y cargos que figuraban en la documentación, no encontraba datos sospechosos. Incluso la transferencia de dinero debía realizarse a nombre de Domínguez.
El método de la estafa, precisa el matutino, consistía en convencer a los clientes de las ventajas de comprar vehículos con destino a remate a través de un acuerdo con las autoridades del Congreso. Una vez cobrada la transferencia por el 10% de la operación, se desconectaban las líneas fijas empleadas para la trampa y los miembros de la banda desaparecían.
La Justicia pudo identificar a una decena de afectados que giraron al menos 198.290 pesos a la organización delictiva, según consta en la resolución de Casanello difundida por el Centro de Información Judicial.
La causa se inició a raíz de la querella interpuesta por Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2013, porque habrían utilizado su nombre para maniobras ilícitas.
Según la investigación, se presentaban como asesores de diputados nacionales y ofrecían comprar automóviles de lujo supuestamente retenidos en la Aduana. También posibilitaban la adquisición de distintas maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los de mercado, aclarando que se trataba de material sin uso y que eran ofertados por un supuesto "Organismo Nacional de Regulación de Importaciones y Exportaciones".
Los interesados -publica el diario La Nación- recibían por fax papeles que garantizaban la "legalidad" de la operación. Si alguno desconfiaba y buscaba en internet los nombres y cargos que figuraban en la documentación, no encontraba datos sospechosos. Incluso la transferencia de dinero debía realizarse a nombre de Domínguez.
El método de la estafa, precisa el matutino, consistía en convencer a los clientes de las ventajas de comprar vehículos con destino a remate a través de un acuerdo con las autoridades del Congreso. Una vez cobrada la transferencia por el 10% de la operación, se desconectaban las líneas fijas empleadas para la trampa y los miembros de la banda desaparecían.
La Justicia pudo identificar a una decena de afectados que giraron al menos 198.290 pesos a la organización delictiva, según consta en la resolución de Casanello difundida por el Centro de Información Judicial.
Con información de
infobae
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