Advierten que la RUFO no se dispara si bancos compran sentencia a su riesgo
Viernes 01 de
Agosto 2014
Los bancos podrían comprar la sentencia de los holdouts sin acuerdo escrito con el Estado y a los bonistas del canje les costaría probar en un tribunal que se estaría violando la cláusula del contrato. Las entidades podrían reestructurar la deuda con Argentina el año que viene o revenderla antes en el mercado
Las negociaciones que se llevan a cabo entre Argentina y los fondos buitre para el pago de su sentencia favorable tomaron un nuevo rumbo y son los bancos de inversión extranjeros quienes podrían intermediar para que el país salga del nuevo default. Pero los bonistas italianos ya alertaron que esa intervención no evitaría que se disparara la cláusula RUFO, que permite a los inversores que ingresaron al canje recibir un pago superior si es ofrecido antes de fin de año.
Sin embargo, los abogados consultados por este diario, además de considerar que la cláusula no se dispara habiendo una sentencia judicial, explican que si los bancos compran la sentencia de los buitres a su propio riesgo, es decir, sin una promesa escrita de Argentina que en 2015 comprará la deuda, la RUFO no se defrauda.
Un grupo de bancos internacionales -entre ellos el JP Morgan, según confirmó Wall Street Journal- está negociando con los fondos buitre la forma de comprarles la sentencia favorable en el juzgado de Thomas Griesa, después del frustrado intento con las entidades nacionales.
El acuerdo podría derivar en la obtención por parte de las entidades de los derechos a favor de los buitres para negociar con Argentina en 2015 junto con el resto de los untendered. O comprar el paquete con un descuento para revenderlo en el mercado.
Los bancos no sólo obtienen una ganancia por la transacción, sino la posibilidad de realizar negocios con Argentina en las futuras emisiones de deuda.
Hoy se entiende que lo que traba la negociación es que los buitres estarían pidiendo un precio alto por su paquete, al no sólo considerar esta sentencia por u$s 1.600 millones sino también con otras tantas ganadas al país por u$s 6 a 7 mil millones fuera del pari passu, según fuentes que siguen el caso.
Pero la RUFO también sobrevuela esta salida. El representante de un grupo de tenedores de deuda argentina de Italia, Tulio Zembo, aseguró que un eventual acuerdo entre privados también gatillaría la cláusula.
“No entiendo la idea de los bancos porque eso gatillaría la RUFO. El ministro de Economía lo dijo ayer: por favor, no nos ayuden porque eso empeora la situación”, declaró Zembo a la radio La Red. “Todo lo que es tratativa tienen que olvidárselo hasta enero de 2015, porque no se puede argumentar”, explicó.
Pero Carlos Albarracín, socio del sector Mercado de Capitales del estudio Milbank, la RUFO sólo se dispararía si los bancos firmaran un contrato con el Ministerio de Economía para comprar la sentencia para luego sentarse a negociar con él en seis meses.
“Si no hubiera contrato y los bancos compraran a su riesgo la deuda hoy para luego sentarse a negociarla el año que viene, no se dispara”, explicó Albarracín. Se trata de un tercero comprando un activo financiero, una práctica común en el mercado.
En caso de comprar la deuda a su riesgo, los bancos tienen varias opciones: “Quien compre la sentencia podrá hacer distintas cosas, revenderlos o esperar y tratar de reestructurar la deuda con Argentina para que el país canjee esa deuda por otro instrumento que no esté en default para monetizarla”, explicó Albarracin.
Si consideran que detrás de esta operación hay un acuerdo bajo la mesa entre Argentina y las entidades, tendrán que demostrar el resto de los bonistas.
Para Marcelo Etchebarne, abogado del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, si los bonistas que entraron al canje quisieran beneficiarse de ella argumentando que los bancos actúan a cuenta y orden del Estado, deberán probarlo en un eventual juicio.
“Si el juez llama a las partes involucradas a una audiencia, es una cuestión de hecho y prueba. Si lo pueden probar con testigos, reconocimientos de parte, documentos y mails”, explicó Etchebarne.
Los abogados consultados coinciden en que esta sentencia le quita la condición de que el pago sea “voluntario” para que dispare la cláusula este año.
Richard Samp, asesor principal de la Washington Legal Foundation, explicó: “Los bonistas tendrían un caso aún más débil bajo el hecho de que la negociación sea entre privados”.
