Córdoba
Apelan procesamientos por la avioneta con droga que habría sido "bajada" a los tiros
Jueves 14 de
Agosto 2014
Hay ocho acusados por el caso que se conoció en el marco del "narcoescándalo". Según una pericia, la avioneta habría sido bajada a los tiros.
La avioneta que trajo casi cuatro toneladas de marihuana a Córdoba desde Paraguay habría recibido varios disparos cuando se encontraba a una altura de entre 11 y 17 metros, y no cuando ya había aterrizado, como declararon los policías.
Ese es uno de los focos de críticas que tiene el procesamiento de ocho personas por el contrabando y transporte del estupefaciente, que es apelado desde este jueves ante la sala "A" de la Cámara Federal de Córdoba. Hoy comenzaron a exponer los abogados defensores y la audiencia se reanudará el miércoles 20.
Los distintos abogados de los integrantes de esta supuesta banda internacional que intervino en la maniobra intentan conseguir la nulidad del procedimiento, que se concretó apenas días después de que hubiese estallado el escándalo con los integrantes del área de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa.
El grupo cayó el 11 de septiembre de 2013 en un campo de Obispo Trejo. Fue llamativa entonces la presencia de los entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y jefe de Policía, Ramón Frías.
En ese momento, en las Sierras de Córdoba se combatían varios incendios. La Policía tenía su propio "incendio": el oficial Juan Alós había sido encontrado muerto el 7 de septiembre (según el fiscal provincial Emilio Drazile se suicidó) y las declaraciones judiciales y públicas de Juan "el francés" Viarnes revelaban graves irregularidades. A las pocas horas, terminaron renunciando Paredes y Frías.
La aeronave usada para traer la marihuana era un avión monomotor Cessna 182, que casualmente había sido empleada en otros casos de narcotráficos. Tras su detención, los acusados insistieron en el procedimiento fue irregular, a partir del aterrizaje "forzoso" que habrían tenido que hacer en medio de la balacera que les llegaba de los policías desde tierra.
La pericia
Un informe técnico pericial efectuado por Gendarmería Nacional respalda la versión del piloto del avión, Pedro Vargas Hurtado (oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), quien asegura que los acribillaron a balazos.
En el procesamiento se lee que el informe establece que "la aeronave podría haber sufrido disparos en el aire, encontrándose a una distancia de entre 17 y 11 metros del suelo y no a la versión policial en la que aducen que los impactos en la aeronave fueron producidos en tierra producto de un intercambio de disparos".
Según el juzgado federal Nº2, sin embargo, incluso "tomando como posible esa teoría y teniendo como probable que hayan existido disparos con la avioneta en el aire, lo cierto es que estos debieron ser efectuados cuando la aeronave se encontraba a una distancia máxima de 17 metros del suelo (...), circunstancia que evidencia que la avioneta efectivamente estaba maniobrando para aterrizar en el lugar previsto".
Más críticas
La defensa de los acusados cuestionan otras circunstancias en las que se concretó el procesamiento. Por ejemplo, que los policías hayan actuado por fuera del horario previsto en la orden de allanamiento.
En la orden figuraba consignado el operativo a partir de las 13, pero la avioneta aterrizó a las 11. Según el juez Alejandro Sánchez Freytes, "el personal policial se vio urgido de actuar en tiempo inferior a la habilitación horaria de la orden de allanamiento".
Además, se cuestiona que los policías hayan incurrido en "una violación al derecho de propiedad" de los dueños del campo donde fue el aterrizaje.
Procesados. Como supuesto líder de la banda figuran Sebastián Villafañe (conocido por los apodos de "Nipón" o "Japonés"), dueño de un importante local de venta de choripanes de barrio Poeta Lugones; y Ricardo del Castillo, de Santiago del Estero. Junto al piloto Vargas Hurtado, Juan Francisco Aranda, Miguel González González e Ireneo Salas González, están procesados por la figura de "organización y financiamiento de transporte de estupefacientes" y "contrabando calificado de estupefacientes". Ariel Machuca (cordobés domiciliado en Malvinas Argentinas) fue procesado por "confabulación", al considerarse que participó en la planificación del contrabando. Y Ramón Alberto Ñáñez fue procesado por "facilitación del lugar": se cree que habría facilitado a la banda el acceso al campo, aprovechándose de que su madre era vecina de ese terreno.
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