JUEVES 9 DE MAYO
El Estado debe pagar por una víctima de violencia de género
Lunes 28 de
Julio 2014
n drama que no cesa María Belén fue asesinada por su pareja en 2000. Y antes lo había denunciado por maltratos. Ahora la Justicia resolvió que la provincia de Córdoba no protegió a la joven y debe indemnizar a los padres.
Catorce años después de que su hija de 19 años y su nietito de un año fueran asesinados por su yerno, un matrimonio cordobés será indemnizado por el Estado provincial con $ 113.067 en concepto por daño moral. Un tribunal entendió que la Policía cordobesa no adoptó las medidas de seguridad exigidas por los tratados internacionales para evitar hechos de violencia contra las víctimas, a pesar de las reiteradas denuncias previas que la mujer había formalizado contra su ex marido. Según especialistas en violencia de género, el fallo no registra antecedentes en el país.
La madrugada del domingo 10 de diciembre de 2000, en un baldío de calle Del Escribano al 3700, en barrio Marqués de Sobremonte Anexo, apareció ahorcada, con un cinto en su cuello, María Belén Quiñones (19). Nahuel, su hijito de sólo un año, yacía muerto a su lado, desfigurado por los golpes.
Ambos cadáveres estaban enterrados en un pozo de poca profundidad, tapado con yuyos y restos de escombros. El cochecito azul del bebé quedó abandonado dentro de una casa a medio construir.
Cerca de las 3, frente a ese baldío, se festejaba un cumpleaños. A los vecinos les llamó la atención ver en el descampado a una pareja con un cochecito de bebé. Al rato, notaron que la chica y el bebé no estaban y que un joven escapaba con el torso desnudo. Uno de los vecinos cruzó al lugar y encontró semienterrados los cuerpos de la chica y su hijo.
La cuadra se llenó de policías y uno de los agentes intentó salvarle la vida al bebé, lo abrazó y en su móvil lo trasladó hasta el Hospital Municipal de Urgencias. Ya había muerto. Horas después, en la casa de unos amigos en barrio Villa Corina, a unas 20 cuadras de donde aparecieron los cuerpos de su esposa y su hijo, escondido en un placard, fue detenido el asesino: Ariel Alejandro Chávez (26).
Apenas un año antes, en noviembre de 1999, la pareja se había casado, casi en coincidencia con el nacimiento de Nahuel. “Eran muy felices”, confió un familiar. Pero a los pocos meses el muchacho comenzó a maltratar a su esposa.
El 30 de agosto de 2000 María Belén denuncio a su marido por los delitos de coacción, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal. Y su papá, Renato, denunció a su yerno Ariel Chávez por amenazas. Esa vez, la chica le solicitó a la Justicia que le imponga a su marido una restricción de hogar.
En su sentencia, los jueces de la Cámara 5° en lo Civil y Comercial de Córdoba –Claudia Zalazar, Rafael Aranda y Joaquín Ferrer– sostienen que al día siguiente de ese ataque, el 31 de agosto, la chica “puso en conocimiento del asesor de familia del primer turno haber sido víctima de maltrato físico y moral por parte de su esposo por lo que se retiró del hogar conyugal”. Desde esa fecha, María Belén y su hijito se fueron a vivir a la casa de sus papás, a apenas seis cuadras de donde fueron asesinados.
Tras la separación, Chávez fue varias veces a la casa de María Belén.
“La cargoseaba, la perseguía y amenazaba”, contó una de sus hermanas. El acoso siguió hasta el 9 de noviembre de ese año, cuando la víctima denunció a su ex marido ante la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar. Al día siguiente, María Belén volvió a denunciar a Chávez en la División de Protección de las Personas de la Policía “a fin de que su marido fuera citado por el comisario, para que le hiciera saber que debía abstenerse de molestarla”.
Las citaciones nunca llegaron por “no existir moradores en el domicilio”, se excusó la Policía.