La postura de Argentina es que no puede cumplir con la sentencia porque estará expuesta a juicios por hasta u$s 400.000 millones por la cláusula RUFO.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló que el gobierno “no se opone a un acuerdo entre privados”, pero el Estado no puede participar de ese acuerdo para no violar la cláusula RUFO “ni directa ni indirectamente”, ya sea reintegrando el dinero a los bancos o con la intervención de alguna agencia estatal como ANSES o YPF, dijo ayer en una conferencia de prensa.
Y agregó: “Desde el punto de vista económico es factible que sucede un acuerdo entre privados, porque hay muchos privados que tienen incentivo para hacerlo”.
Sin embargo, los abogados consultados por este diario, además de considerar que la cláusula no se dispara habiendo una sentencia judicial, explican que si los bancos compran la sentencia de los buitres a su propio riesgo, es decir, sin una promesa escrita de Argentina que en 2015 comprará la deuda, la RUFO no se defrauda.
Un grupo de bancos internacionales -entre ellos el JP Morgan, según confirmó Wall Street Journal- está negociando con los fondos buitre la forma de comprarles la sentencia favorable en el juzgado de Thomas Griesa, después del frustrado intento con las entidades nacionales.
El acuerdo podría derivar en la obtención por parte de las entidades de los derechos a favor de los buitres para negociar con Argentina en 2015 junto con el resto de los untendered. O comprar el paquete con un descuento para revenderlo en el mercado.
Los bancos no sólo obtienen una ganancia por la transacción, sino la posibilidad de realizar negocios con Argentina en las futuras emisiones de deuda.
Hoy se entiende que lo que traba la negociación es que los buitres estarían pidiendo un precio alto por su paquete, al no sólo considerar esta sentencia por u$s 1.600 millones sino también con otras tantas ganadas al país por u$s 6 a 7 mil millones fuera del pari passu, según fuentes que siguen el caso.
Pero la RUFO también sobrevuela esta salida. El representante de un grupo de tenedores de deuda argentina de Italia, Tulio Zembo, aseguró que un eventual acuerdo entre privados también gatillaría la cláusula.
“No entiendo la idea de los bancos porque eso gatillaría la RUFO. El ministro de Economía lo dijo ayer: por favor, no nos ayuden porque eso empeora la situación”, declaró Zembo a la radio La Red. “Todo lo que es tratativa tienen que olvidárselo hasta enero de 2015, porque no se puede argumentar”, explicó.
Pero Carlos Albarracín, socio del sector Mercado de Capitales del estudio Milbank, la RUFO sólo se dispararía si los bancos firmaran un contrato con el Ministerio de Economía para comprar la sentencia para luego sentarse a negociar con él en seis meses.
“Si no hubiera contrato y los bancos compraran a su riesgo la deuda hoy para luego sentarse a negociarla el año que viene, no se dispara”, explicó Albarracín. Se trata de un tercero comprando un activo financiero, una práctica común en el mercado.
En caso de comprar la deuda a su riesgo, los bancos tienen varias opciones: “Quien compre la sentencia podrá hacer distintas cosas, revenderlos o esperar y tratar de reestructurar la deuda con Argentina para que el país canjee esa deuda por otro instrumento que no esté en default para monetizarla”, explicó Albarracin.
Si consideran que detrás de esta operación hay un acuerdo bajo la mesa entre Argentina y las entidades, tendrán que demostrar el resto de los bonistas.
Para Marcelo Etchebarne, abogado del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, si los bonistas que entraron al canje quisieran beneficiarse de ella argumentando que los bancos actúan a cuenta y orden del Estado, deberán probarlo en un eventual juicio.
“Si el juez llama a las partes involucradas a una audiencia, es una cuestión de hecho y prueba. Si lo pueden probar con testigos, reconocimientos de parte, documentos y mails”, explicó Etchebarne.
Los abogados consultados coinciden en que esta sentencia le quita la condición de que el pago sea “voluntario” para que dispare la cláusula este año.
Richard Samp, asesor principal de la Washington Legal Foundation, explicó: “Los bonistas tendrían un caso aún más débil bajo el hecho de que la negociación sea entre privados”.
La postura de Argentina es que no puede cumplir con la sentencia porque estará expuesta a juicios por hasta u$s 400.000 millones por la cláusula RUFO.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló que el gobierno “no se opone a un acuerdo entre privados”, pero el Estado no puede participar de ese acuerdo para no violar la cláusula RUFO “ni directa ni indirectamente”, ya sea reintegrando el dinero a los bancos o con la intervención de alguna agencia estatal como ANSES o YPF, dijo ayer en una conferencia de prensa.
Y agregó: “Desde el punto de vista económico es factible que sucede un acuerdo entre privados, porque hay muchos privados que tienen incentivo para hacerlo”.
Con información de
Cronista
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