Córdoba
Explotaban a menores extranjeros en un cortadero de ladrillos
Sábado 23 de
Agosto 2014
Una pareja fue imputada por traer chicos de Bolivia. Los descubrieron porque una adolescente ingresó embarazada a un hospital público sin documentación.
“Trata de personas con fines laborales agravado por el estado de embarazo”. Esta es la figura del Código Penal que se imputa a Valerio Ríos y Laura Almazan, una pareja de ciudadanos bolivianos que, según la acusación del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, traían a Córdoba menores de su país y también mayores, captados por su “extrema vulnerabilidad”.
Habrían ingresado ilegalmente a través del río Bermejo, para ser explotados en un cortadero de ladrillos ubicado en la ciudad de Córdoba, en proximidades de un peaje.
El ingreso de dos menores a la Argentina se remota al mes de septiembre de 2013, es decir hace casi un año. La investigación judicial surgió a partir de una denuncia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba. El 18 de junio de este año, ingresó al servicio de guardia del Hospital Misericordia una menor a punto de dar a luz, acompañada por Laura Almazan. Como la joven estaba indocumentada y no la acompañaba ningún familiar, personal del centro asistencia se contactó con la mencionada Secretaría para que arbitre las medidas necesarias para la protección de la menor y su bebé.
Cinco días más tarde, el organismo del estado provincial denunció el caso ante la fiscalía de Vidal Lascano. La declaración de la madre menor de edad permitió desbaratar las actividades de Ríos y Almazan, quienes, de acuerdo al testimonio de la menor rescatada, un año atrás, ella y otro menor (sería el padre del bebé) recibieron el ofrecimiento de Ríos cuando se encontraban en una plaza de la localidad de Villa Charcas, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la cual son oriundos. La necesidad de dinero para subsistir y sin saber cuáles serían las tareas a desempeñar, con la promesa de cobrar 220 pesos por cada mil ladrillos producidos y una jornada laboral de 8 horas, los menores aceptaron de inmediato la propuesta.
Reclutamiento
Como primer medida –sostiene la testigo–, Ríos trasladó a los menores a una propiedad suya ubicada en la localidad de Colpina. “Allí los jóvenes habrían permanecido aproximadamente una semana, mientras Ríos y su mujer, la coimputada Almazan, reclutaban más personas para trasladarlas a la Argentina”. El fiscal considera que en esa semana “comenzaron las actividades de explotación laboral, toda vez que en dicho lugar ellos (Ríos y Almazan) habrían hecho trabajar desde alas 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde ‘cavando guano’, actividad que consiste en cavar surcos con picos para la posterior siembra” y precisa que los menores nunca recibieron pago.
El 2 de octubre de 2013, según la acusación, los dos imputados utilizaron dos camionetas manejadas por taxistas trasladaron a tres menores, dos hombres mayores, dos mujeres mayores y tres bebés, desde Colpina hasta llegar al río Bermejo, en el paso de Aguas Blancas (límite de Bolivia y Argentina).
Los tres menores que integraban el contingente fueron conducidos por un tal Agustín a través de una zona de montes hasta llegar a territorio nacional evitando el control de Migraciones y de Gendarmería Nacional. Varias horas después los chicos fueron recogidos por Ríos en una camioneta de su propiedad, color blanca, y en la que transportó a todas las personas reclutadas, incluidos los bebés. La fiscalía sostiene que los menores “fueron afectados a un cortadero de ladrillos administrado por Ríos y su mujer, ubicado en Piedra Blanca, Vélez Sársfield, cuya numeración se desconoce, pero antes del peaje de Córdoba”.
De acuerdo a la investigación, los menores cobraban 300 pesos los días sábados (unos 1.200 pesos mensuales) por cargar el barro, distribuirlo en distintos moldes y una vez que se secaban extraían los ladrillos y los apilaban.
Los menores trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, según lo establecido en la causa. Vidal Lascano solicitó al juez Alejandro Sánchez Freites que indague a los imputados y se cite a declarar a las psicólogas que asistieron a los menores. Pidió además que se libre oficio a Migraciones para que informe del egreso e ingreso al país de la pareja de acusados y de las víctimas.
También se le pidió al magistrado que solicite la colaboración de Afip y del Ministerio de Trabajo para ubicar y allanar el mencionado cortadero de ladrillos con el propósito de verificar las condiciones laborales de otros trabajadores.
Con información de
lavoz
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