Los jueces de la Cámara 5ª fundamentaron que los hechos “han dejado demostrado un sin número de actividades y de denuncias que acreditan la inactividad del Estado, ya que las normas legales vigentes, la razón, el sentido común indicaban, junto a la costumbre, el deber de persecución penal por el Estado, en razón del principio de legalidad y a su vez el deber de otorgar protección a Belén Quiñones tras las amenazas (...) lo que demostraba la violencia a la cual iba a ser sometida y pronosticaba sin más el trágico desenlace ”.
La madrugada del domingo 10 de diciembre de 2000, en un baldío de calle Del Escribano al 3700, en barrio Marqués de Sobremonte Anexo, apareció ahorcada, con un cinto en su cuello, María Belén Quiñones (19). Nahuel, su hijito de sólo un año, yacía muerto a su lado, desfigurado por los golpes.
Ambos cadáveres estaban enterrados en un pozo de poca profundidad, tapado con yuyos y restos de escombros. El cochecito azul del bebé quedó abandonado dentro de una casa a medio construir.
Cerca de las 3, frente a ese baldío, se festejaba un cumpleaños. A los vecinos les llamó la atención ver en el descampado a una pareja con un cochecito de bebé. Al rato, notaron que la chica y el bebé no estaban y que un joven escapaba con el torso desnudo. Uno de los vecinos cruzó al lugar y encontró semienterrados los cuerpos de la chica y su hijo.
La cuadra se llenó de policías y uno de los agentes intentó salvarle la vida al bebé, lo abrazó y en su móvil lo trasladó hasta el Hospital Municipal de Urgencias. Ya había muerto. Horas después, en la casa de unos amigos en barrio Villa Corina, a unas 20 cuadras de donde aparecieron los cuerpos de su esposa y su hijo, escondido en un placard, fue detenido el asesino: Ariel Alejandro Chávez (26).
Apenas un año antes, en noviembre de 1999, la pareja se había casado, casi en coincidencia con el nacimiento de Nahuel. “Eran muy felices”, confió un familiar. Pero a los pocos meses el muchacho comenzó a maltratar a su esposa.
El 30 de agosto de 2000 María Belén denuncio a su marido por los delitos de coacción, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal. Y su papá, Renato, denunció a su yerno Ariel Chávez por amenazas. Esa vez, la chica le solicitó a la Justicia que le imponga a su marido una restricción de hogar.
En su sentencia, los jueces de la Cámara 5° en lo Civil y Comercial de Córdoba –Claudia Zalazar, Rafael Aranda y Joaquín Ferrer– sostienen que al día siguiente de ese ataque, el 31 de agosto, la chica “puso en conocimiento del asesor de familia del primer turno haber sido víctima de maltrato físico y moral por parte de su esposo por lo que se retiró del hogar conyugal”. Desde esa fecha, María Belén y su hijito se fueron a vivir a la casa de sus papás, a apenas seis cuadras de donde fueron asesinados.
Tras la separación, Chávez fue varias veces a la casa de María Belén.
“La cargoseaba, la perseguía y amenazaba”, contó una de sus hermanas. El acoso siguió hasta el 9 de noviembre de ese año, cuando la víctima denunció a su ex marido ante la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar. Al día siguiente, María Belén volvió a denunciar a Chávez en la División de Protección de las Personas de la Policía “a fin de que su marido fuera citado por el comisario, para que le hiciera saber que debía abstenerse de molestarla”.
Las citaciones nunca llegaron por “no existir moradores en el domicilio”, se excusó la Policía.
Los jueces de la Cámara 5ª fundamentaron que los hechos “han dejado demostrado un sin número de actividades y de denuncias que acreditan la inactividad del Estado, ya que las normas legales vigentes, la razón, el sentido común indicaban, junto a la costumbre, el deber de persecución penal por el Estado, en razón del principio de legalidad y a su vez el deber de otorgar protección a Belén Quiñones tras las amenazas (...) lo que demostraba la violencia a la cual iba a ser sometida y pronosticaba sin más el trágico desenlace ”.
Con información de
Clarin
